El Ministerio del Interior deja en evidencia al delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha al anular las multas que impuso a diversos ciudadanos por protestar contra los recortes sociales en Talavera de la Reina. Una cascada de denuncias promovidas por su subdelegado en Toledo, el talaverano José Julián Gregorio, contra algunos vecinos de su ciudad, por participar en concentraciones a favor de la escuela pública.
Se les imponían multas de entre 400 y 800 euros, estas multas que fueron calificadas por los afectados como una auténtica represalia política arbitraria y sin fundamento, ahora merecen el rechazo del Ministerio del Interior al estimar los recursos de los afectados.
Las resoluciones a las que ha tenido acceso eldiarioclm.es señalan claramente la inexistencia de denuncias por parte de los agentes de la autoridad y vienen a plantear textualmente que esa ausencia de denuncias “en ningún caso pueden ser sustituidas por informes o denuncias de superiores jerárquicos”, en consecuencia las multas no reunían los requisitos legales exigibles.
En las protestas, por otro lado, no se produjeron ni altercados ni incidentes, se trataba de una de tantas protestas pacíficas contra los recortes sociales de las que se vienen produciendo por toda la región ya de forma asidua.
Para los afectados está claro, se está intentando amedrentar a la gente y criminalizar a los ciudadanos que protestan en la calle contra los recortes, así lo denunciaban estos días los afectados y la Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos que aglutina a diversos colectivos y organizaciones sociales de la ciudad.
A fecha de hoy todavía quedan algunas personas a la espera de recibir respuesta a sus recursos que confían tengan el mismo resultado.
Aunque el Ministerio del Interior ahora les da la razón de manera taxativa tampoco está siendo precisamente ágil a la hora de resolver ya que han pasado nada menos que nueve meses desde que “los multados” presentaron sus recursos.
Ni las peticiones cursadas al delegado del Gobierno, ni las recogidas de firmas hicieron replantearse al delegado Jesús Labrador las sanciones, que dicho sea de paso no son las únicas impuestas en la región, en otras provincias como Ciudad Real también se han impuesto cuantiosas sanciones que los tribunales anularon.
La propia Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha ha reconocido a los medios de comunicación la inusual actividad sancionadora desplegada entre 2012 y 2013: en ese periodo promovió 261 expedientes sancionadores de este tipo, algo sin precedentes desde que existen libertades democráticas. Pero según denuncia el diputado de IU en la Comisión de Interior del Congreso Ricardo Sixto es Toledo junto a Valencia y después de Madrid las ciudades más afectadas por este tipo de sanciones.
Preguntas al gobierno en el Congreso de los Diputados
Estos hechos han motivado que se presenten una serie de preguntas al Gobierno en el Congreso de los Diputados, al grupo parlamentario de Izquierda Unida le preocupa el mencionado retraso de nueve meses en la contestación a los recursos por parte del Ministerio y pide explicaciones. También interpela al Gobierno para conocer si se ha abierto alguna investigación sobre la actuación de la Delegación del Gobierno por estas sanciones y si se ha previsto exigir alguna responsabilidad a aquellas personas que han participado en las sanciones a ciudadanos que se manifestaban contra los recortes en Talavera de la Reina, actitud que presumen podría tener el objetivo de intimidar y reprimir la movilización ciudadana.