Claves del pacto para menores migrantes de Canarias y Euskadi: menos concreta que la del Estado y apela a la solidaridad

La falta de acuerdo político ha llevado a terminar 2024 sin una respuesta al bloqueo de 5.600 menores migrantes en Canarias. Los bandazos del PP y el tira y afloja entre administraciones han impedido al Estado y al Gobierno canario sacar adelante la reforma de la Ley de Extranjería, que permitiría establecer un traslado obligatorio de niños y adolescentes desde las islas hacia el resto de comunidades autónomas. Aunque las regiones gobernadas por el PP han rechazado la fórmula, el Ejecutivo autonómico no ha dejado de culpar al Gobierno central y plantea junto a Euskadi una medida alternativa fundamentada en la “solidaridad” y la “corresponsabilidad territorial”, dos principios que ya han fracasado en los últimos años.

El presidente canario, Fernando Clavijo, y el lehendakari, Imanol Pradales, presentaron su plan un día antes de la Conferencia de Presidentes celebrada en Santander. Este martes, el texto ha sido remitido a todos los líderes autonómicos. Aunque el reparto obligatorio lleva paralizado desde julio, Clavijo y Pradales piden que se active un mecanismo “extraordinario” en un plazo máximo de tres meses que permita distribuir a los menores y aliviar el colapso de los recursos de las islas “con la figura jurídica oportuna”, sin especificar cuál sería.

El borrador, al que ha tenido acceso este periódico, propone “garantizar un reparto equilibrado, coordinado, ordenado y justo” entre las comunidades y “una memoria autonómica” que lo soporte. Después, piden que sea la Conferencia Sectorial de Infancia la que “retome un debate más sosegado” sobre los criterios de distribución. Para Canarias y Euskadi, estos deben ser la población total, la población acogida (media de menores acogidos por cada 100.000 habitantes en los últimos seis meses), el PIB per cápita, el desempleo y la solidaridad (número de menores acogidos en los últimos años). 

El Ministerio de Juventud e Infancia ya ha calculado a cuántos menores podría recibir cada autonomía en función de su población. El documento del que ha partido el Gobierno central para negociar con el PP la reforma de la Ley de Extranjería  plantea que el número óptimo de plazas en el sistema de protección de menores en el conjunto de España sería de 23.597 plazas estructurales. 

La ratio que maneja el Estado es de una plaza por cada 2.250 habitantes. De esta manera, Cataluña (4.651 plazas óptimas), Andalucía (3.839) y Madrid (3.137) son las regiones que podrían tener una capacidad de acogida mayor, de acuerdo con los datos censales más actualizados. Por su parte, Canarias tendría que contar con 1.063 plazas frente a las más de 5.000 que tiene en la actualidad y Ceuta tendría un cupo de 82 jóvenes sin referentes familiares frente a los 470 que atiende.