Balance de un año

Como viene siendo habitual, realizamos el balance anual del panorama de la gestión del patrimonio cultural en nuestra región. Lamentablemente, debemos decir que seguimos en encefalograma plano, es decir, sin nuevas propuestas, con proyectos inacabados o fracasados y con un futuro incierto de debilidad en recursos e ideas.

Una labor necesaria para la Viceconsejería es el desarrollo normativo de las Leyes que se han publicado hace ya años -Ley del Patrimonio Cultural (2013), la de Museos (2014)-, y que son de obligado cumplimiento para el gobierno que las ha impulsado. Especialmente llamamos la atención en la necesaria ejecución de los inventarios de Bienes Muebles que, lamentablemente, se encuentra paralizado, o la puesta en marcha de un sistema de inspección y evaluación que permita, en caso de incumplimiento de dichas leyes, la imposición de sanciones. Labor de administración y gabinetes jurídicos que por falta de interés o, simplemente, por dejadez, siguen sin realizarse.

Un tema ya manido, y que se ha convertido en crítica generalizada en los medios culturales de la región, es el mantenimiento, a través de la Fundación colección Roberto Polo, del Centro de Arte Moderno y Contemporáneo de Castilla-La Mancha (CORPO), con exposiciones en Toledo y en Cuenca. Inversión que retrae de los fondos públicos una importante cantidad de dinero obteniendo una escasa rentabilidad en número de visitantes e impacto social y, al que de forma lamentable, se le ha cedido la gestión de los fondos artísticos de Alberto Sánchez para intentar darle sentido al objeto de sus estatutos.  

Relacionado con la distribución del gasto en este campo, se encuentra el estado de la red museística de la región y del arte contemporáneo en particular, sin suficientes recursos y con falta de autonomía en su gestión. Y, lo que es peor: no hay un Plan de gestión coordinado (si directrices administrativas) de lo que debe ser la oferta museística regional.

Si en arqueología se tiene, lo es gracias a una gestión administrativa específica, a una red de yacimientos arqueológicos y a la convocatoria anual de ayudas a las intervenciones arqueológicas, pero, como hemos señalado, adolece de una puesta al día de las medidas preventivas y, sobre todo, sancionadoras que eviten el deterioro o pérdida de yacimientos y de material arqueológico. 

Y seguimos sin actualizar y completar el inventario de Bienes Muebles de Castilla-La Mancha, o sin establecer un Plan Regional para la coordinación de los bienes etnográficos, por no hablar de la falta de un instrumento eficaz para preservar el habla en la región con un Plan de recogida de voces y la creación de un Archivo Regional de la memoria oral. La única política que se realiza es la declaración de Bienes Culturales de carácter inmaterial, que tan buena rentabilidad le aporta al gabinete de comunicación de la Consejería. 

Por último, observamos que la aplicación de la Ley del Patrimonio cultural debiera ser más estricta a la hora de preservar los conjuntos patrimoniales, especialmente los declarados. Los ejemplos de la Vega Baja y la falta de actualización del Plan Especial del Casco Histórico en Toledo, la gestión del Plan especial de ordenación, mejora y protección del casco antiguo de Cuenca y sus Hoces o la intervención en la Alameda de Sigüenza son paradigmáticos de cómo una administración del mismo color político tapa los errores en la gestión del patrimonio cultural de los respectivos municipios.

La dirección de la Viceconsejería de Cultura que surja tras la próxima convocatoria electoral debería elaborar y publicar un Plan Estratégico dónde los objetivos y las líneas de actuación estén nítidamente marcadas a corto (anual) y medio plazo (cuatro años), así como los presupuestos que se prevé destinar a ello. Estamos cansados de improvisaciones, ocurrencias, ocultismo. Y la privatización o la subrogación de la gestión cultural no es el mejor ejemplo de gestión.