“Eso no es fertilizar, es deshacerse de los vertidos”: el caso de la macrogranja industrial de Balsa de Ves

Sigue multiplicándose la resistencia contra la proliferación de macrogranjas de ganadería industrial. En Castilla-La Mancha se cuentan ya por decenas los casos, y uno de ellos es el de la localidad albaceteña de Balsa de Ves, donde la lucha se centra en la ampliación de la explotación ganadera ya existente. “Ahora mismo tenemos sobre la mesa otro proyecto que ya ha sido sometido a impacto ambiental y ha sido aprobado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Se trata de la ampliación de tres nuevas naves de recría donde van a entrar más de 1.500 cerdas con 20kg que luego saldrán con 110kg”, comienza contando Natividad Pérez, alcaldesa de esta localidad.

Lo que en un principio pedía el Ayuntamiento es que se valorase el impacto ambiental previendo que estas instalaciones necesitarán más recursos como el agua y provocarían la generación de más purines. “Lógicamente había que hacer una evaluación ambiental estratégica, no solamente de estas tres nuevas naves de recría, sino de todo lo que ya tiene esta industria”, añade.

Esta granja abría sus puertas en el año 2006 con 2.500 cerdas pero, a base de modificaciones no sustanciales que no requieren someterse a impacto medioambiental, la explotación se ha trasformado en una industria. De esta forma, cuenta con una incineradora, una planta de producción de biogás mediante un biodigestor de purines. “En un principio eran residuos hortofrutícolas mezclados con el purín, pero después apareció en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha que podían traer cerca de 40.000 toneladas de cualquier tipo de residuo”, explica Natividad. Todo esto va a parar a los campos, por lo que desde el Ayuntamiento dicen que el digestato se está usando cuando no se sabe si se puede utilizar como abono.

La cuestión va más allá. Desde la plataforma regional Stop Macrogranjas denuncian que a través de una modificación no sustancial y una corrección de errores pasaron de gestionar alrededor de 20.000 toneladas al año a casi 50.000 toneladas de residuos. Estos residuos vienen de una industria que trata con químicos, con papel, fitosanitarios o textil. “Lo que se está produciendo en el pueblo es un tránsito de camiones de alto tonelaje cargados de residuos de toda España a esas instalaciones, que ya no solo se dedica a la cría de porcino, si no que ahora también es un receptor de residuos. Todo el subproducto que genera es el digestato, que lo califican como abono y lo vierten a los campos. Una acción que no está regulada”, apunta Inma Lozano, portavoz de la plataforma 'Castilla- La Mancha Stop Macrogranjas'; coordinadora estatal de 'Stop Ganadería Industrial' y portavoz de la plataforma 'No a la macrogranja de Pozuelo y Argamasón'.

Además, estas explotaciones se montan porque tienen como objetivo destinar las carnes para la exportación “por eso es un negocio que mira por lo económico. Nosotros con las ganaderías de toda la vida tendríamos suficiente”.

No se valora el impacto medioambiental

En la declaración de impacto ambiental la Junta de Comunidades junto con la Confederación Hidrográfica hacen la valoración sobre las nuevas naves de recría. Pero desde este colectivo lo rechazan. “¿Y todo lo demás? ¿En qué situación se encuentra el aire después de 15 años que lleva funcionando las instalaciones? ¿En qué situación se encuentran los suelos después de tantos años echando vertidos de digestato y purines? ¿En qué situación se encuentra el agua? Estas cosas no se analizan”, comenta.

En este sentido, están valorando y analizado el nuevo proyecto de ampliación. En estos momentos cuenta con la autorización y la explotación ha solicitado también al Ayuntamiento la licencia de obra. El Consistorio le ha requerido la documentación necesaria para iniciar las obras y ha recurrido esta autorización ambiental. “Lo hemos recurrido porque consideramos que tienen fallos la declaración de impacto ambiental y que no ha sido todo lo rigurosa que debería porque no se han sometido a ninguna evaluación las instalaciones”, comenta la alcaldesa.

“Creemos que una instalación tan grande de este tipo habría que ponerle más condicionantes”. No hace falta ir un día en concreto al campo para encontrar los vertidos porque siempre están ahí y eso “no es fertilizar, es deshacerse de los vertidos”. La alcaldesa explica que en la normativa de entrada dice que en 24 horas esos vertidos tienen que estar tapados para evitar las emisiones de gases.

El 2 de febrero de 2020 se consiguió hacer unos análisis (“los únicos que se han realizado”)  con todos los actores implicados como son la propia granja, el Seprona, agentes medioambientales de la Junta y el Ayuntamiento. Desde entonces no se han recibido los resultados.

“Estas instalaciones son industrias porque son altamente contaminantes y de ganaderías solo tiene el nombre. Lo más preocupante que la gente ve como normal que este tipo de instalaciones estén en los pueblos cuando no hay ningún cerdo paseando por el campo. Por lo que cuanto más cerdos tenga más dinero genera”, recalca. Buscan pueblos pequeños con falta de técnicos especialistas y que no tengan un tejido asociativo que les pueda hacer presión como en otros núcleos. En conclusión, no se sabe si los acuíferos están contaminados o si la calidad del aire es buena. Una lucha constante por frenar este fenómeno industrial que está dañando la calidad de vida del municipio y los de su alrededor.

¿Por qué en los pueblos pequeños?

Se viven tiempos difíciles en cuanto a la despoblación que acecha a las zonas rurales y con este tipo de proyectos lo que están haciendo es hacer que la gente se vaya de los pueblos y que otros no vengan. “No se puede defender una situación cuando por otro lado se buscan alternativas económicas. ”sto es la gran farsa. Los grandes empresarios han visto la oportunidad de estos pequeños pueblos porque piensan que nadie rechista al ser municipios envejecidos y con poca población“, señala Lozano.

De esta forma, se busca que la gente se quede en los pueblos a raíz de la pandemia, pero “¿quién va querer venir a vivir a un pueblo donde no se pueda abrir la ventana o beber agua del grifo? Esto es cargarse el encanto de un pueblo; habría que añadir los malos olores y las moscas que provocan este tipo de instalaciones”. Cree que es lo que buscan, hacerles la “vida imposible” a los pequeños pueblos para que al final se tengan que ir y el único que se quedaría con todo sería el empresario de turno.

En el municipio de Balsa de Ves, en el año 2006 cuando todo empezó, el grupo Sanchiz se comprometió a contratar a toda la gente que había en el paro a cambio de eximirles del pago impuesto de obras. “Lo que no se puede es abocar a las personas a este trabajo porque no tengan otra opción, sino porque lo quieran”, añade.

“No podemos dejar hipotecar nuestros pueblos para que venga el empresario de turno a forrarse mientras nosotros vivimos entre residuos. Esto deja cero alternativas de futuro y queremos tener calidad de vida y oportunidades”, concluye Inma Lozano. Los pueblos “somos territorio de sufrimiento y de resistencia. Para que la gente de las ciudades beba agua potable, coma alimentos saludables, respire aire puro y les llegue la energía estamos los pueblos resistiendo y enfrentándonos para que todo llegue en condiciones de calidad”, concluye la alcaldesa de Balsa de Ves.