Presupuestos del Estado insuficientes

Hacemos coincidir otros años la publicación de esta columna con la celebración del aniversario constitucional, texto que marca la obligación de tutela efectiva por parte del Estado sobre el patrimonio cultural de nuestro país. Y, en este caso, más que esa tutela -que es insuficiente a nuestro entender-, nos centramos en la acción directa que el gobierno de la nación tiene sobre los bienes que son de su titularidad. 

Nos preguntamos si los Presupuestos del Estado para 2024 contemplan el patrimonio cultural de Castilla-La Mancha con la necesaria inversión que requiere una aportación estatal a su importancia y significado a nivel nacional.

Cierto es que los apartados son amplios. Así, el Plan de Catedrales tiene como objeto de intervención la catedral de San Juan Bautista en Albacete, la catedral de Santa María del Prado en Ciudad Real, la de Santa María y San Julián en Cuenca, la de Santa María de Guadalajara y la concatedral de Nuestra Señora de Sigüenza. Claro está, que la parte del león se la lleva la dives toledana, o las históricas de Cuenca y Sigüenza.

Del Plan Nacional de Arquitectura Defensiva sabemos menos. Hay decenas de castillos en Castilla-La Mancha que necesitan urgentemente intervenciones de restauración y consolidación, muchos de ellos son particulares, pero la mayoría son de propiedad municipal, y algunos de propiedad autonómica o estatal. 

Sabemos que el de Molina de Aragón se restaura y rehabilita gracias a la localización del nuevo Parador Nacional de Turismo, empresa estatal, pero, sin embargo, el de Maqueda, tras invertir muchos millones de euros e intentar subastarlo, sigue, ahora inutilizado para otros menesteres, en un abandono “controlado”. Gracias al Plan Director de las Murallas de Toledo redactado en el 2011, el Ministerio de Cultura a través del Instituto del Patrimonio Cultural de España ha destinado 9.00.000 € en varias intervenciones que ha realizado en varios tramos de las mismas. 

Otros castillos como el de Montearagón en Huesca que ha recibido del Estado una suma considerable de fondos este año (1.700.000), el de Forna, en la Marina Alta de Alicante (1.000.000), el de Benifairó, en Valencia (200.000) o el de Tabernas (Almería) con 500.000 € de inversión y otros 4.70.040 € se destinan a los castillos de Sagunto (Valencia) Adsubia (Alicante) y Santed (Zaragoza), a tramos de la muralla de Zamora y a otros de la muralla de la puebla de Burgo de Osma (Soria). 

Sería conveniente, al igual que hay un Plan de Catedrales, redactar un convenio entre Castilla-La Mancha y el gobierno central estableciendo planes de actuación, donde intervengan aquellos ayuntamientos en donde se encuentren las respectivas fortalezas y con la diputación correspondiente, junto a un instrumento que agilice los trámites administrativos y permitan intervenir en los casos más urgentes por el estado de ruina del bien y por el valor arquitectónico o histórico que posea. No dudamos que particulares y ayuntamientos contemplarían unas intervenciones que hoy por hoy se posponen año tras año hasta que el castillo, en otro momento señero, sólo muestre los restos de lo que conocieron nuestras generaciones.

Sí que trata por igual el Estado a las ciudades de Santiago de Compostela, Cuenca o Toledo, al establecer su aportación a los respectivos Consorcios de intervención en ciudades patrimonio que cuentan con la figura de Consorcios para gestionar los fondos de inversión, debería, por el tamaño y necesidades de intervenciones, ser la aportación a la ciudad de Toledo mayor que en otras de menor tamaño y entidad. 

Los presupuestos permiten desgravaciones a la inversión en las intervenciones sobre la ciudad Histórica de Toledo, la ciudad Histórica Amurallada de Cuenca, los Bienes incluidos en el Arte Rupestre del Arco Mediterráneo de la Península Ibérica y el Patrimonio del Mercurio en Almadén, incluyéndose por primera vez, el bajo este concepto, el yacimiento arqueológico de La Vega Baja de Toledo, al igual que se contemplará el VIII centenario de la catedral de Toledo como de “interés público especial” a efectos fiscales.

Cierto es que el Estado financia a los museos nacionales del Ejército en Toledo, el de El Greco, de la Cultura Sefardí, también en la capital regional y el del Teatro en Almagro, o los Archivos de la Nobleza en Toledo o de la Marina española en El Viso del Marqués, pero debería incluir, al menos en el de la Cultura Sefardí, la figura que se contempla para otros museos nacionales “Actividades prioritarias de mecenazgo”, que permiten ciertas desgravaciones. Pero, tanto el Sefardí como el de El Greco tienen en los Alamillos del Tránsito la oportunidad de completar sus instalaciones museísticas y no lo hacen, mientras que el Estado invierte en el Nacional de Mérida o el de Tarragona 8 y 7 millones de euros.

Pero (siempre hay un “pero”), hay mucho patrimonio que tutelar, por defecto y subsidiariamente, desde el Estado y que no está atendido convenientemente. El Estado debería por su parte simplificar los cauces de inversión y aunar lo que distintos departamentos (Ministerio de Cultura, 1 % cultural de Transportes, Instituto del Patrimonio Cultural de España, fondos europeos…), pueda aportar a los distintos planes y convenios, y también transparentar la gestión, y hacer memorias anuales de las intervenciones realizadas en cada uno de ellos. 

Por último, llamar la atención sobre el edificio que alberga la Delegación de Hacienda en Toledo, el que se construyó para ser noviciado jesuítico. Si tras el pavoroso incendio que sufrió en 1921 se restauró rápidamente, no entendemos por qué ahora está más de dos años cerrado y sin viso de ser motivo de intervención inmediata. Urge poner manos a la obra en un edificio emblemático que, como el de las Cortes o el Nuncio ayuda a llenar de vida el Casco Histórico de Toledo y que, sin embargo, se ha convertido en un auténtico “agujero negro” de energía negativa.

Hacemos coincidir otros años la publicación de esta columna con la celebración del aniversario constitucional, texto que marca la obligación de tutela efectiva por parte del Estado sobre el patrimonio cultural de nuestro país. Y, en este caso, más que esa tutela -que es insuficiente a nuestro entender-, nos centramos en la acción directa que el gobierno de la nación tiene sobre los bienes que son de su titularidad. 

Nos preguntamos si los Presupuestos del Estado para 2024 contemplan el patrimonio cultural de Castilla-La Mancha con la necesaria inversión que requiere una aportación estatal a su importancia y significado a nivel nacional.