Page no logra revertir todos los recortes sociales de Cospedal después de dos legislaturas

En su primer discurso de investidura en 2015, tras arrebatar el Gobierno de Castilla-La Mancha a María Dolores de Cospedal en virtud de un acuerdo con Podemos, Emiliano García-Page afirmó que nunca haría mención a la “herencia” de la entonces también secretaria general del PP. Más o menos lo ha cumplido porque son escasas las citas en sus declaraciones que realiza acerca de la expresidenta, exministra y número dos del PP nacional. Pero sí lo han hecho los miembros de su gobierno y del PSOE de manera continua, para referirse a los recortes que realizó en la comunidad autónoma y a la reversión de los mismos.

Durante esa legislatura, la maquinaria se puso en marcha con rapidez en áreas consideradas urgentes como la sanidad y los servicios sociales. Después, durante su segundo mandato, se han sucedido otras variables que han marcado la agenda social: García-Page logró la mayoría absoluta, Podemos salió del Gobierno, llegó la pandemia de COVID-19, la guerra en Ucrania y la inflación. Pese a todo ello, el presidente siempre ha insistido en que la región ha sabido sobreponerse y en que está “económicamente fuerte”.

Pero la cuestión ahora, a seis meses de las próximas elecciones autonómicas y en materia social, es: ¿se han superado los polémicos recortes de la era Cospedal en sanidad, educación y servicios sociales? Fueron muchos, muy rápidos y con mucha huella. Por eso, tras dos legislaturas, repasamos con los departamentos del Ejecutivo, con los colectivos sociales y con los sindicatos, en qué estado se encuentran estos sectores actualmente.

Sanidad: del adiós a las privatizaciones a la pandemia y la carrera profesional

Una de las primeras decisiones del Gobierno regional en 2015 fue paralizar los procesos de privatización de cuatro áreas sanitarias que el PP había dejado por escrito: Manzanares, Villarrobledo, Tomelloso y Almansa. Fue el inicio de una carrera de fondo que también ha incluido con los años la eliminación del copago de los pensionistas en la compra de medicamentos y ofertas públicas de empleo con 8.619 plazas (Cospedal no convocó ninguna en cuatro años).

La Consejería de Sanidad también destaca que ante la paralización de la formación de sanitarios llevada a cabo en la legislatura 2011-2015, se han ofertado 368 plazas MIR y también 98 para Enfermería residente. Y en materia de infraestructuras sanitarias, Castilla-La Mancha ha pasado de las paralizaciones de las obras a las inauguraciones. Ya están funcionando los nuevos hospitales de Toledo y Guadalajara y prosiguen las obras de los Hospitales de Cuenca, Albacete y Puertollano.

Respecto a los Fondos de Cohesión del Ministerio de Sanidad, hay que explicar que hasta hace dos años, Castilla-La Mancha tenía que aportar alrededor de 20 millones de euros al año para que los pacientes de la comunidad fueran atendidos en otros servicios de salud. Ahora los 20 millones de euros ya no se pagan, se ingresan, porque en la región se atiende a pacientes de otras comunidades.

La llegada de la pandemia de COVID-19 frenó en seco muchos de estos avances. Castilla-La Mancha fue una de las regiones más castigadas por el coronavirus debido a la elevada edad media de su población y su gran número de residencias de personas mayores. Todos los esfuerzos se volcaron ahí. Después, la recuperación de la Atención Primaria se ha convertido en un caballo de batalla, al igual que el mantenimiento de los contratos del personal sanitario que se contrató de manera excepcional debido a la crisis, cuya prórroga ya ha anunciado Page hasta junio de 2023.

Desde el Sindicato de Enfermería SATSE valoran el “esfuerzo” realizado por el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) y el Gobierno regional en la recuperación de los derechos perdidos desde 2012, pero destacan que aún queda por hacer. Se refieren concretamente a la recuperación de la carrera profesional para el personal fijo y eventual que trabaja en el Servicio de Salud y que se suspendió con Cospedal.

Además, consideran que la adecuación de las plantillas de enfermeras, fisioterapeutas y enfermeras especialistas al número necesario para poder prestar unos cuidados de calidad “aún no se ha materializado”. Quieren acercarlos a las ratios medias propuestas por la OCDE y países de nuestro entorno (seis enfermeras por cada 1.000 habitantes) y para ello “es necesario incrementar las plantillas”.

Coincide el sector de la Enfermería con el área de Servicios Públicos de CCOO, donde también valoran los avances que destaca la Consejería de Sanidad, pero subrayan como asignatura pendiente recuperar la mencionada carrera profesional, “promesa electoral de las dos legislaturas de este gobierno, pero que aún no se ha recuperado, y ni siquiera está prevista su recuperación en los presupuestos del año que viene”.

Por otra parte, la sanidad de Castilla-La Mancha se encuentra “en un momento crucial” para el sindicato CSIF: “Gravemente tensionada y llevada al límite” por la pandemia, sufre “graves carencias crónicas que el actual Ejecutivo autonómico no ha sido capaz de solventar”. Argumentan fuentes de este sindicato que se ha demostrado que todas las contrataciones llevadas a cabo por la COVID-19 eran necesarias, y sin embargo la plantilla orgánica del SESCAM se mantiene muy por debajo de los niveles asistenciales demandados y establecidos por normativa de ratios.

A ello suma que la Atención Primaria está “herida de muerte, absolutamente colapsada” por falta de efectivos y sustituciones que provocan citaciones a más de quince días y agendas interminables con más de 60 pacientes al día. “Este colapso de la primera línea asistencial provoca sobrecarga en las Urgencias y en todos los servicios hospitalarios”, recalca CSIF, que también reclama la recuperación de la carrera profesional. “El Ejecutivo de la región ha faltado a su palabra para acabar verdaderamente con todos los recortes, realizados tanto por su Gobierno como el anterior”, concluye.

Fernando Peiró, responsable de Sanidad de UGT-Servicios Públicos, pone también el acento en la carrera profesional. “Este sistema es un verdadero reconocimiento al trabajo que realizamos los sanitarios, un complemento salarial que solo Castilla-La Mancha sigue sin aplicar, lo que representa un agravio comparativo con respecto al resto de comunidades autónomas”.

Educación: ¿Y las horas lectivas y las ratios?

El personal docente de la educación pública no universitaria fue uno de los más movilizados durante la legislatura de Cospedal. Buena parte de este sector sigue considerando que, pese a los avances, no hay reversión de recortes tras tres consejeros ocupando esta cartera autonómica. La Consejería de Educación destaca ante todo el incremento presupuestario en esta área: un 19% del presupuesto total de la Junta para recuperar la educación pública. El gasto por alumno se ha incrementado un 168% desde 2015 y un 31% desde 2019; y frente los 6.000 docentes que despidió Cospedal, se han contratado 4.445 en los últimos ocho años.

También destacan las cinco convocatorias de empleo público para el Cuerpo de Maestros y Enseñanzas Medias, la reducción de una hora lectiva al profesorado en Secundaria y Bachillerato, la nueva regulación de días libres a disposición de los docentes, la recuperación en su totalidad de la merma salarial del 3% aplicada a los empleados públicos en la legislatura 2011-2015, el aumento de las ayudas de libros de texto en un 364% y la recuperación de las destinadas a comedores escolares.

Desde CCOO valoran estas medidas así como la recuperación del Acuerdo de Itinerancias, acordado por unanimidad con las organizaciones sindicales. Las sombras, no obstante, están en las horas lectivas del profesorado de Secundaria y Bachillerato. Consideran que falta llegar a las que había antes de Cospedal: 18 en Educación Secundaria y 23 en Primaria. “Además, los apoyos en Educación Infantil siguen sin recuperarse y la reducción de la carga lectiva para mayores de 55 años, tampoco se ha recuperado”.

En cuanto a la reducción de las ratios de alumnado por profesor, este sindicato recuerda que la de Bachillerato se ha bajado en el actual curso de 35 a 30 alumnos/as por aula como máximo, pero el Decreto de ratio sigue manteniendo a 35 el alumnado en Bachillerato.

Más crítico es el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza (STE), donde apuntan que después de dos legislaturas, García-Page “apenas si ha revertido los recortes en educación”, mientras que en otras comunidades como Extremadura “se han recuperado las condiciones laborales del profesorado anteriores a la crisis”.

“Castilla-La Mancha sigue siendo una de las comunidades donde no se ha restablecido el gasto en educación previo a los recortes y las condiciones laborales de los docentes son las peores de todo el Estado. No se han bajado las horas lectivas, que supusieron la expulsión del sistema público de enseñanza de más de 5.000 docentes cuyo trabajo tuvieron que asumir el resto de compañeros; y no se han bajado significativamente las ratios en las aulas para atender la creciente diversidad del alumnado con dificultades. Al mantener estas medidas, tomadas en años de crisis y bajo la premisa de ser provisionales, este gobierno, de alguna manera las asume y por tanto tiene tanta responsabilidad como aquellos que las llevaron a cabo”, sostiene este sindicato.

Coincide con ello Martín Navarro Sánchez, presidente de ANPE Castilla-La Mancha: “Son muchas las mejoras pendientes para la enseñanza pública y su profesorado, y muchos los recortes en educación que no se han revertido todavía, pasada una década desde que se produjeron”. Se refiere también con ello a las horas lectivas, las ratios, la mejora pacto de docentes interinos y el abono del periodo del verano a aquellos con vacante, la reducción de la burocracia y el compromiso de aprobar amplias ofertas de empleo público.

En estas dos legislaturas se han perpetuado los recortes que lleva sufriendo la enseñanza pública de Castilla-La Mancha desde hace diez años

“Ha habido que aguardar hasta finales de esta segunda legislatura, próxima ya a las elecciones en Castilla-La Mancha, para recuperar la voluntad de diálogo entre la Consejería de Educación y los representantes del profesorado y comenzar así a alcanzar acuerdos, que aunque de manera parcial”, añade.

UGT señala por su parte las mismas peticiones y añade que no se ha abordado el reconocimiento de labores que precisan más periodos en el horario de los docentes como tutorías, coordinaciones, programas o equipos directivos. En este sindicato también discuten que los medios de atención a la diversidad asignados a los centros educativos sean suficientes, ya que observan falta de estos recursos humanos en general en el sistema educativo.

Finalmente, CSIF resume: “En estas dos legislaturas se han perpetuado los recortes que lleva sufriendo la enseñanza pública de Castilla-La Mancha desde hace diez años”. Señala este sindicato que mientras que en el resto de comunidades las condiciones laborales de los docentes han mejorado, en la región “seguimos en el furgón de cola” en horas lectivos, condiciones de interinos, ratios, burocracia y carga lectiva. “Es muy evidente que el Gobierno de Castilla-La Mancha no apuesta decididamente por la enseñanza pública”.

Servicios Sociales: de la Dependencia a los salarios

Las políticas relacionadas más directamente con el bienestar social son las más difíciles de medir y contrastar. Son integrales y confluyen en ocasiones con otras áreas de Gobierno. Con carácter general, la Consejería de Bienestar Social resalta que el presupuesto para políticas de atención social asciende a 925,9 millones de euros para 2023, un 52,4% más que en 2015 y sumando 318 millones de euros más de presupuesto en dos legislaturas. Igualmente, subraya que en 2022 se han dedicado 586 millones de euros al Sistema de Atención a la Dependencia, un 57% más que en 2015.

Además, actualmente el Observatorio de la Dependencia otorga un 8,1 a Castilla-La Mancha en la valoración de esta gestión frente al suspenso con 4,6 que obtuvo durante el mandato de Cospedal Se ha reducido en un 92% la lista de espera y se han eliminado las “tasas de la vergüenza” que incluyó Cospedal para las personas dependientes.

Con una de las redes públicas residenciales más amplias del país, a su financiación se destinan 225 millones de euros al año, un 16,5% más que en 2015, cuando se destinaban 193 millones de euros. Y además, recalca esta Consejería que en 2021 se concedieron más de 43.000 prestaciones sociales entre Ingreso Mínimo Vital, Ingreso Mínimo de Solidaridad, ayudas de emergencia social, ayudas contra la pobreza energética y ayudas para el mantenimiento de condiciones básicas frente al recorte del 60% en Servicios Sociales a los ayuntamientos, la reducción del 70% de políticas de inclusión y la inseguridad e incertidumbre en el Tercer Sector por parte del PP.

El STAS, uno de los sindicatos más críticos con este sector, considera que el Gobierno de Page ha continuado “con el mismo modelo de gestión” de los servicios sociales que Cospedal. “La propuesta de colaboración público-privada por la que apuesta sin rubor el Gobierno regional, (ya sea con una privatización directa, con una externalización de servicios o con una entidad del tercer sector), significa un claro retroceso y volver a situaciones de desregulación y discrecionalidad que creíamos ya superadas”, afirman fuentes de este sindicato.

En su opinión, la “fallida” Ley de Servicios Sociales de la región, que “protege programas de intervención pero no figuras profesionales”, sigue permitiendo el “desmantelamiento” del sistema público “sin necesidad de cambiar ni una coma”. Añade que Castilla-La Mancha continúa siendo de las pocas autonomías (junto a Madrid) en las que no existe una renta básica (antes llamada Ingreso Mínimo de Solidaridad), el “único que protege a personas y familias cuando no tienen rentas de ningún tipo y tampoco pueden acceder al Ingreso Mínimo Vital”.

“Las políticas de servicios sociales se dirigen cada vez más a culpabilizar a las personas de su propia situación económica, incidiendo en los que cada cual puede hacer para salir de su situación de exclusión, ignorando las razones estructurales que les mantienen así. Desde la Atención Primaria se sigue viendo cómo se les niega la gestión directa de servicios y programas y la contratación de profesionales suficientes, mientras que cada vez más empresas gestionan estructuras paralelas de atención con subvenciones desorbitadas”, recalca.

La revolución de los cuidados que a raíz del paso de la pandemia por las residencias de mayores parecía que se iba a producir no se ha hecho realidad

CCOO también resalta la supresión del IMS, pero pone el foco en que aún hay 8.000 personas pendientes de prestación o pendientes de valoración en el sector de la Dependencia. Apunta asimismo que en la gestión de la dependencia y mayores “partíamos en 2015 de una situación alarmante, en el sector de residencias como impagos por parte de la Junta, modificación a la baja de ratios, falta de personal o listas de espera inconcebibles”. Mientras que los pagos se han regularizado y las listas de espera van mejorando, la “revolución de los cuidados” que a raíz del paso de la pandemia por las residencias de mayores parecía que se iba a producir “no se ha hecho realidad”.

Esther Soto, responsable del sector Sociosanitario de UGT Servicios Públicos, denuncia, por un lado, que el personal de Servicios Sociales mantiene unos salarios muy bajos: este sindicato ha llevado a los tribunales su falta de actualización. Y, por otra parte, avisa de la “clara falta de personal” que sufre el sector.

“Lo podemos comprobar en numerosas residencias de mayores, cuyos ratios no permiten ofrecer una atención de calidad a los usuarios. Exigimos unos ratios acordes a las necesidades de cada centro y no que ir a trabajar represente una auténtica situación de estrés para los profesionales”.

Finalmente, el Colegio Oficial de Trabajo Social de Castilla-La Mancha considera que “hay derechos que se han perdido que no se han recuperado” y los servicios sociales “no están preparados para dar respuesta a la necesidades y realidades del momento”. “Hace falta más trabajo comunitario y menos trabajo burocrático. El Tercer Sector se encuentra estancado en la modificación que se realizó hace 10 años y no ha evolucionado desde entonces. Hace falta desarrollar la Ley de Servicios Sociales en varios de sus artículos y se necesita una respuesta global tanto de la Administración pública como del Tercer Sector a las personas más vulnerables y con menos oportunidades, en una sociedad cada vez más excluyente”.