Defienden una “desconexión progresiva” del Tajo-Segura ante la “contundente realidad” del cambio climático

El debate en torno al trasvase Tajo-Segura y al nuevo ciclo de planificación hidrológica que ha escalado posiciones durante el presente año está provocando las mismas “vías de confrontación” desde la puesta en marcha de esta infraestructura hace más de 40 años. Es uno de los motivos por los que la Fundación Nueva Cultura del Agua ha publicado un nuevo informe en el que, frente a la “presión política”, ofrece sus reflexiones para un debate “sereno y constructivo”. Entre sus propuestas, defiende la “desconexión progresiva” del trasvase, no por el blindaje de los caudales ecológicos del nuevo plan hidrológico, sino debido a la “realidad” del cambio climático.

“Es urgente iniciar una política de adaptación de los usos que permita una reestructuración justa y rápida con un reparto equitativo de costes y ganancias, creando para ello un espacio de diálogo que facilite la deliberación entre todas las partes implicadas”, subraya.

¿Cómo llega a esta conclusión? La Fundación Nueva Cultura del Agua comienza defendiendo el establecimiento de los caudales ecológicos, es decir, los requeridos para mantener los hábitats fluviales, y necesarios en la provisión de agua para abastecimiento humano en cantidad y calidad suficiente, para el riego y para otras actividades económicas.

Es lo que ha establecido el Tribunal Supremo en sus sentencias, acordes con la normativa española y europea, pero “la administración hidrológica, cediendo a presiones de los usuarios, ha optado en muchas ocasiones por reducir los caudales ecológicos a la mínima expresión, con lo que, en muchas ocasiones, dejan de ser caudales ecológicos al no poder cumplir todas sus funciones”. En términos generales, el régimen de caudales ecológicos fijado para el conjunto de masas tipo río en España “presenta deficiencias y debería ser mejorado”.

En el caso del Tajo, recuerda que la definición e implementación de un régimen de caudales ecológicos se ha visto condicionada en todo momento por la existencia del trasvase Tajo-Segura y las “presiones políticas resultantes”. 

La nueva planificación hidrológica: “Un tímido avance”

Considera que aunque el Plan Hidrológico del tercer ciclo de la parte española de la demarcación hidrográfica del Tajo (2022- 2027) hace un “tímido avance” en ese cumplimiento y fija un caudal ecológico, su implantación escalonada es una “anomalía” respecto a la entrada en vigor del régimen de caudales en el resto de demarcaciones y un incumplimiento de lo establecido por el Tribunal Supremo. 

Además, alerta de que, aunque mantener el régimen de caudales en el Tajo ahora aprobado implicará cierta reducción en el volumen máximo transferible a la cuenca del Segura, la principal causa de la reducción de las transferencias “no será la aplicación de los caudales ecológicos del Tajo sino el cambio climático”. “No se trata de una amenaza futura sino de una contundente realidad”.

La Fundación Nueva Cultura del Agua ve “incuestionable” el deterioro generalizado de ríos, acuíferos y el conjunto de masas de agua en todas las demarcaciones hidrográficas, una realidad que es también“ muy evidente” tanto en la cuenca del Tajo como en la del Segura.

Apunta como una de las principales razones “el exceso de presión sobre ríos y acuíferos”, tanto por las elevadas captaciones como por la contaminación. “La agricultura y, de forma específica, el regadío, es una de las principales presiones por captación, dado que el regadío representa en torno al 80% de todos los usos consuntivos en España”. Esto supone una reducción de los caudales circulantes y la sobreexplotación de aguas subterráneas por exceso de captaciones para regadío, afectando a humedales tan relevantes como el Parque Nacional de Doñana en Andalucía o las Tablas de Daimiel en Castilla-La Mancha, “desecando manantiales y creando además problemas para el abastecimiento”. 

El regadío es también una de las principales fuentes de contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, argumenta también. Y alerta de que “los beneficios monetarios a corto plazo de la agricultura (y la ganadería) intensivas enmascaran el balance económico a largo plazo, al no contabilizar los costes del agotamiento de los recursos renovables ni los de la contaminación ni, en general, la pérdida de servicios ecosistémicos”.

“El foco de la política hídrica ha de ponerse, por tanto, en la protección de los ecosistemas, la recuperación de la calidad de las aguas y la adaptación de los usos para garantizar su sostenibilidad, sin la que tampoco serán posibles actividades económicas como la agricultura”.

De hecho, su conclusión es que en el marco de una transición hídrica justa, es necesario acordar una hoja de ruta para una “desconexión progresiva de la cuenca del Segura respecto de los caudales del Tajo”, en respuesta a la nueva realidad impuesta por el cambio climático y a la necesidad de recuperar el buen estado de todos los ríos.

Se trata de alcanzar un mayor equilibrio entre las actividades primarias y otras actividades económicas que, con menor consumo de agua, presentan un mayor valor añadido

Por eso propone medidas a corto plazo como la eliminación de los usos ilegales de agua, incluyendo perímetros irregulares de regadío; incrementar la aportación de recursos de la desalación marina para compensar la reducción de transferencias desde el Tajo; ayudas económicas públicas dirigidas a mitigar el coste del agua desalada restringidas al caso de aquellos agricultores cuya rentabilidad pueda estar afectada de forma significativa por un incremento del coste del agua.

A largo plazo, Nueva Cultura del Agua propone un cambio progresivo en los modelos productivos para facilitar una economía más diversificada en el territorio a diferentes escalas. “Se trata de alcanzar un mayor equilibrio entre las actividades primarias y otras actividades económicas que, con menor consumo de agua, presentan un mayor valor añadido”.

Mantener la ficción del “agua para todos” o del “agua para siempre” es, simplemente, un fraude.  El retraso en reconocer el nuevo contexto sólo contribuye a agravar el choque con la realidad y a retrasar la construcción de una alternativa viable y duradera. Es urgente iniciar una política de adaptación de los usos que permita una reestructuración justa y rápida con un reparto equitativo de costes y ganancias, creando para ello un espacio de diálogo que facilite la deliberación entre todas las partes implicadas.