Como ya sucedió hace más de seis meses, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda, ha vuelto a frenar el proceso de adjudicación del servicio provincial de basuras impulsado por la Diputación de Guadalajara en la legislatura anterior. En concreto, ha ordenado valorar de nuevo las ofertas presentadas para prestar este servicio y motivar correctamente las puntuaciones, tal como reclamaba el recurso de una de las empresas que participaron en el concurso de adjudicación.
“Esta resolución también es fruto de la obstinación, la soberbia y la falta de transparencia con las que Guarinos ha querido imponer a toda costa este proyecto. Hemos dicho muchas veces que tenía los pies de barro y ahora estamos viendo los resultados de este embrollo”, ha afirmado Julio García, portavoz del PSOE en la Diputación, quien ha dado a conocer esta resolución judicial.
En este sentido, ha señalado que las consecuencias alcanzan tanto a los ayuntamientos que han manifestado su voluntad de sumarse al servicio provincial de recogida de basuras como a todos los demás, y también puede afectar al futuro de los trabajadores que ahora prestan el servicio para las mancomunidades.
Este motivo ha llevado al portavoz del Grupo Socialista a afirmar que a Guarinos “se le amontonan las razonas para dimitir” y al presidente de esta institución, José Manuel Latre, “las razones para cesarla”. Se refiere también con ello a la responsabilidad de Guarinos como presidenta del PP de Guadalajara, en la presentación de un candidato condenado e inhabilitado en las pasadas elecciones municipales -el exalcalde de Cogolludo- y la ratificación de su condena por vulneración de derechos fundamentales.
“Se está convirtiendo en un verdadero problema para el presidente, para la propia Diputación, y lo que es peor, para toda la provincia de Guadalajara”, ha asegurado. Por eso, el Grupo Socialista presentará en el pleno convocado para mañana una moción en la que pide la reprobación de Guarinos y la retirada de las competencias que tiene delegadas como vicepresidenta primera. “Lo hacemos por su demostrada falta de talante democrático y por la descarada utilización de la Diputación con fines partidistas, unos comportamientos están quedando ahora en evidencia con sucesivos varapalos judiciales que exigen las correspondientes responsabilidades políticas”, ha señalado.