La futura Ley LGTBI de Castilla-La Mancha tendrá en cuenta el amplio medio rural
El amplio medio rural y la “multiplicidad de desigualdades” son los dos principios generales sobre los que se asentará el anteproyecto de Ley LGTBI que ya ha comenzado a elaborar el Gobierno de Castilla-La Mancha. Entidades, asociaciones y particulares ya pueden participar en la consulta pública previa de la futura normativa, cuyo objetivo primordial será garantizar los derechos de igualdad en todos los ámbitos y en el reconocimiento político e institucional de un colectivo que lleva años demandando esta ley.
Como referente de inicio de los trabajos se encuentra la Ley de Igualdad de Castilla-La Mancha aprobada en 2010, que establece el marco normativo en igualdad de género y que deja el camino abierto para combatir otras formas de discriminación. El Gobierno regional recuerda que desde la pasada legislatura se han puesto en marcha medidas de actuación como el acceso gratuito a técnicas de reproducción asistida a todas las mujeres independientemente de su orientación afectivo-sexual, así como un protocolo de actuación con menos trans y sus familias en el ámbito educativo, sanitario y social.
Ahora, con la nueva ley, el objetivo es garantizar plenamente la igualdad real y efectiva y los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales, para prevenir y eliminar cualquier discriminación derivada de la orientación e identidad sexual o expresión de género.
“Es necesario proteger a las personas frente a todo tipo de discriminación, para lo cual se deben reconocer sus derechos y garantizar una actuación integral desde los todos los ámbitos” de competencia autonómica, apunta el Ejecutivo. Habla así de un “reconocimiento social” que debe plasmarse “de forma interseccional” debido a la heterogeneidad y diversidad de la población de Castilla-La Mancha, tanto en entornos urbanos como rurales.
Precisamente, considera que esa proyección interseccional en las políticas LGTBI es imprescindible ya su población sufre “multiplicidad de desigualdades” que, a su vez, generan nuevos tipos de discriminación.
Con la normativa se buscará también la sensibilización de la sociedad castellanomanchega hacia la diversidad sexual, especialmente en el medio rural; así como la detección, protección, atención integral y reparación del daño a las víctimas de delitos de odio y discriminación por razón de orientación e identidad sexual y/o expresión de género.
Otro objetivo será su “reconocimiento y apoyo institucional” para garantizar la igualdad de trato y oportunidades en todos los ámbitos: civil, laboral, sanitario, educativo, económico, cultural, deportivo o de orden público, así como en todas las etapas de la vida. En ese camino, cumplirá un papel fundamental “contribuir a la superación de los estereotipos que afectan negativamente a la percepción social e institucional” de las personas LGTBI y en “la aceptación de la diversidad como un valor añadido”.
Esta semana, la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, ha tenido la primera reunión de trabajo con entidades de la región con motivo del inicio de la consulta pública previa para la redacción de la futura ley. Asistieron Bolo-Bolo Castilla-La Mancha, Asociación WADO LGTBI CLM, Colectivo Abanico, Asociación Plural Mancha Centro, Amparo LGTBI+, Asexórate, EACEC, Familias TRANSformando CLM, Euforia Familias Trans-Aliadas, LGTBora y Fundación Triángulo. Almansa Entiende y El Colectivo Las Quijotas de Villarrobleado han excusado su presencia, pero también formarán parte del grupo de trabajo.
Al encuentro también asistió la periodista y activista María José Hernández, perteneciente al Consejo Director del Instituto de la Mujer, y la delegada de Igualdad en Toledo, Nuria Cogolludo.
Una ley participada
La consejera les ha pedido que este proceso que se abre “sirva de cohesión para trabajar la ley, todas y todos a una, mediante la formación de un grupo de participación y trabajo” que ya ha quedado constituido.
A lo largo de la reunión, cada entidad expuso sus propuestas para garantizar los derechos de las personas LGTBI en ámbitos como la salud sexual y reproductiva, la incorporación de la perspectiva del reto demográfico, el reconocimiento de la diversidad y heterogeneidad familiar, así como otras propuestas relacionadas con la cultura, el deporte, la migración, la cooperación internacional, la protección contra los delitos de odio y discriminación por orientación, identidad sexual y/o expresión de género o que la ley tenga en cuenta el alto índice de ruralidad en una región extensa como Castilla-La Mancha.
En las próximas semanas seguirá el contacto con agentes sindicales y grupos parlamentarios para escuchar otras propuestas que enriquezcan el trabajo de consenso.