La Junta Directiva de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia de Castilla-La Mancha ha hecho público un comunicado en el que afirma “dar un paso al frente” para defender al presidente de este colectivo, José Luis Gómez-Ocaña, frente a lo que consideran un “acoso personal” por parte del Gobierno de Emiliano García-Page. Recuerdan que durante sus años de existencia, esta Plataforma “ha demostrado su absoluta independencia respecto al color” del Gobierno de Castilla-La Mancha y ha denunciado “con pruebas y documentos oficiales, lo que estaba y está ocurriendo con este colectivo”. Dicho esto, la denuncia pública que ahora realizan se está “perpetrando” en la persona de uno de los hijos de Gómez-Ocaña, gran dependiente.
Refiere en primer lugar el “insulto público” por parte de la directora general de Dependencia, Ana Saavedra, llamando “incívico” al presidente de la Plataforma “únicamente por denunciar públicamente la ilegalidad de las reclamaciones de indebidos a los dependientes”. En este sentido, también acusa a la Junta de haber filtrado a algunos medios de comunicación el expediente de dependencia de uno de sus hijos, algo “intolerable” por vulnerar la Ley de Protección de Datos y que puede suponer “un grave delito”.
Al mismo tiempo, arremete contra Emiliano García-Page por afirmar en el Debate del Estado de la Región que el presidente de la Plataforma le “había pedido favores personales” a los que se había negado. Considera que se trata de un “ataque inaudito de forma personal a un ciudadano”, además de “mentira”. Por el contrario, afirma que Gómez-Ocaña “antepuso su dignidad y honradez” cuando dimitió de su cargo en el Gobierno regional tras seis meses en el mismo.
La Plataforma explica después que el retraso en resolver los expedientes de Dependencia le ha obligado a iniciar un contencioso-administrativo para “defender los derechos de su hijo”. Según afirma y según la documentación remitida a eldiarioclm.es, se le reclaman 2.753,25 euros “por haber tardado el Gobierno 21 meses en resolver su expediente”, cuando cuenta con una prestación reconocida de 258,64 euros mensuales. Además, hace solo unos días recibió un nuevo requerimiento de la Consejería de Hacienda reclamándole esa cantidad, más recargos, por un importe total de 2.890,91 euros y “amenazándole con embargos de no depositar esa cantidad”, cuando todavía no hay ninguna sentencia al contencioso-administrativo mencionado, iniciado por Ocaña.
La Plataforma lo considera una “auténtica vergüenza” solo “comparable a lo que sucedió” con la madre de Jomián Leonel, el niño gran dependiente de 13 años fallecido durante el anterior Ejecutivo, y al que se le reclamaron los 2.300 euros que había utilizado para incinerar a su hijo.
Por todo ello, la Junta Directiva de la Plataforma manifiesta su “basta ya” ante el “intento de silenciar a nuestro presidente y por ende a nuestra asociación, únicamente por sacar a la luz, siempre con documentos oficiales, todo lo que ha sucedido y está sucediendo con este colectivo en Castilla-La Mancha”. Instan a García-Page y a su gobierno a rectificar o le harán “responsable de las consecuencias”.