Memoria democrática y obras de arte

Hace unas semanas hablábamos de los expolios realizados por invasiones, colonialismos y neocolonialismos. Hoy acercaremos el análisis a aquellas incautaciones, también expolios, realizados a consecuencia de la última guerra civil.

El centralismo administrativo provocó que miles de piezas artísticas, libros, manuscritos y objetos arqueológicos saliesen de nuestra tierra y llenaran, bajo el régimen liberal y tras las desamortizaciones e incautaciones realizadas a lo largo del siglo XIX, los museos de La Trinidad con los cuadros sacados de los conventos y monasterios desamortizados, hoy en el Museo del Prado. El Sexenio Revolucionario hizo que comisiones de incautación vaciaran museos provinciales, gabinetes de Historia Natural, Bibliotecas -la de la catedral de Toledo, entre otras-, y archivos -el de Inquisición de Toledo o el de Órdenes Militares-, para nutrir el Museo del Prado, el Museo del Ejército, el Arqueológico Nacional -hoy parte de ello en el Museo de América-, la Biblioteca Nacional y el Archivo Histórico Nacional. De la misma forma, ya a comienzos del siglo XX la creación de los museos de Cultura Hebrea (hoy Sefardí) y de la Casa-Museo del Greco se montaron con piezas del Museo provincial.

Hemos escrito sobre el arte preservado del fuego purificador de la “revolución social” provocada tras el levantamiento militar del 18 de julio de 1936 gracias a la labor del Comité de Defensa del Patrimonio en Toledo y de Junta Delegada de Incautación, Protección y Salvamento del Tesoro Artístico de Madrid en toda la zona regional controlada por el gobierno republicano.

También de la labor del Servicio Artístico de Vanguardia, que las tropas sublevadas utilizaron para gestionar las obras de arte que se encontraban en su avance hacia la capital de España.

O de los bienes incautados a dos judíos que vivían en Toledo: el pintor Thomas Malonyay y el intelectual Máximo José Kahn, libros que actualmente están depositados en la Biblioteca Regional del Alcázar y piezas en el Museo de Santa Cruz de Toledo, entre ellos un Marc Chagall, hoy en paradero desconocido.

Gaya Nuño también nos ha advertido en su “museo imaginado” que muchas de las obras de arte y colecciones llevadas a Francia por exiliados españoles tras nuestra Guerra Civil fueron incautadas por el invasor alemán -o el gobierno de Vichy-, y enviadas a Franco como fruto de un acuerdo realizado entre el régimen nazi y el franquista sobre el asunto.

De la misma forma, y fruto de decisiones tomadas durante la dictadura hubo movimientos de obras de arte cuya decisión fue arbitraria, distribuyendo piezas de la región para el mueblaje de los centros oficiales o los paradores nacionales de turismo. Y no sólo eso, también donaciones dolosas, como la “inmatriculación” de la Sinagoga de Santa María La Blanca o la antigua mezquita del Cristo de la Luz, que eran del Estado tras las desamortizaciones del siglo XIX.

Por no hablar de la centralización férrea que siguió enviando de todo el país, sobre todo las piezas arqueológicas, a Madrid. Podríamos reivindicar así la vuelta a la región de piezas emblemáticas.  

Por ejemplo, la bicha de Balazote que el propietario, Isidro López donó a la Comisión provincial de Monumentos de Albacete, pero que esta se vio obligada a enviarla a Madrid en 1910. O las coronas de Guarrazar, que el dictador logró traer desde París en el fruto de unas negociaciones internacionales que aprovecharon, en 1941, la debilidad del régimen de Pétain.

Podemos pues aplicar la Ley de Memoria Democrática y devolver a las familias y a los territorios aquellas piezas, libros y documentos que decisiones impuestas en su momento lograron arrancar de sus legítimos propietarios. ¿Lo hará la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, garante del cumplimiento de la ley y representante de los derechos de los ciudadanos de nuestra región?