Prolongar la vida de las nucleares traerá más residuos radiactivos a Castilla-La Mancha

El presidente de la Empresa Nacional de Residuos (ENRESA), el político Francisco Gil Ortega, de la máxima confianza de Mª Dolores de Cospedal, ha confirmado la intención del Gobierno del PP de autorizar la prolongación de la vida útil de las centrales nucleares hasta los 50 o 60 años. Esto exigiría un redimensionamiento del Almacén Temporal Centralizado (ATC) proyectado en Villar de Cañas (Cuenca), donde se prevén llevar los residuos nucleares de alta actividad, que ahora saturan las “piscinas” de las centrales nucleares, en tanto no se disponga de un almacén geológico definitivo que deberá gestionar dichos residuos durante miles de años.

Lejos de plantearse dejar de producir estos peligrosos residuos cuanto antes, el Gobierno pretende que se sigan generando para favorecer los intereses de las empresas propietarias de las centrales, sobradamente amortizadas y que les proporcionan extraordinarios beneficios.

Las obras del ATC empezaban esta misma semana con el vallado de los terrenos, pese a que persisten las dudas sobre la idoneidad geológica del emplazamiento y el oscurantismo en torno a los informes que ENRESA dice manejar para sostener que sí lo es. De hecho uno de estos informes, filtrado a un medio de comunicación, detectó la presencia de “dolinas de subsidencia, generadas por la disolución de algunos estratos yesíferos” lo que podría dar lugar a cavidades en el subsuelo.

Este ocultamiento llevó a los opositores del ATC a pedir la dimisión de Gil-Ortega, de quien se cuestiona además su papel en la adjudicación de los concursos de la ingeniería para la construcción del almacén, ya que entre las empresas adjudicatarias figura Iberdrola Ingeniería (IBERINCO), por la que fichó en mayo de 2012 Ignacio López del Hierro, marido de Cospedal, para su Consejo de Administración y que apenas dos meses antes de la adjudicación fue ascendido a miembro de su Comisión Ejecutiva.

Ahora además Ecologistas en Acción reprocha a Gil-Ortega su falta de neutralidad en el debate nuclear y creen que trata de satisfacer los deseos de compañías eléctricas con anuncios como el de la ampliación el cementerio nuclear de residuos de baja y media actividad de El Cabril y la finalización del ATC en 2017, lo cual es más que dudoso dada la complejidad de la obra.

Para los ecologistas estas declaraciones suponen un claro apoyo político a las compañías eléctricas que poseen centrales nucleares y que, en el presente sistema eléctrico, están recibiendo enormes beneficios por la explotación de las centrales ya amortizadas, e inscriben este gesto en las negociaciones entre el gobierno y las eléctricas como compensación por la anulación de la última subasta CESUR.

La vida útil de una central nuclear debiera determinarse por razones técnicas y de seguridad y le correspondería únicamente al Consejo de Seguridad Nuclear determinarlo. Para Ecologistas en Acción ni el Gobierno, ni mucho menos el presidente de ENRESA tienen potestad para garantizar que una central pueda funcionar una o dos décadas más de lo permitido actualmente. Además, apuntan, no hay más que ver el estado en que se encuentran las centrales de más de 40 años para comprender la temeridad que supondría prolongar el tiempo de funcionamiento. En el caso de la central de Garoña (Burgos) los ecologistas recuerdan que es la propia empresa propietaria, Nuclenor, constituida al 50 % por Ibedrola y Endesa, quien ha desistido de continuar con la explotación de la central puesto que debería realizar un gasto de unos 150 millones de euros para mantener la central en funcionamiento. Y, dado su estado, el riesgo de nuevas averías o accidentes resultan disuasorios.