El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha destacado hoy que esta comunidad autónoma ya destina “uno de cada cuatro euros” de su presupuesto a combatir “de manera directa o indirecta” la despoblación.
Sus palabras han coincidido con la presencia, este martes en la sede de la en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), del vicepresidente primero del Gobierno autonómico, José Luis Martínez Guijarro, para explicar las medidas contra la despoblación puestas en marcha en el territorio castellanomanchego, incluida una ley propia para afrontar el reto democrático con resultados todavía inciertos, aunque Page asegura que “ya está empezando a corregir” este fenómeno.
Ante la OCDE, el número 2 del Gobierno de García-Page ha aprovechado para apuntalar el mensaje de rechazo del modelo de financiación autonómica que propone el Gobierno de España. En particular dice - según ha contado a EFE- que la financiación “singular” negociada para Catalunya es “incompatible” con la cobertura de las necesidades de territorios rurales y despoblados, donde el coste de los servicios públicos es mayor. En su opinión, si ese sistema para Catalunya se impone, y cree que “no será así”- sería “a costa de que haya menos financiación para el resto de las comunidades”.
No solo se mantiene el argumento repetido en las últimas semanas relativo a que los impuestos que se cobran en un determinado territorio “no pertenecen a ese territorio, pertenecen al conjunto del Estado” y “se tienen que distribuir en función de unos criterios” que tengan en cuenta “el sobrecoste que tiene la prestación de los servicios en las zonas afectadas por despoblación”, sino que según un estudio propio del Gobierno de Castilla-La Mancha una tarjeta sanitaria en Molina de Aragón (Guadalajara) llega a costar a la Administración hasta cinco veces más que en Guadalajara capital y un alumno del sistema educativo en esa misma localidad, una de las zonas más despobladas de la región, le cuesta a la Junta castellanomanchega tres veces más que en Guadalajara ciudad.
Castilla-La Mancha, miembro de una red internacional de regiones contra la despoblación
El Gobierno de Castilla-La Mancha participará como miembro activo en la red de trabajo internacional de regiones impulsada desde la OCDE para poner en común las medidas que se están llevando a cabo en aquellas regiones donde afectadas por la despoblación.
Martínez Guijarro ha avanzado que la región trasladará todas las buenas prácticas que se están impulsando en este territorio para hacer frente al reto demográfico tras participar en una jornada de trabajo en la que, ante representantes de la OCDE y de regiones de Canadá, Corea del Sur y Rumanía, ha expuesto las medidas y los resultados de la Ley de Despoblación de Castilla-La Mancha tres años después de su aprobación que dejan, entre otras cifras, un saldo migratorio positivo que suma 11.368 habitantes en aquellas zonas más despobladas de la Comunidad Autónoma.
La sesión desarrollada hoy en París ha comenzado con la reunión para tratar la cooperación entre Castilla-La Mancha, España, y la OCDE y en la que ha estado presente también el embajador de España en la OCDE, Ximo Puig, y el representante permanente de la delegación de España ante la OCDE, Manuel Montobbio.
Seguidamente, el vicepresidente ha podido mostrar las medidas de Castilla-La Mancha en una exposición que han seguido online representantes de regiones de Canadá, Rumanía y Corea del Sur que están haciendo frente al reto demográfico, donde “hemos podido trasladarles todas las iniciativas de garantía de servicios públicos, apoyo a emprendedores o medidas fiscales, diseñadas para apoyar a las personas que viven en estos territorios”.
Se está trabajando en el diseño de las Agendas de Desarrollo Urbano y Rural para cada una de las 26 zonas delimitadas y catalogadas como despobladas en la región
Tras esta intervención y una vez intercambiado experiencias con los representantes de Rumanía, Canadá y Corea del Sur, que han trasladado brevemente sus problemas demográficos, Martínez Guijarro ha reiterado que el coste de la prestación de los servicios públicos es muy superior al coste en las áreas urbanas.
En este sentido, el vicepresidente primero ha apelado a que el nuevo modelo de financiación autonómica tenga en cuenta ese coste efectivo en las zonas rurales para que se pueda seguir apostando por la garantía de esos servicios en estos territorios.
Ha avanzado que ya se está trabajando en el diseño de las Agendas de Desarrollo Urbano y Rural para cada una de las 26 zonas delimitadas y catalogadas como despobladas en la región, con el fin de bajar la lupa a cada uno de esos territorios para identificar los problemas específicos de cada una de estas zonas. El objetivo, ha dicho, es tanto reconocer los estrangulamientos como identificar las fortalezas para poner en marcha medidas más singulares.
Asimismo, ha recordado que el próximo año 2025 se hará una revisión intermedia de la Estrategia Regional frente a la Despoblación, la principal herramienta de aplicación de la Ley de medidas contra la Despoblación aprobada en el 2021.