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Constitutión Española y bibliotecas públicas
Director Gerente de la Biblioteca de Castilla-La Mancha —
A punto de abrirse las puertas del siglo XXI, el Defensor del Pueblo Andaluz, prestigiosa institución, proclamó en un informe sobre las Bibliotecas Públicas Municipales de Andalucía “el derecho de todos a acceder a la cultura”. Lo hacía precisamente tomando como base el artículo 44.1 de la Constitución Española de 1978: “Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho”. Ese Informe Especial al Parlamento fue un fuerte detonante sobre la situación de las bibliotecas públicas en Andalucía y en toda España, y reflejaba dramáticamente la desigual situación de este servicio público, demasiadas veces todavía obsoleto y con precariedad de personal, débiles presupuestos y colecciones y en muchos casos con falta de estabilidad y penetración social. El estudio se realizó en una franja de población (localidades de más de 5.000 habitantes) que tiene legalmente, por la Ley de Bases de Régimen Local, obligación de crear y mantener el servicio de biblioteca pública.
La denuncia del Defensor del Pueblo Andaluz no encontró demasiado eco ni sirvió de estímulo para que desde instituciones similares se luchase por resolver este problema histórico en España. Quince años más tarde, en distintas jornadas profesionales y estudios, constato que, aunque se han experimentado indudables avances, las desigualdades entre los ciudadanos, regiones y localidades no sólo no se resuelven sino que se agrandan en la prestación de este servicio público. A pesar de promulgarse la ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas, largamente esperada, esta legislación no resolvió los problemas históricos de las bibliotecas españolas. No hubo voluntad política para hacerlo.
Transcurridos 37 años de nuestra Constitución, reitero el derecho de todos los españoles a disponer de servicios bibliotecarios públicos. No podemos olvidar que esta referencia constitucional hacia un derecho fundamental (la cultura) para justificar la necesidad de que exista un buen sistema bibliotecario público puede y debe ampliarse a otros artículos. Si las bibliotecas son centros para la información, la cultura, la educación permanente y el ocio, podemos afirmar que las funciones asignadas en nuestro tiempo a la Biblioteca Pública justifican que se recuerden, junto al derecho a la cultura, otros derechos fundamentales de nuestra Constitución: el Derecho a la información (“a comunicar o recibir información veraz por cualquier medio de difusión”, art. 20.1) y el Derecho a la educación (“Todos tienen el derecho a la educación”, art. 27.1).
Indudablemente, los servicios bibliotecarios han mejorado en España en las últimas décadas de forma continua, pero en plena “Sociedad de la Información y del Conocimiento”, la biblioteca pública no acaba de ser considerada un servicio básico para la sociedad española y se mantiene como un servicio secundario, de segunda fila. Ello explicaría que tres millares de municipios españoles carezcan de servicios bibliotecarios y que especialmente en las bibliotecas de menor población la biblioteca sea un servicio que se presta por el voluntarismo de autoridades municipales y la pasión de los profesionales.
El desarrollo bibliotecario de nuestro país, especialmente en regiones como Cataluña, Navarra, País Vasco y Castilla-La Mancha, no oculta las deficiencias existentes todavía en los servicios de biblioteca pública. La diversidad y desigualdad entre las diferentes Comunidades Autónomas se suma a la distancia que nos separa en términos nacionales de los países más avanzados de nuestro entorno. Y esas diferencias se visibilizan también entre las provincias de las regiones: en Cataluña, por ejemplo, nada que ver la situación de la provincia de Barcelona, gracias a la acción de su Diputación, con las restantes provincias, que tienen indicadores muy graves en cuanto a municipios sin servicio. Por cierto, que Cataluña lleva años que se permite no aportar los datos estadísticos de sus servicios bibliotecarios al sistema nacional, lo que me parece gravísimo.
La falta de una política de Estado
Pero si los indicadores estadísticos son preocupantes, es más grave la falta de una política de Estado para afrontar el reto de las bibliotecas públicas y garantizar este derecho constitucional a todos los españoles. Estos tres pilares que constituyen la misión de la biblioteca pública (cultura, información y educación permanente) no han logrado convertirse jurídicamente en un derecho que revierta en la universalización o democratización del acceso de los españoles a servicios de biblioteca pública.
Soy defensor del Estado de las Autonomías, pero debo recordar que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte tiene un papel esencial en la resolución de estas desigualdades: “El Estado tiene competencia exclusiva sobre la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos…” (art. 149.1.1ª), que incluso “… podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general…” (art. 150.3).
Recientemente fui invitado por el Ministerio a una reunión de expertos para avanzar en la redacción del segundo Plan Estratégico del Consejo de Cooperación Bibliotecaria. Propuse, y así se acordó, incluir la puesta en marcha de un grupo de trabajo que abordase propuestas para avanzar en la eliminación de estas desigualdades y hacer posible que todos los españoles tengan garantizados servicios bibliotecarios, como ocurre con la sanidad y la educación. Pero esa medida necesitará el consenso del Pleno del Consejo, en el que están representadas la totalidad de administraciones públicas y otras entidades singulares vinculadas a las políticas de lectura y bibliotecas.
En el Día de la Constitución, y a las puertas de unas elecciones generales fundamentales para nuestro país, hago un llamamiento a la totalidad de los partidos políticos para que incluyan medidas relacionadas con las bibliotecas públicas para que este servicio llegue a todos los españoles y se garantice que España esté en la vanguardia de los servicios bibliotecarios.
