Castilla-La Mancha dispone de cerca de 30 millones de metros cuadrados de suelo industrial repartido en más de 260 ámbitos urbanísticos en 115 municipios. Tiene identificadas ocho grandes zonas industriales repartidas en las cinco provincias (Corredor del Henares- A2 en Guadalajara, La Sagra y Talavera de la Reina-Corredor A5 en Toledo, Albacete y desarrollo sureste, la zona industrial de Cuenca, la de Tarancón y la Mesa de Ocaña, la zona industrial de Ciudad Real y las antiguas zonas mineras de Puertollano y Almadén).
El Gobierno de Castilla-La Mancha acaba de crear, por decreto, el Observatorio de la Promoción Industrial de la comunidad autónoma.
Se trata de un “órgano colegiado, de carácter consultivo, asesor y de colaboración” que quiere servir como “espacio de debate, intercambio y reflexión” entre el Gobierno regional, los agentes sociales y otros organismos, instituciones o colectivos “interesados” en el fomento de la competitividad industrial regional.
El decreto es muy genérico y establece hasta diez tipos de funciones: desde conocer con carácter previo a su aprobación la normativa en materia promoción industrial, la emisión de informes o recomendaciones, “siempre no vinculantes”, elevar propuestas de medidas, estrategia o planes de actuación concretos, recopilar y analizar estadística además de evaluar las políticas de promoción industrial y realizar un informe anual de actuaciones.
De él formarán parte los miembros del Gobierno regional competentes en la materia y habrá siete vocalías: empresas, sindicatos, un representante de entidades locales designado por la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha, otra de la Universidad de Castilla-La Mancha, también habrá representación de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios además de una persona funcionaria de la Dirección General competente en materia de promoción industrial, que ejercerá la Secretaría, con voz, pero sin voto. No tendrán retribución económica y se reunirán al menos dos veces al año de forma ordinaria
Hoy este sector registra un total de 12.938 parados en la región, según el dato de agosto facilitado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Además, la Industria representa el 15, 5% del total de personas ocupadas en la región, dos puntos por encima de la media nacional. En Toledo hay 53.500 personas trabajando en el sector, 29.100 en Ciudad Real, 25.300 en Albacete, 14.400 en Cuenca y 12.600 en la provincia de Guadalajara.
No se constituirá hasta dentro de seis meses, casi en el límite de nuevas elecciones
Emiliano García-Page concurrió a las Elecciones en 2019 apostando por un Plan Estratégico de Zonas Industriales de Castilla-La Mancha para que las empresas castellanomanchegas que producen fuera pudieran “relocalizarse” y volver a la región.
Estaba prevista su puesta en marcha en 2021 y a finales del año pasado el departamento de Economía presentaba un documento de 50 páginas con el “Diagnóstico y Plan de Medidas para la Industrialización de Castilla-La Mancha en un escenario post-COVID”. Fue entonces cuando se anunció la creación de este Observatorio.
“Vamos a continuar apoyando a nuestro tejido económico y social, estando muy cerca de aquellos que nos necesitan”, decía este lunes la consejera de Economía, Empresas y Empleo. Patricia Franco cree que “el futuro observatorio será muy importante para poder dar respuesta rápida a todas las situaciones que se puedan plantear y afecten al sector”.
Franco habla de objetivos y retos futuros de la industrialización “en nuestro objetivo por consolidar a Castilla-La Mancha como epicentro verde industrial del país”. Pero eso será ya cuestión de otra legislatura.
Y es que, aunque la creación de este observatorio se viene negociando con los agentes sociales desde hace más de un año, no entrará en funcionamiento hasta dentro de seis meses. Prácticamente coincidirá con las Elecciones Municipales y Autonómicas previstas para 2023, así que su desarrollo, en la práctica, tendrá que esperar. Tampoco han visto la luz ni la Ley de Industria nacional ni la regional para modernizar la normativa vigente.
Quizá por eso los agentes sociales han valorado con tibieza las bondades de un órgano consultivo que seguramente no llegue ni a funcionar en la actual legislatura. UGT ha declinado pronunciarse hasta no conocer más detalles del proyecto, según las fuentes consultadas en este sindicato.
Desde CCOO, el secretario general de Industria Ángel León recuerda que el sindicato viene reclamando desde 2017 el establecimiento de un “espacio de ámbito regional estable para consolidar un desarrollo equilibrado y sostenible de la economía. En este sentido creo que su creación es importante”.
En su opinión el observatorio “debe servir para consolidar el sector industrial y que tenga un crecimiento sostenible porque su aportación al PIB de Castilla-La Mancha está por encima de la media nacional, sobre todo por el peso de las industrias agroalimentarias”. Ángel León pone también el foco en la transición energética. “Ya está aquí y el capital humano tiene que jugar un papel fundamental. Si se hace al margen de las personas trabajadoras, estaremos hablando de otra cosa”.
Mientras, el secretario general de la Confederación de Empresarios (CECAM) se ciñe en su valoración a la literatura del propio decreto cuando recuerda que “responde a las medidas establecidas dentro del Plan Adelante 2020-2023, suscrito entre el Gobierno Regional y los agentes sociales, concretamente dentro del eje de industrialización”.
Mario Fernández recuerda que busca “fomentar la mejora de la competitividad de las empresas del sector industrial” y que lo hará “especialmente en unos momentos tan difíciles como los actuales, donde las empresas de nuestra región continúan sufriendo los efectos de una situación económica tan desfavorable”.
En todo caso los empresarios se muestran confiados en que este “instrumento” les permita “analizar” la situación del sector industrial y también “plantear las medidas que consideremos necesarias para promocionar la industria de Castilla-La Mancha”.
Según González, “desde CECAM plantearemos a través de este instrumento, como ya venimos trasladando a la Administración a través de otros cauces, aquellas cuestiones que sean necesarias para el fomento de la competitividad de las empresas industriales, con la finalidad última de impulsar la actividad económica de nuestra región”.
“Dar estabilidad” al sector en las condiciones laborales
Este martes los 283 trabajadores que conforman la plantilla de Aernnova-Composites Illescas (Toledo) seguían adelante con los paros iniciados el pasado 4 de julio “ante la negativa de la empresa a renegociar sus condiciones salariales y laborales y contra la imposición de nuevas exigencias en materia de jornada y horas extra”, según CCOO.
Mejorar las condiciones laborales, “dar estabilidad” y frenar la constante amenaza de la deslocalización de las grandes multinacionales que pueblan Castilla-La Mancha debe ser uno de los objetivos del observatorio. Ángel León recuerda que “en la región hemos sufrido este tipo de situaciones cuando se toman las decisiones desde fuera de España”. En su opinión, “frente a lo que trajo la globalización, parece que ahora estamos en otro paradigma, en un escenario distinto que han traído la pandemia y la guerra de Ucrania”.
Con la pandemia, dice el dirigente sindical, “hemos venido planteando la necesidad de asentar determinados sectores económicos en España para no depender de nadie. Tenemos el ejemplo más reciente en la falta de microchips que tanto afecta a Castilla-La Mancha. No tenemos fábricas de automóviles, pero si de sus componentes”. Por eso se felicita de la decisión de que empresas como Mahle Electronics con sede en Motilla del Palancar (Cuenca) puedan ser beneficiarias del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) del sector de la automoción.
Este PERTE debía ser aprobado en este mes de septiembre, pero se ha visto retrasado por la guerra de Ucrania. “No será de un día para otro, pero es el camino a seguir”, insiste Ángel León.
El peso de la industria en el Producto Interior Bruto (PIB) de Castilla-La Mancha llega al 17,3%. Un sector que, en el conjunto de España, aporta el 14,7% al PIB nacional. “No debemos ser conformistas”, afirma el sindicalista.