La delegaciones provinciales del Gobierno de Castilla-La Mancha ya no podrán realizar labores de contratación pública en esta comunidad autónoma. Supone una reestructuración de las funciones de estas administraciones provinciales, encargadas de coordinar la acción política en cada territorio y de asegurar el cumplimiento de las leyes, decretos y disposiciones del Ejecutivo regional.
Así lo publica el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) a través de una resolución de la Secretaría General de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital. En este documento se revoca la delegación de competencias en materia de contratación que se realizó en 2020. Fue el año en el que estalló la pandemia de COVID-19. Entonces se permitió realizar contrataciones a los delegados y delegadas provinciales.
El objetivo de esa delegación de hace cuatro años era lograr “una mayor celeridad, eficacia y simplificación de los trámites de los procedimientos de compra pública de bienes y servicios, mediante ”la descentralización del ejercicio de las competencias en esta materia“.
Con ello, se permitía a las delegaciones provinciales ejecutar contratos de obras con un valor estimado inferior a 80.000 euros, así como contratos de suministro y servicios cuyo coste estuviera por debajo de 35.000 euros.
Esa resolución de 2020 se derogó hace un año tras la composición del nuevo Gobierno de Castilla-La Mancha, y la nueva estructura orgánica y competencias de la Consejería. Pero en el texto se apuntaba que las competencias seguían siendo válidas hasta que fueran expresamente revocadas“.
Es una “adaptación a la normativa vigente”
Ahora es cuando se revocan esas funciones y se revierte el proceso. Fuentes de este departamento explican a elDiarioclm.es que esta decisión no está relacionada con ningún hecho puntual en materia de contratos públicos en las delegaciones provinciales sino que es “una adaptación a esa normativa vigente”.
En la resolución que ahora revoca esa decisión publicada en el DOCM, el Ejecutivo explica que en atención a la “cada vez mayor especialización” que se demanda a los funcionarios que tramitan expedientes de contratación pública y a su “necesaria profesionalización”, resulta “conveniente” que la totalidad de los contratos sean tramitados por personal de la Oficina de Contratación de la comunidad autónoma.
Este último es el órgano técnico especializado en materia de contratación pública y al que corresponde, entre otras funciones, el apoyo administrativo y técnico a la Secretaría General de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital en el ámbito de la contratación pública.
Añade que dada la conveniencia de su tramitación por la citada oficina resulta “oportuno revocar” la delegación de competencias que se había efectuad, de tal forma que las competencias incluidas en la misma “retornan de nuevo” a la Secretaría General de Hacienda de la Consejería, es decir, vuelven a centralizarse.