“No han aprendido de la pandemia”: el nuevo modelo de residencias de Castilla-La Mancha, en el punto de mira

El pasado 18 de enero el Gobierno de Castilla-La Mancha dio luz verde al decreto mediante el cual quiere llevar a cabo una profunda remodelación de los centros destinados a las personas mayores en la comunidad autónoma, como son las residencias y otros centros socio-sanitarios, actualizando su regulación conforme a los cambios de los últimos años y legislando más allá de las condiciones mínimas aprobadas mediante órdenes administrativas. La situación vivida por la COVID-19 ha sido determinante pero también el hecho de dar forma reglamentaria a un sistema que aglutina a más de 350 centros de atención especializada en la comunidad autónoma y del que la Administración ha hecho gala en muchas ocasiones pero que ha recibido numerosas críticas y denuncias en los últimos dos años.

Esta nueva norma también está acumulando numerosas críticas desde su aprobación. Colectivos profesionales como el de los trabajadores sociales, algunos sindicatos y la propia patronal de las residencias privadas de personas mayores han acusado al Gobierno regional, no solo de haberlo aprobado sin el diálogo con el sector y en medio todavía de la pandemia de COVID-19, sino de haber elaborado un nuevo modelo “low-cost” que no mejora la atención especializada.

La calidad del modelo residencial español es un debate que lleva años encima de la mesa, agudizado al máximo con motivo de la pandemia de COVID por los estragos y la mortalidad en estos centros. Precisamente, Amnistía Internacional ha valorado esta semana el último borrador discutido entre el Gobierno y las comunidades autónomas para establecer criterios comunes respecto a los recursos humanos y materiales de las residencias.

Esta organización considera fundamental que se incluya en el documento final la necesidad de formación obligatoria especializada en la aplicación de protocolos, utilización de Equipos de Protección Individual (EPI) y cuidados directos, así como que la perspectiva de género en la contratación de personal. También echa en falta indicadores concretos sobre la participación de las familias en situaciones de fuerza mayor o crisis como la vivida durante pandemia para evitar, en lo posible, medidas de confinamiento y restricción de derechos.

Evaluación individualizada

Sobre la coordinación con los servicios de asistencia sanitaria del sistema público de salud, el documento incluye algunas medidas importantes, pero es necesario “que se especifique que las decisiones médicas se basarán siempre y únicamente en evaluaciones clínicas individualizadas y criterios éticos sobre la mejor evidencia científica disponible; y que las instrucciones y los criterios para decidir la derivación de personas mayores de residencias a centros hospitalarios en ningún caso incluirán criterios discriminatorios en el acceso a la atención sanitaria”.

El decreto aprobado en Castilla-La Mancha no recoge estos preceptos como tal. Establece una serie de “condiciones básicas” en su desarrollo reglamentario que, según afirma, se basan en el concepto de “buenas prácticas profesionales”: el proyecto de vida, la calidad de la atención, la persona de atención directa de referencia, la integración en el entorno, la autodeterminación en cuantas materias sea posible o el respeto a la intimidad, entre otros.

Respecto de los recursos humanos con que debe contar un centro de atención a personas mayores, se distingue entre el personal técnico, el de atención directa y otro tipo personal. Se introducen en la norma criterios de flexibilidad respecto del personal técnico, permitiendo que las entidades titulares de los centros puedan elegir aquellos/as profesionales cuyas funciones sean más convenientes, de acuerdo con las características de las personas usuarias y sus demandas.

En cuanto a la dirección de estos centros, establece que las personas que sin estar en posesión de una titulación universitaria desempeñen a la entrada en vigor de este decreto puestos de dirección en las residencias de personas mayores, y acrediten una experiencia de tres años en la dirección de centros residenciales, podrán desempeñar puestos de dirección en estos centros siempre que cuenten con una formación complementaria en dependencia, geriatría, gerontología, dirección de centros residenciales u otras áreas de conocimiento relacionadas con la atención a la dependencia de, al menos, 300 horas recibidas a través de cursos impartidos o promovidos por alguna administración pública, universidad u otras entidades formativas acreditadas, y validados por la dirección general competente en materia de atención a las personas mayores.

Las ratios establecidas, los criterios para los puestos de dirección, la no inclusión reglada del trabajo social y la “flexibilidad” para que las entidades titulares puedan elegir al personal técnico han sido los motivos principales por los que las críticas han arreciado en las últimas dos semanas. Pero uno de los argumentos más destacados es que el nuevo decreto no se ajusta a la Ley de Servicios Sociales de 2010.

Así lo señala la vicepresidenta del Colegio de Trabajo Social de Castilla-La Mancha, Elena Galán Ruano, quien también fue hasta el pasado año trabajadora social de una residencia. Explica que la regulación de estos profesionales, equiparándolos al resto de técnicos, en los centros socio-sanitarios pero especialmente en los residenciales, ha sido una lucha de hace años a la que tampoco responde el nuevo decreto. “La calidad de las residencias siempre ha estado condicionada a su tamaño y al lugar de residencia y relegado al buen hacer de la gestión, sin más. Ahora era el momento de solucionarlo y, en su lugar, nos encontramos con este despropósito”, afirma.

¿Por qué va contra la normativa de Servicios Sociales? Elena Galán explica en primer término que en el preámbulo del decreto se habla de un acceso “equitativo y justo” a los recursos de calidad para mejorar las condiciones de vida, algo que luego no se desarrolla en el articulado. De igual forma, no se cumple tampoco con los artículos 22, 23 y 24 de la ley que regulan el papel de los trabajadores sociales como profesionales de referencia y sobre la atención especializada.

“Es una barbaridad, se ha aprobado un decreto que deja sin garantizar lo recogido 12 años antes en una ley. Resulta además que después de una pandemia y de sus consecuencias en las residencias, nos encontramos con una normativa que no regula ningún personal técnico y lo deja en manos de las entidades gestoras. No tiene sentido”. Se refiere con ello al hecho de que el decreto tampoco cumpla con el artículo 18 de la Ley de Servicios Sociales, donde se estipula que la atención especializada requiere de mayor peso técnico. A todo ello añade otros incumplimientos de la normativa referentes a la asignación de personal y a los derechos de las personas en las residencias para mayores.

De igual forma, Elena Galán critica que se hayan aprobado unos “niveles de exigencia básicos” que luego “no se garantizan”. “¿A qué servicios hace referencia, a aquellos que deja a la arbitrariedad de la gestión de los mismos? ¿Qué valoración se va a garantizar sin la cobertura de unos requisitos técnicos mínimos? Al final, la garantía de los derechos sociales y humanos queda relegada a la decisión de un solo profesional, de la dirección o de la entidad gestora. No se puede decir que se va a garantizar la atención centrada en la persona y después dejar que sean las entidades gestoras quienes decidan en función de necesidades colectivas, no individuales”, subraya.

“¿Qué hemos aprendido?”

También considera una “aberración” que el decreto hable de garantizar un “proyecto de vida” en los residentes sin que para ello se cuente con los trabajadores sociales. “Para que haya un modelo de atención centrada en la persona, primero hay que garantizar que haya personal técnico para ello. No solo hace falta el personal sanitario, sino también la acción social. Si después de una pandemia, esos derechos no se garantizan, ¿qué hemos aprendido? No han aprendido nada de la pandemia”, concluye.

Por otra parte, una de las formaciones sindicales más críticas con este nueva norma ha sido STAS-Intersindical, que considera que el Gobierno de Emiliano García-Page ha perdido “una oportunidad de oro para dignificar los servicios sociales” al apostar por un modelo “privatizador basado en la rentabilidad económica y en la precariedad laboral, despreciando la calidad del servicio y la dignidad de las personas mayores”.

Fuentes de este sindicato afirman que el texto de nuevas condiciones básicas de los centros de mayores es de una “ambigüedad intencionada” en cuanto a ratios, adecuación y regulación del personal. “No adapta las ratios de personal, desprofesionaliza categorías esenciales como el trabajo social, terapia ocupacional o fisioterapia y no garantiza otras como podología o peluquería”. Así lo establece en la comparativa con los cinco decretos anteriores que ya han regulado estos centros, puesto que “ha disminuido considerablemente la calidad de la atención a las personas mayores en nuestra región”.

Desde STAS consideran que el Gobierno regional “demuestra no haber aprendido nada de la tragedia que se ha vivido en las residencias durante la pandemia”, dejando “vía libre” a la empresa privada y al tercer sector para que “apliquen recortes en detrimento de la calidad del servicio”. Con ello, añaden, se aleja “todavía más” de un modelo centrado en las personas, “afianzando un modelo de bajo coste que sirve de mero alojamiento con servicios generales, o como coloquialmente se dice: un aparcamiento de mayores”.

Consideran en este sindicato que la COVID-19 ha mostrado claramente el “camino a seguir”, que no es otro que la creación y gestión pública de una red de centros y prestaciones sociales “que garanticen una atención de calidad”. “Esta red debe estar protegida y blindarse contra los intereses especulativos empresariales, contra la acción caritativa trasnochada y contra el voluntarismo desprofesionalizado; y asentarse en la solidez de lo público con plantillas de personal estable, profesional y con derechos, cuyo primer gesto político debería ser la reapertura de la residencia del Hospitalito del Rey como residencia de mayores de gestión directa”, concluyen.

Se da la circunstancia de que durante el último trimestre del pasado año, también CCOO arremetió duramente contra el modelo residencial para personas mayores en Castilla-La Mancha mediante un conjunto de movilizaciones y protestas en diferentes centros socio-sanitarios de la región para denunciar la “precaria” situación del personal. Ahora también han arremetido contra el nuevo decreto: “Poca sensibilidad ha demostrado la Consejería de Bienestar Social ante las demandas más que justificadas de un sector que lleva más de una década pidiendo auxilio. El nuevo texto no garantiza el adecuado sostenimiento del servicio ni los costes salariales vigentes en el convenio colectivo estatal de la dependencia”, afirma Chelo Cuadra, secretaria de Sanidad y Sectores Sociosanitarios del sindicato.

La patronal del sector también se ha sumado a las críticas. La Asociación de Residencias de la Tercera Edad de Castilla-La Mancha (ARTECAM) ha denunciado la falta de consenso y ha alertado de que “sin financiación es imposible asumir los costes añadidos a los que obliga” la norma. Ha alertado, incluso, de que aplicarse dicho decreto “podría poner en riesgo la inversión privada en la construcción de nuevos centros residenciales”.

A juicio de la patronal, el texto, tal y como está redactado, adolece de un reconocimiento a los profesionales y no establece ningún tipo de formación para poder llevarlo a cabo con garantías. “Ni siquiera se ha trabajado con el sector en su elaboración”, ha advertido, mostrándose “taxativa” a la hora de defender que el modelo que se debería implantar en Castilla-la Mancha tendría que estar basado “en la calidad de la atención y que esta estuviera centrada en la persona”.