Diferencias de hasta mil euros mensuales: nace una plataforma por la equiparación salarial del personal de Servicios Sociales

Hay diferencias de hasta 1.000 euros al mes entre el sueldo de, por ejemplo, una educadora social que trabaja en los Servicios Sociales de Atención Primaria de un ayuntamiento conveniado con la Administración regional, y otros profesionales qye asumen responsabilidades “prácticamente iguales”, pero son funcionarios directos de la Junta. Este es uno de los motivos por los que varios de estos trabajadores y trabajadoras han constituido un nuevo colectivo en Castilla-La Mancha: la Plataforma por la Equiparación Salarial en los Servicios Sociales de Castilla-La Mancha.

Los convenios que el Gobierno regional, concretamente la Consejería de Bienestar Social, firma con los ayuntamientos para la prestación de estos servicios establecen las partidas presupuestarias para los profesionales adscritos a dicho acuerdo y la cantidad correspondiente a los kilómetros que tienen que recorrer.

La suscripción de estos convenios entre la Administración regional y las distintas entidades locales están reguladas mediante el decreto que se aprobó en el año 2016, que establece son financiables los gastos de personal para el establecimiento de las prestaciones de Atención Primaria. Una orden posterior, en 2017, fijó los criterios de financiación y los perfiles profesionales de dichos equipos. Principalmente son trabajadores sociales, educadores sociales y auxiliares administrativos.

Pero representantes de esta nueva plataforma explican a elDiarioclm.es que la situación actual del personal contratado en virtud de dichos convenios es que desde 2010 perciben el mismo salario y la misma cuantía por kilometraje para los desplazamientos entre los municipios del Área de Servicios Sociales que les corresponden. No se ha producido, afirman, ninguna modificación en estos últimos 13 años, ni siquiera la subida del IPC, como sí se ha hecho recientemente con el resto de personal de las diferentes Administraciones Públicas.

Por otro lado, denuncian que la diferencia salarial con el resto de compañeros y compañeras funcionarios del mismo perfil profesional es de aproximadamente 1.000 euros mensuales, “cuando las funciones que realizamos son las mismas con las obligaciones y deberes” que tiene el personal contratado directamente por la Junta.

Hay compañeros que se encuentran prácticamente percibiendo el Salario Mínimo Interprofesional

Esto supone “una situación de agravio comparativo con respecto al salario”, habiendo compañeros “que se encuentran prácticamente percibiendo el Salario Mínimo Interprofesional” o que dependen “de la disposición de cada ayuntamiento para mejorar sus condiciones laborales y salariales, pero sin un sustento y apoyo de la Administración para la que trabajamos”.

“Realizamos funciones como los dictámenes técnicos sustentados por un profesional de lo social que se encargan de velar por la integridad física y psíquica y por la seguridad de las personas que atendemos, teniendo que informar en muchas ocasiones de situaciones al Ministerio Fiscal y al juzgado. También intervenimos en situaciones relativas a la protección de las personas menores, personas mayores y vulnerables y los salarios que nos retribuyen no se corresponden con las responsabilidades asumimos”, argumentan.

Por todo ello, los y las profesionales de Servicios Sociales de Atención Primaria contratados bajo este convenio se han unido bajo esta Plataforma, con el apoyo del sindicato STAS, del Colegio Oficial de Educadores Sociales de Castilla-La Mancha y algunos de los ayuntamientos a los que pertenecen para pedir una reunión con la Consejería de Bienestar Social.

Quieren acordar la equiparación salarial con el resto de personal funcionario de los Servicios Sociales de Atención Primaria mediante cambios en la financiación de los convenios y con “acuerdos reales” que supongan en una mejora de sus actuales condiciones.