“El tiempo apremia”: claves del “largo recorrido” que tiene Castilla-La Mancha para cumplir con la Agenda 2030

No ha habido ninguna planificación a largo plazo que no se haya visto alterada por la pandemia mundial de COVID-19. Y así ha sucedido con uno de los proyectos globales más ambiciosos para la presente década, como es la Agenda 2030 para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que recogen el testigo de los Objetivos del Milenio. La Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha se creó al inicio de la presente legislatura con ese eje central. Después llegó el coronavirus y ahora este departamento ya tiene listo y en proceso de participación pública su borrador para la Estrategia regional de la Agenda 2030.

Se trata un de un amplio documento de análisis, contexto y ejes de actuación que suponen el impulso a las políticas que deben desarrollarse en los próximos 9 años, muchas de ellas ya en marcha. De hecho, el Gobierno castellanomanchego apunta que, si bien se empezaban a ver los frutos de una “apuesta firme” a través de normas y proyectos, la irrupción del virus y su consecuente crisis, ha “agravado” los problemas existentes, acentuando las desigualdades y “poniendo de relieve la vulnerabilidad de nuestro Sistema de Servicios Públicos”.

Considera por tanto imprescindible reconocer, como punto de partida, que aún queda “un largo recorrido” para la consecución efectiva de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que plantea la Agenda 2030. “Este reconocimiento es el primer paso para seguir trabajando y apostando por la implementación de políticas eficaces y coherentes con lo que queremos conseguir”.

“El tiempo apremia”, subraya la Administración autonómica, y el conocimiento de la Agenda 2030 y de los ODS “continúa siendo una asignatura pendiente, que se traduce en una menor implicación y compromiso a todos los niveles”. “La toma de conciencia sobre una responsabilidad compartida exige un veraz conocimiento de la situación social, económica y ambiental en que nos encontramos, las consecuencias de mantener el actual sistema productivo y de consumo, y, por supuesto, de las medidas que cada uno de nosotros puede llevar a cabo para reducir eficazmente el impacto, actual y futuro, sobre nuestras vidas y la del planeta”.

Llamamientos al sector público, privado y social

En este sentido, plantea que desde el ámbito público es necesario conseguir una región sostenible, promoviendo el desarrollo de políticas transversales, comprometiendo sus presupuestos, generando espacios de comunicación y participación para implicar al resto de actores y “siendo un ejemplo de implementación de medidas eficaces”. Y junto a todo ello, invertir en la consolidación de un sistema de Servicios Públicos “fuerte y reforzado” que garantice una atención de calidad a toda la ciudadanía.

También nombra al sector privado para pedir su avance “en la apuesta por un nuevo modelo de producción,” que utilice los avances tecnológicos para ganar en eficiencia energética, promoviendo iniciativas innovadoras, adaptadas a las características del territorio, contribuyendo así a su desarrollo económico y social. Llama también a la ciudadanía a “materializar su concienciación y compromiso, aplicando medidas transformadoras en su día a día”.

Habla así de una “década de acción” para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero, ¿cómo lo va hacer Castilla-La Mancha? En el borrador de la Estrategia plantea cuatro ejes y hasta 27 líneas de actuación. Esos bloques se estructuran en la promoción de la gestión pública basada en criterios de sostenibilidad; el impulso de un modelo económico, social y ambiental sostenible; la gobernanza y establecimiento de alianzas entre el sector público, privado y la sociedad civil; y la formación, información y sensibilización de la ciudadanía.

En cuanto al primer eje, se incluyen medidas como la elaboración de una normativa que garantice la puesta en marcha de las medidas de la Agenda 2030, el alineamiento de los presupuestos regionales con los ODS, la inclusión de criterios ambientales y sociales en las diversas formas de contratación pública y el impulso a la digitalización de todos los recursos y servicios públicos.

A estas acciones se suman otras del siguiente bloque que suponen la transición a un modelo económico alineado con los ODS, la promoción de la economía circular, la implementación de mecanismos económicos y fiscales para conseguir entornos sostenibles, el desarrollo del consumo responsable y de proximidad, la garantía de accesibilidad en todos los servicios públicos de empleo, la creación de acciones de formación y nuevas certificaciones profesionales y la promoción del desarrollo agroecológico local, entre otras.

Seguidamente, en cuanto a la gobernanza, el Gobierno castellanomanchego defiende el desarrollo de políticas transversales, mecanismos de coordinación, sistemas de indicadores para medir el nivel de cumplimiento de los ODS y modelos de participación social.

“Empoderamiento de la ciudadanía”

En el último eje estratégico se incluyen las acciones de información y concienciación sobre los valores de la Agenda 2030 y el “empoderamiento de la ciudadanía en la sostenibilidad del planeta”. También apuesta por la promoción de la Educación para el Desarrollo Sostenible, por el desarrollo de planes de formación, por la creación de espacios que favorezcan el intercambio de experiencias y por el conocimiento de proyectos innovadores que promuevan la sostenibilidad en los ámbitos social, económico y ambiental que plantea la Agenda 2030.

Para llevar a cabo estas líneas de actuación, de la Consejería de Desarrollo Sostenible emanan, además de la Dirección General de Agenda 2030 y Consumo, una comisión de seguimiento, una subcomisión de coordinación, un grupo de interlocución entre las diferentes consejerías del Gobierno y una futura Red Local 2030 de colaboración y apoyo entre ayuntamientos.

Dentro del calendario establecido para la presente década, en el borrador se incluye finalmente que al finalizar cada una de las fases establecidas se realizará una evaluación intermedia que permita valorar los avances conseguidos y, con ello, la eficacia de las medidas llevadas a cabo, así como realizar los ajustes necesarios. Así, al final de las fases 1 y 2 que terminarán en el año 2023 y 2027, respectivamente, se realizarán dos nuevas evaluaciones, denominadas interfase, teniendo en cuenta los informes de progreso anuales.