La sentencia decretaba la semana pasada que el proceso de venta del 52% de la empresa pública 'Aguas de Alcázar' de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) quedaba nulo. Una nulidad que no obstante no quiere decir que el proceso se paralice, sino que la justicia contempla que la forma de llevarse a cabo es nula (por no informar a los partidos de oposición del Pleno municipal como estipula la ley así como por hacerlo por vía de urgencia cuando no estaba justificado hacerlo así), sino que la justicia decreta que no es correcto y que debe reemprenderse. Para que se paralice, la parte demandante (el PSOE local) debe pedir la paralización cautelar del proceso y la ejecución provisional de la sentencia demostrando que seguir con el proceso traería perjuicios al próximo Gobierno local.
A esa sentencia le seguían las valoraciones de los socialistas así como del partido en el poder, el Partido Popular (en coalición con 'Ciudadanos por Alcázar'). Diego Ortega, el alcalde alcazareño, señalaba que esta sentencia “no cambia nada” y que el proceso sigue adelante, que solo se había señalado un mero error en las formas “pero no en el fondo”. Algo que según la Plataforma contra la Privatización del Agua de Alcázar es mentira, acusando una vez más a Ortega de mentir (reiteradamente) y pidiéndole que se marche ya del Consistorio al considerar que ha quedado ya deslegitimado para los poco más de dos meses que quedan de legislatura.
La propia Memoria que se encargaba de regir el proceso de la privatización de 'Aguas de Alcázar' tiene ocho puntos. Los ocho puntos tienen que seguirse paso a paso, uno a uno y aprobándose el anterior para pasar al siguiente. Esos puntos son los siguientes:
- Acuerdo de la Corporación de inicio de expediente de cambio en la forma de gestión
- Redacción de una Memoria con los aspectos sociales, financieros, técnicos y jurídicos de la actividad, la forma de gestión, la previsión de los ingresos y precio de los servicios ofertados y los supuestos de cese de la actividad.
- Acuerdo de Pleno Municipal tomando en consideración la Memoria elaborada y acordando su exposición al público, al menos, durante un plazo de 30 días naturales.
- Nuevo acuerdo del Pleno de la Corporación aprobando definitivamente el Proyecto y la documentación anexa, en el que de forma expresa, previamente, deberán quedar resueltas, en su caso, las alegaciones presentadas a la presente Memoria.
- Remisión del expediente a la comunidad autónoma
- Inicio y trámite del expediente de licitación para la selección del socio privado que ha de suscribir las acciones que representan el 52% del capital social
- Finalizado el expediente, otorgamiento de escritura pública de modificación de Estatutos de la nueva Empresa Mixta, suscripción de acciones por el socio seleccionado, nombramiento de miembros en los distintos Órganos de la sociedad e inscripción en el Registro Mercantil.
- Acuerdo de la Junta General de Aguas de Alcázar S,A. en el que se tome en consideración la modificación de los Estatutos, así como la ampliación de capital aprobada por el Pleno de la Corporación.
Es ese paso 4, el de la aprobación en Pleno, lo que ha quedado anulado, lo que quiere decir que todos los pasos posteriores también quedan anulados. Por tanto, el proceso debe rehacerse desde ese punto y por tanto, según la Plataforma, sí implica cambios en todo el proceso, que no queda paralizado pero sí muy retrasado. Ahora quedan pendientes las alegaciones que se puedan hacer a la sentencia ya que no es firme, pero la resolución de esas alegaciones llegarán, como pronto, para final de año, por lo que será un nuevo gobierno local el que se encargaría de esa gestión.
La Plataforma también ha pedido a Ortega que “deje de derrochar. Que no cause más daño ni más perjuicios ni más gastos al Ayuntamiento y a los vecinos. Que detenga la sangría económica que está sufriendo nuestro pueblo. Que no hipoteque más la tarea del futuro nuevo equipo de gobierno”. También han añadido “que respete y diga la verdad y que deje ya su soberbia y su prepotencia”.