Función social del patrimonio cultural

En 1985 las Naciones Unidas designó el primer lunes de octubre de cada año como el Día Mundial del Hábitat con el objetivo de reflexionar sobre el estado de la estructura de nuestros pueblos y ciudades y el derecho básico de todos a una vivienda adecuada.

Buen momento para hacerlo desde la óptica del patrimonio cultural, ya que, últimamente, el debate en los cenadores de bares y cafeterías, en los medios de comunicación y en los círculos políticos gira en torno a la afección que los pisos turísticos tienen sobre el encarecimiento de los arrendamientos o el precio de las viviendas. 

Claro que entramos de lleno en temas polémicos cómo la acción u omisión de las instituciones públicas en la construcción o rehabilitación de viviendas destinadas a la compra o al alquiler por la ciudadanía y el derecho a un techo digno. Y, en el caso de los conjuntos monumentales al proceso de su gentrificación, lo que implica la expulsión de la población originaria o la falta de sustitución generacional de barrios enteros.

Está claro que en nuestra región esto se da en contadas, pero significativas áreas, como los cascos históricos de Toledo y Cuenca, o en el centro de algunos pueblos y ciudades de nuestra geografía, mientras que en el resto del territorio el problema es demográfico, de pérdida neta de población, de despoblación.

Pero, precisamente, esas dos ciudades conocen unos Consorcios que tienen cierta capacidad de ejecución e intervención sobre las políticas de vivienda, y unos Ayuntamientos que pueden determinar a través del planeamiento urbano, las empresas municipales de vivienda o las medidas normativas oportunas, una política determinada que evite o palíe los efectos de la turistificación y la gentrificación. 

En el caso de los conjuntos monumentales al proceso de su gentrificación, lo que implica la expulsión de la población originaria

Otro apartado significativo son los equipamientos sociales y comerciales. Paliar los efectos que la implementación de grandes superficies y la venta online están provocando sobre el comercio de proximidad, reforzar la localización de servicios sociales, educativos y sanitarios en determinadas áreas o establecer equipamientos urbanos de calidad es una responsabilidad de todas las administraciones ya sean locales, provinciales o regionales.

Es más, los ayuntamientos tienen la ley de su parte para obligar a los propietarios de aquellos inmuebles con valor patrimonial -en un conjunto histórico declarado lo deben ser todos- en ruinas a su rehabilitación y, si no lo hacen, hacerlo subsidiariamente. Todavía no hemos visto haya ejercido ningún ayuntamiento de nuestra región esta prerrogativa. 

Y no entremos en consideraciones morales. Hay ciertas instituciones eclesiales, con patrimonio urbano, que se ha sumado alegremente a la conversión de viviendas y edificios para uso turístico. Los fines -obtener recursos para áreas de caridad o servicios a la comunidad- no justifica los medios. También el facilitar vivienda a las familias sin recursos y vitalizar los centros históricos o degradados ha de ser uno de los objetivos pastorales. Y ello se debe también aplicar a empresarios que se declaran con raíces religiosas.

Lo hemos repetido una y otra vez: un patrimonio cultural sin la trama vital que lo generó deriva en una fosilización de este, perdiendo su naturaleza primigenia, por no hablar del patrimonio inmaterial que desaparece irremediablemente.