Seis personas recibieron multas esta semana por la manifestación silenciosa y pacífica llevada a cabo por el colectivo durante las fiestas de la localidad, el pasado mayo. Uno de ellos, Julio Pérez, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en la localidad no se encontraba en Talavera en ese día y otra de las multadas no pertenece a ningún movimiento ligado al colectivo y afirma haber estado en su casa el día en el que se produjo el ‘escrache’. Ante esto, la Plataforma ha expresado su preocupación por el “cariz represivo” que está tomando el Gobierno, contra los activistas sociales, señalando que a través del subdelegado de Gobierno, José Julián Gregorio, se está intentando intimidar a aquellas personas que tratan de reivindicar sus derechos en la ciudad.
Las multas, todas idénticas según los afectados, señalan una sanción de 301€ por ser identificados, “junto a otros responsables” de ir “marcando las pautas del comportamiento del resto de manifestantes”, tanto del recorrido como de dónde tenían que colocarse, durante el Pregón de Ferias de San Isidro, el día 14 de mayo de 2014 entre las 21:30 y 23:00 horas. De estos hechos, el Subdelegado del Gobierno en Toledo dictamina que son elementos “de juicio suficiente” para calificar los hechos con una infracción grave, según lo que dicta la Ley Orgánica 9/1983, que especifica que del buen orden de reuniones y manifestaciones serán responsables sus organizadores. Sin embargo, las multas no muestran el DNI de los sancionados, poniendo en entredicho la identificación en el lugar.
La Plataforma señala que las actividades a las que se refieren las multas fueron completamente pacíficas y silenciosas, ya que incluso hubo miembros con esparadrapos en la boca durante la manifestación. Así señalan que este tipo de medidas corresponde a un “desesperado intento” por parte del Gobierno de convertir derechos de la ciudadanía en ilegalidades, y también a intereses personales para perpetuarse en el poder, señalando a las personas que “erosionan su imagen de manera más directa”.
La Plataforma pide al Ayuntamiento su implicación y condena de las políticas represivas del Gobierno contra ciudadanos pacíficos, para que no sigan con su “política de silencio y complicidad”. Además, han animado a la ciudadanía a que no se “pliegue a su chantaje”, y a seguir saliendo a la calle a reclamar por sus derechos, ya que consideran que la reivindicación “forma parte de la salud democrática de un país”.
Por su parte, el concejal de Izquierda Unida en Talavera, José María Domínguez, ha manifestado su “preocupación y protesta” por lo “indiscriminado, irregular e injustificado” de las sanciones, al afirmar que no consta alteración de la convivencia ciudadana durante los actos. Domínguez ha destacado el carácter irregular de las sanciones, señalando que en algunos casos los sancionados no estaban presentes en el lugar de los hechos que se le imputan.
Así, ha señalado que desde Izquierda Unida se solicitará una entrevista con el Comisario Jefe del Cuerpo de Policía Nacional en Talavera de la Reina para recabar información sobre los procedimientos utilizados en la apertura de los expedientes sancionadores y con los representantes sindicales de los sindicatos policiales para la valoración de los episodios. De igual modo exige la retirada de los expedientes sancionadores o el cese o dimisión del actual subdelegado de Gobierno, José Julián Gregorio, a quien considera principal instigador de la “campaña de hostigamiento”.