Casi un año después de que se conociese el primer borrador de la norma, el Ejecutivo autonómico ha dado el visto bueno al anteproyecto de la Ley de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha tras un proceso en el que ha sufrido varias modificaciones, llegando a tener hasta cinco versiones.
Este miércoles, el portavoz de la Junta, Nacho Hernando, comentaba tras recibir 'luz verde' por parte del Consejo de Gobierno que la norma “tiene un objetivo claro” que es el de “establecer la regulación de la evaluación ambiental de los planes, programas y proyectos haciendo compatible la protección del medio ambiente con el desarrollo económico y sostenible de nuestra región, especialmente en el medio rural”.
El anteproyecto pretende simplificar la interpretación de la normativa para los múltiples actores que intervienen en los procedimientos de evaluación ambiental tanto ciudadanos y empresas; funcionarios del órgano ambiental y otras administraciones que tienen que dar la última autorización a los proyectos. Se trata de facilitar la tarea en especial a los pequeños ayuntamientos o bien los organismos o entidades consultadas. “De esta forma, se evitarán inseguridades jurídicas y falta de claridad”, ha aseverado Hernando.
Entre los aspectos más novedosos de la ley que ha destacado Hernando y que ya viene contando eldiarioclm.es, están, en primer lugar, la posibilidad que se le da al órgano ambiental de que no admita un proyecto por la inviabilidad manifiesta o por calidad insuficiente de la documentación; algo que en estos momentos no se produce. Y es que, explicaba, hasta ahora aunque el proyecto fuera claramente inviable “entra y sigue todo el recorrido que la evaluación requiere, con la consiguiente pérdida de recursos y eficiencia que esto genera”.
En segundo lugar, se refuerza el apoyo y la coordinación entre la Viceconsejería de Medio Ambiente y otras administraciones que tienen que dar la última autorización a los proyectos para establecer y agilizar procedimientos, algo muy importante en casos de pequeños ayuntamientos que no cuentan con recursos suficientes y a los que, en muchas ocasiones, se les ha hace muy dificultoso agilizar trámites.
Otros aspecto novedoso de la ley es que no necesitarán evaluación ambiental simplificada los proyectos tan pequeños que por sus características no generan un impacto medioambiental significativo, pero que en la actualidad requieren de esta evaluación, “provocando un freno al desarrollo económico y social en el medio rural”, ha afirmado el portavoz.
Por último, se mejora la puesta a disposición del público en internet de la información de los procedimientos, con el fin de facilitar al máximo la participación y la transparencia.