El valor inmaterial de las personas

Da pavor asomarse a la página web pueblosdelolvido.com. Los que hemos vivido en pueblos que hoy se consideran de la 'España vaciada', en comarcas declaradas “desierto demográfico” o los que habitamos en cascos vacíos, constatamos que el territorio tiene verdaderos 'agujeros negros' por donde la memoria de los pueblos se pierde.

En Castilla-La Mancha hay 69 municipios donde no vive ningún menor de 20 años: 46 en la provincia de Guadalajara, 21 en Cuenca y dos en la de Toledo. Son pueblos condenados al olvido de lo que fueron comunidades que en otro tiempo estaban llenas de vida. Celebraban los ritos del ciclo vital de sus habitantes, las fiestas del ciclo litúrgico, desarrollaban labores tradicionales y se contaban historias con palabras y nombres que se diluirán poco a poco a lo largo de pocas generaciones.

Y comarcas enteras ven perder su identidad, el acento con que pronunciaban sus gentes, los ciclos festivos o los paisajes antrópicos que habitaban. La Serranía de Cuenca, la de Ayllón y de Molina de Aragón, la Sierra de San Vicente, las de Alcaraz y del Segura, los Montes de Toledo y Sierra Morena, las comarcas Montiel, de la Alcarria, la Jara y Campo Arañuelo y un largo etcétera.

Urge volver a poner en marcha el proyecto del Archivo de la Imagen y de la Palabra de Castilla-La Mancha, que tuvo en sus inicios un éxito en la recopilación de fotografías, principalmente por la subvención de ediciones que propiciaron la recopilación de repertorios locales. No así el de la Palabra, donde habría que involucrar a los archivos provinciales y locales, al sistema educativo (universidades, institutos y colegios) a los centros de mayores, universidades populares y de mayores, etc. La Historia oral, las encuestas de campo en soportes digitales es el mayor tesoro que podemos dejar a futuras generaciones.

La Consejería de Educación y Cultura tiene una responsabilidad fundamental en este campo y se ha limitado ahora a iniciar un proyecto que titula 'Centro Regional de Folklore', algo así como fosilizar una práctica cuyos protagonistas originarios han desaparecido. Creemos que el objetivo debe ser más ambicioso, preservando –claramente, como centro de documentación- las manifestaciones de cultura inmaterial (no sólo el folklore) que están desapareciendo.

Otro agujero negro demográfico se produce en los cascos históricos de las ciudades. En su día centro neurálgico de la vida urbana y hoy barrios condenados a la marginalidad y el deterioro. El asunto afecta a nuestro patrimonio cuando son ciudades patrimonio de la humanidad o conjuntos históricos. Hoy muchas personas prefieren vivir en zonas de moderna urbanización, con acceso directo del automóvil a la vivienda y con los suficientes servicios comerciales, sociales o de ocio. Con el vaciamiento, los centros urbanos carecen de todo ello. La aparición de las grandes superficies comerciales y de ocio ha acentuado ese éxodo, al cerrarse el comercio tradicional que en muchos casos se encontraba en el centro de las poblaciones. Muchas veces nuestros políticos se dejan arrastrar por esa deriva y desplazan los centros institucionales y administrativos a las afueras, agravando aún más si cabe el proceso.

El asunto es grave especialmente en las dos ciudades Patrimonio de la Humanidad que tiene nuestra región: Cuenca y Toledo. Las dos con las mismas características: cascos históricos de difícil acceso, urbanismo medieval no apto para el transporte en vehículos y falta de servicios. En Toledo se agrava aún más por la extensión y riqueza patrimonial de su casco histórico, que presume ser uno de los más grandes de Europa. Hasta el momento, el Ayuntamiento capitalino ha esquivado el debate con la guerra de cifras, indicando que el casco mantiene, desde que culminase el proceso de migración de población hacia fuera de las murallas en los años ochenta, unos 10.000 habitantes, apenas el 10 % del total de la población de la ciudad.

Pero hay mucho 'falso empadronado'. Lo hacen aquellos que quieren obtener el permiso de aparcamiento en la zona para acceder al lugar de trabajo, generalmente oficina o comercio, a veces antiguos residentes o familiares de residentes que se mantienen empadronados para seguir disfrutando de dicho permiso. También los hay que declaran el apartamento turístico como propio, para así obtener la ayuda a la rehabilitación del Consorcio. Debería el Ayuntamiento depurar el censo de empadronados a cifras reales no sólo para castigar a los infractores, que en muchos casos están beneficiándose ilegítimamente de dinero público, sino sobre todo para realizar políticas de gestión más ajustadas a la realidad.

La falta de protección de la integridad del bien protegido, en este caso las viviendas tradicionales en los cascos históricos, ha dado lugar a la especulación pura y dura: se han subdividido las casas patios, las viviendas familiares de varios pisos o planta amplia. Así, se ha entendido por rehabilitación la adecuación de los espacios hasta la mínima expresión de apartamentos y estudios, solo aptos para personas solteras, parejas o destinados a un hábitat esporádico (aparcamientos turísticos) de tal forma que se ha encarecido el suelo, lo que ha acentuando más si cabe el proceso y expulsando de esos barrios a las familias con hijos. La media de edad de la población -se ha creado la palabra gerontocráticos para designarlos- ha hecho que escuelas infantiles o de Primaria cierren, que la vida en estos barrios se apague. Al igual que se impide que las parcelas de tierra se subdividan en algunas comarcas, las viviendas deberían mantener su dimensión y las casas con cierto nivel de protección patrimonial, su estructura original, facilitando su uso por las familias.

También las administraciones deberían mantener sus oficinas y las sedes de los servicios públicos en estos barrios, así como los servicios sociales que requieren la población, generalmente muy envejecida y con problemas de movilidad, de forma que pueda invitar a los más jóvenes a fijar allí su residencia y plantearse su proyecto vital en ese entorno. Dice la prensa que el Consorcio de la Ciudad de Toledo tiene suficiente información y el interés de propietarios con edificios en desuso para su rehabilitación y puesta en el mercado para destinarlas a residentes estables “y de larga duración”. Buen comienzo si es verídico y si el propio Consorcio o los órganos apropiados realizan un seguimiento en el cumplimiento de los objetivos. Cuando se da una subvención de este tipo se debe explicitar claramente las condiciones para que posteriormente se pueda actuar con todas las de la ley, incluyendo la reversión de la subvención, la sanción y, si cabe, la anulación de licencias de ocupación o actividad.

Y no basta con incentivos. Los ayuntamientos tienen que actuar de oficio, denunciar el abandono de inmuebles y solares y lograr la expropiación por interés público, ya sea patrimonial, ya sea para cumplir un objetivo esencial para que los conjuntos históricos tengan viabilidad: el que todo el espacio que no sea de equipamientos y usos públicos –sea de titularidad pública o privada- esté destinado a uso residencial esté habitado. Nos tememos que tendremos que hacer como en Candelario (Salamanca), pagar a una persona para que se vista con traje típico del lugar y así atraer al turismo, ya que de otra forma el visitante sólo verá piedras sobre piedras, piedras sin vida, sin alma.