Las electrocuciones de aves vuelven a los tribunales tras miles de rapaces muertas en una línea de “sangriento historial”
Hace ya cuatro años que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) emitió dos sentencias que, por primera vez, corroboraban la responsabilidad de las compañías eléctricas frente a los daños que ocasionan los tendidos a las aves. Asimismo, dejaba clara la obligación de adoptar medidas de corrección de aquellas instalaciones que causen electrocuciones a la fauna. Suponía entonces un paso judicial decisivo tras la muerte de 33.000 rapaces cada año en España, según datos de SEO/Birdlife. Estas decisiones judiciales condenaron a Iberdrola a pagar casi 400.000 euros por la electrocución de dos águilas imperiales y otra perdicera, especies con gran nivel de protección.
No es la única jurisprudencia. Una sentencia del Tribunal Supremo de 2021 declaraba también que las electrocuciones de aves pueden producirse en cualquier momento, tanto dentro como fuera de las zonas de protección, y que debe darse prioridad “a la protección de avifauna también como una cuestión de seguridad industrial”. No obstante, ha habido otras denuncias desestimadas al no apreciar los juzgados indicios de criminalidad.
Aunque muchas compañías han ido adaptando desde entonces sus tendidos eléctricos, sobre todo las torretas (los denominados “apoyos”), no ha sido suficiente ni se ha hecho de manera urgente. Águilas imperiales, perdiceras y culebreras, búhos, cigüeñas y todo tipo de rapaces siguen muriendo electrocutadas. Estas torretas son ubicaciones ideales para ellas. Desde allí realizan el avistamiento de sus presas e incluso regresan a ellas para comer una vez realizada la caza. Es más, los conservacionistas aportan datos que demuestran que su ausencia o escasez es lo que favorece que haya plagas de conejos y de córvidos, algo “ue acaba alterando de manera drástica el equilibrio en los ecosistemas y provoca, además, graves daños a la agricultura.
Solo en la provincia de Albacete han muerto 2.300 aves de este tipo en diez años. Son datos recabados por la Asociación para la Defensa de la Naturaleza del Sur de Valencia (ADENSVA) que ha decidido interponer una querella en los Juzgados de Alcaraz, en esta provincia, por la última electrocución de un águila imperial, especie en peligro de extinción.
La querella se dirige contra las mercantiles IDE Redes Electricas Inteligentes, S.A.U y contra la empresa matriz Iberdrola, S.A, así como los máximos directivos de la empresa distribuidora en Castilla-La Mancha. También contra los ingenieros de plantilla que vienen certificando en las inspecciones trianuales que se presentan ante el Servicio de Industria, donde se manifiesta que la línea no presenta deficiencias desde el punto de vista medioambiental. La asociación querellante busca que se impute igualmente a los funcionarios que no habrían rechazado las inspecciones según el artículo 329 del Código Penal por prevaricación ambiental.
En concreto, la querella se ha interpuesto por la “desatención” de múltiples requerimientos realizados por la Administración castellanomanchega tendentes a la adecuación total de la línea con “un largo y sangriento” historial de aves electrocutadas.
La querella, a la que ha tenido acceso elDiario.es de Castilla-La Mancha, pide la imputación de la empresa de distribución y de la compañía matriz apelando a los artículos 326bis y 334 del Código Penal. En el primer caso, por la explotación de instalaciones con “actividad peligrosa” que puedan causar daños a animales o “perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales”. Y en el segundo caso, por destruir o alterar gravemente el hábitat de especies protegidas de la fauna silvestre.
Un “historial de electrocuciones”
La línea en cuestión transcurre por el centro-sur de la provincia de Albacete, atravesando parajes de enorme importancia medioambiental, y que cuentan “con una biodiversidad cada vez más escasa”; hecho “motivado en gran parte por esta mortalidad de aves”. La asociación explica que el tramo “acumula un historial de electrocuciones de aves, cuya máxima gravedad viene determinada por la electrocución de otras águilas imperiales anteriormente y de otras aves”.
La Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Albacete ha cursado hasta 11 requerimientos exigiendo a su responsable la corrección total de la instalación (570 apoyos aproximadamente) mediante la adopción de medidas de protección para la avifauna. Sin embargo, apunta la asociación denunciante, la empresa sólo atiende tales requerimientos con “correcciones parciales de escasos postes eléctricos”, mientras “un goteo constante de electrocuciones resta capacidad a los ecosistemas que atraviesa la instalación, privándolos de las especies más capacitadas para preservar el necesario equilibrio en el medio natural”.
Muchos de los territorios que atraviesa la línea forman parte de zonas de especial protección para las aves en la provincia de Albacete, motivo por el cual “su adecuación debió realizarse de forma prioritaria”. “A pesar de diversos expedientes sancionadores de la administración, las multas de escasa cuantía motivan que la empresa no se vea suficiente presionada para acometer la necesaria adecuación de la línea”.
Iberdrola no comparte esta visión. Confía en que “también en esta ocasión”, como en el caso de otras denuncias anteriores, se aprecie que no hay indicios de criminalidad en las “desafortunadas” electrocuciones producidas en instalaciones eléctricas. Fuentes de la compañía indican a elDiario.es de Castilla-La Mancha que ha dedicado importantes recursos desde hace años a la adopción de distintas medidas para minimizar el riesgo de electrocución o colisión de aves en líneas eléctricas. Según detallan, no solo contemplan la adaptación de los apoyos a las prescripciones técnicas exigibles conforme a la normativa aplicable, sino también la investigación de “soluciones innovadoras con nuevos materiales que garanticen una mayor protección para las aves”.
La compañía realiza todas las actividades de operación y mantenimiento de sus líneas con estricto cumplimiento de la normativa aplicable
Estas fuentes señalan que la compañía realiza todas las actividades de operación y mantenimiento de sus líneas con “estricto cumplimiento de la normativa aplicable”. Adicionalmente, viene desarrollando un plan para la adaptación de todas las líneas identificadas por el órgano ambiental autonómico. “Estos trabajos se ejecutan por personal altamente cualificado y la mayoría de las adaptaciones se llevan a cabo con la línea en funcionamiento de tal forma que se mantiene la continuidad del suministro eléctrico”.
De igual forma, Iberdrola avanza que seguirá actuando y dedicando recursos técnicos y financieros a la adopción de medidas de distinta índole orientadas a la protección de la avifauna, si bien demanda contar con unos “criterios de priorización adecuados” que garanticen que se actúa de manera prioritaria en aquellos apoyos en los que con mayor probabilidad pueden producirse electrocuciones. La empresa, comentan las mismas fuentes. está colaborando con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para que, por parte de investigadores especialistas en esta materia, se determinen los criterios en base a los cuales puede priorizarse la adaptación de apoyos.
Pese a ello, desde ADENSVA señalan igualmente el incumplimiento generalizado de la Ley de Responsabilidad Medioambiental en esta problemática, “al no actuarse de forma proactiva aplicando el principio de prevención”, pues la empresa viene realizando correcciones puntuales de escasos postes casi siempre de forma reactiva. Es decir, cuando ya se ha producido la muerte de las aves.
Y pese a la decena de requerimientos realizados por la Administración regional a la empresa, los conservacionistas también dirigen sus críticas al Gobierno castellanomanchego. Creen que está siendo “extremadamente laxo” con Iberdrola y es “corresponsable en no atajar el problema cuanto antes mediante la aplicación de la normativa medioambiental vigente”.
De hecho, también ha denunciado ante la Policía Judicial la falta de tramitación de estos expedientes por funcionarios y autoridades de la Delegación de Desarrollo Sostenible de Albacete, así como por no tramitar expedientes de ejecución forzosa de multas firmes impuestas que, además, obligan a adecuar las líneas eléctricas como un posible delito de prevaricación de las autoridades políticas.
Fuentes de la Delegación de Desarrollo Sostenible de Albacete señalan que se tramitan todos los expedientes pertinentes conforme indica la normativa en esta materia, destacando que Albacete es “pionera en España” en la concienciación y arreglo de apoyos para evitar la electrocución de aves. Además, indican que de manera habitual han colaborado con las asociaciones ecologistas y las distribuidoras a través de grupos de trabajo con el objetivo de avanzar en la adopción de diferentes medidas de protección de la avifauna.
El acuerdo entre Iberdrola y Castilla-La Mancha
El Gobierno de Castilla-La Mancha se ha referido en varias ocasiones a esta problemática e incluso ha realizado cursos de formación a agentes medioambientales y otras acciones programáticas para prevenir la electrocución de aves. De hecho, firmó un acuerdo con Iberdrola hace cinco años por el que la compañía se comprometía a arreglar y adecuar de forma inmediata los apoyos de las líneas eléctrica donde se produzcan mayores episodios de electrocución de avifauna y los tendidos donde exista un registro histórico de electrocuciones.
Ese acuerdo supuso una inversión por parte de la empresa de 500.000 euros al año y el Gobierno de Castilla-La Mancha se encargó de comunicar a la empresa los apoyos a arreglar. Entonces, la empresa contabilizó un total hay 45.000 apoyos en la región, de los cuales se priorizaron 6.000. Se comprometió a adecuar 2.500 apoyos en los siguientes años, la mayoría, en torno a un millar, en la provincia de Albacete.
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