El Consejo de Gobierno ha aprobado el ‘Decreto de condiciones básicas de los centros de servicios sociales de atención especializada’, destinados a las personas mayores de Castilla-La Mancha.
La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha dado cuenta de los detalles de esta nueva norma que recoge cuáles son esos centros y concreta sus funciones, estructura, características técnicas y medios humanos y materiales necesarios para la prestación de los servicios de forma adaptada a las necesidades de los usuarios y usuarias, “que son personas mayores en situación de dependencia y que, sin ser dependientes, necesitan recibir apoyos del sistema y precisan, entre otros recursos, de la existencia de centros adaptados a sus necesidades que les ayuden a llevar a cabo las actividades básicas de la vida diaria”.
Se trata de una regulación normativa que, según ha informado la consejera, “actualiza la orden del 2001 para adaptarla a los nuevos tiempos y necesidades que han emergido a raíz de la crisis sanitaria y social derivada de la Covid-19, como también a los cambios legislativos que se han producido a lo largo de todo este tiempo”.
Concretamente, los centros que regula el Decreto son los centros residenciales, centros de día y de noche, centros ocupacionales, viviendas, centros de acogida u otros que se consideren necesarios para la atención de la población.
Principales modificaciones
En cuanto a las modificaciones importantes que refleja la nueva normativa, están las características técnicas y arquitectónicas de los edificios y espacios que han de garantizar la accesibilidad de los residentes. Además, las residencias de mayores tendrán que tener al menos la mitad de sus habitaciones de uso individual. Todas deberán tener una zona destinada a la enfermería, dependiendo de las características y plazas de cada residencia, y las residencias de más de 45 plazas deberán contar también con un despacho médico.
La obligatoriedad de esta normativa para los centros que se construyan en el futuro debe coexistir con la realidad de los centros que están autorizados y en funcionamiento actualmente, para los que se establece un período de tránsito que haga compatible el modelo deseable de futuro, con la disponibilidad actual necesaria para el mantenimiento del sistema.
En este Decreto también se modifica la nomenclatura de algunos centros. Así, ha explicado la consejera, “se elimina la figura del Servicio de Estancias Diurnas (SED), pasándolos a llamar ahora Centro de Día y los conocidos como ‘hogares del jubilado’ pasan a ser Centros de Mayores”.
Respecto a los recursos humanos, se permite a las entidades titulares de la gestión que puedan elegir profesionales cuyas funciones sean más convenientes de acuerdo con las características de los usuarios y usuarias y sus demandas, mientras que, en el personal de Atención Directa, se incrementan las ratios bajando del 1/6 a 1/5, “cumpliéndose actualmente esta ratio tanto en residencias de titularidad pública de Castilla-La Mancha, como en la mayoría de las privadas e incluso estando por debajo en muchos de los centros residenciales gestionados por la Junta de Comunidades”, según ha apuntado García Torijano.
Permanencia y calidad
Como otra novedad recogida en el Decreto, en la línea de favorecer la permanencia en el entorno de las personas mayores, dinamizar la economía de la zona y ayudar a fijar población en zonas poco pobladas, se abre la posibilidad de que los centros presten servicios de apoyo a la comunidad, siempre que sus condiciones lo permitan, pudiendo servir comida a domicilio, hacer lavado de ropa, atención de fisioterapia o podología, entre otros servicios que se vayan revelando como necesarios y convenientes para el beneficio de las personas mayores.
El documento introduce los conceptos de calidad y normalización de los servicios, mediante la exigencia para las entidades gestoras de implantar y mantener en los centros residenciales un sistema normalizado de medición de calidad que asegure la misma. Para ello, las entidades deberán tener sus centros acreditados por una entidad certificadora externa. García Torijano ha aseverado que, “aunque este Decreto ahora lo formalizamos sobre el papel, casi todos los centros residenciales de la Comunidad Autónoma ya venían trabajando en las condiciones básicas que recoge ahora el Decreto y que no recogía la anterior orden”.
Es un Decreto “importante y fundamental”, ha manifestado la consejera, ya que Castilla-La Mancha ocupa el segundo lugar nacional en cuanto a la extensión de su red de plazas residenciales para personas mayores, “contando con más de 27.000 plazas autorizadas”, por lo que la regulación de condiciones básicas “beneficiará de una forma directa a las 27.000 personas que tienen esa plaza y de una forma indirecta a sus familiares y cuidadores de referencia”.
Buena evolución de la Atención a la Dependencia en 2021
En este contexto, la consejera también ha avanzado algunos datos que arroja el recién terminado año 2021 en materia de Atención a la Dependencia. En este sentido, ha informado que la región ha batido el record de personas en situación de dependencia atendidas desde la entrada en vigor de la ley, con 63.814 personas beneficiarias.
“En concreto, a finales de diciembre, el número de personas dependientes atendidas en la región suponía ya un 84 por ciento más que las que había en julio de 2015, cuando la prestación alcanzaba tan sólo a 34.688 personas y se ha incrementado el número de prestaciones o servicios en más de 6.300 en este último año”, ha añadido García Torijano quien ha hecho especial hincapié en la reducción del llamado ‘limbo de la dependencia’, en el que Castilla-La Mancha se sitúa como la segunda Comunidad Autónoma en la que más se ha reducido el número de personas con algún grado de dependencia esperando recibir prestación.
“Estamos hablando de un 4,5 por ciento sobre el número total de beneficiarios. Son 2.000 personas menos en este último año y 24.000 menos desde julio de 2015”, ha precisado García Torijano. Castilla-La Mancha se encuentra también en segundo puesto a nivel nacional entre las autonomías con mayor porcentaje de atención a través de servicios profesionalizados, con casi un 82 por ciento.
En cuanto al Plan de Choque para reducir las listas de espera de Dependencia, Bárbara García ha destacado que la región ha cumplido en 2021 con el objetivo marcado, con un 39 por ciento menos en este último año, frente a la reducción del 16 por ciento que se ha alcanzado en la media nacional.