Ocho represaliados de Guadalajara reciben reparación jurídica por los crímenes de los que fueron acusados durante el franquismo

Germán Gutierrez de Pedro. Ángel Bueno Tenorio. Segundo García Martínez. Segundo Jodra Gil. Celedonio Martínez Martínez. Francisco Used Martínez. Saturnino Culebras Saiz. Santiago Pérez Sacristán. Son los nombres de los hombres naturales de Guadalajara que han recibido reparación jurídica por parte de la Generalitat de Catalunya por los crímenes de los que fueron acusados durante el franquismo. Crímenes por los que también fueron fusilados en territorio catalán después de la Guerra Civil.

Es un reconocimiento simbólico, explican desde el Foro de la Memoria de Guadalajara, que se ampara en la Ley de reparación jurídica de las víctimas del franquismo de 2017. Según esta ley, se declara la nulidad de pleno derecho de todas las causas, sentencias y resoluciones que consten. La Generalitat cuenta con una base de datos de 63.000 represaliados que fueron juzgados por la dictadura franquista entre 1938 y 1977, y en el que hay datos de persona de toda España. Sin embargo, estos documentos “no tienen validez jurídica”, sino que son un reconocimiento por parte de la Generalitat. “Es el Estado quien debe anular estas sentencias y declarar ilegales los tribunales que las emitieron”, recalcan desde el Foro.

“Nos satisface que la recuperación de la memoria esté dando frutos, por ejemplo, en la apertura de fosas comunes, y la entrega de restos de personas asesinadas por la dictadura a sus familiares para que tengan una sepultura digna. Pero consideramos, y siempre ha sido una reivindicación del movimiento memorialista el que se procediera a la anulación jurídica de las sentencias franquistas. Esto ha sido una llamada de atención para que el Estado cumpla con esta reivindicación”, recalca Xulio García del Foro. 

Ahora, el Foro por la Memoria también hará una nueva petición para quienes fueron juzgados y encarcelados, como Isidoro Martínez de Huertapelayo, condenado a veinte años de cárcel en Tarragona. “En septiembre de 2020, el Gobierno anunció que se iba a hacer una nueva ley, que se llamaría de memoria democrática. Una de estas viejas reivindicaciones que hemos hecho, la anulación de sentencias condenatorias a las víctimas del franquismo, es parte de un anuncio que entraría en la nueva ley. Este es el anteproyecto en el que se habla de ilegitimidad de las sentencias franquistas”, recalca García.

Es parte de las reivindicaciones memorialistas del llamado 'Encuentro por la memoria', en la que más de un centenar de asociaciones han hecho propuestas para que se anulen estas sentencias. “Los crímenes del franquismo, son crímenes de lesa humanidad y no deberían de prescribir”, recalca García. Por eso, insiste que, aunque los actos de reparación son “muy importantes”, se debe continuar en la lucha por la reparación de los consejos de guerra sumarísimos que llevaron a las personas a ejecución o a la cárcel.

“A pesar de todo, siguen siendo documentos de validez jurídica, aunque se condenó a personas a través de mecanismos contrarios al Estado de Derecho. Esto en una democracia debe ser señalado, son sentencias emitidas contra estas personas y deben ser declaradas ilegales, al igual que los tribunales. El Estado español no ha cumplido con esta obligación que tiene, y Catalunya ha hecho una ley a nivel autonómico que sí entrega documentos de reparación jurídica”.