El Supremo rechaza un recurso de la Junta de Castilla-La Mancha contra una sentencia que anula 8 puestos de libre designación

El Tribunal Supremo ha rechazado un recurso de casación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha contra una sentencia que ordena la anulación de una sentencia que creaba ocho puestos de libre designación y suprimía otros 32 puestos de trabajo de la administración autonómica. La primera sentencia al respecto se dictó hace cuatro años, en diciembre de 2020 y el recurso se interpone contra una sentencia de enero de 2023 dictada por el Tribunal Superior de Justicia.

“El Tribunal Supremo da una vez más con la puerta en las narices al Gobierno de Emiliano García-Page”, resaltan desde Comisiones Obreras. La providencia del Supremo explica que no se cumplen las condiciones para un “interés casacional objetivo”, ya que no “es suficiente que el escrito haga referencias genéricas y abstractas”. “Es necesario un sucinto análisis de la previsible influencia de la doctrina contenida en la sentencia”, resaltan desde el Supremo.

Por otro lado, el Tribunal recuerda que los juzgados ya establecieron que no se “garantizó un procedimiento de negociación colectiva”. De este modo, se imponen costas procesales a la administración y no cabe recurso alguno.

La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ratificó en 2023 una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 1 de Toledo, que dictaminó la anulación de ocho resoluciones de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, en las que se creaban ocho puestos de libre designación y se suprimían a la vez 32 puestos de trabajo de la administración autonómica.

La sentencia de 2020 señalaba que la consejería incurrió en una vulneración del derecho a la negociación colectiva, y que la administración autonómica faltó a la “obligación que exige la ley” y a su deber de “buena fe negocial”. Desde CCOO recuerdan igualmente que el Gobierno regional “provocó indefensión y la ineficacia de la negociación llevada a cabo”.

El Tribunal Superior de Justicia ratificó la condena del tribunal toledano e insistió en que no existió “buena fe” por parte de la administración pública, ni que se cumplió con lo establecido en la propia Ley de Empleo Público.

Exigen el cumplimiento de la sentencia

Comisiones Obreras ha anunciado que exigirá el cumplimiento de la sentencia que “hace ya más de cuatro años ordenó” ordenaba a suprimir dichos puestos de libre designación creados “ilegalmente”. Además, pedirán que se repongan, presupuesten, oferten y cubran los 32 puestos de estructura suprimidos “también de forma ilegal” en 2019.

El sindicato también recuerda que en diciembre de ese año se convocó una Mesa Sectorial de Personal Funcionario para aprobar una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de la administración autonómica. “Lo más destacable era la creación de una cantidad desmedida de puestos de confianza y la supresión de un buen número de plazas de estructura”, resaltan.

“En aquella mesa se utilizó un sistema de negociación muy perverso y se infringieron los principios más básicos de negociación colectiva, como reiteradamente han recalcado jueces y tribunales”, lamentan desde el sindicato.

Además, afirman que se ha gastado “miles de euros” de dinero público en recorrer y agotar todas las instancias judiciales. “Hasta que el Supremo le ha dado al fin con la puerta en las narices. Cumpla, pague y calle”, concluye.