La Unión Fotovoltaica promoverá un certificado de excelencia para las plantas solares que cumplan directrices ambientales y sociales

No quiere “generalidades” sino “datos concretos, serios y científicos”. De esta manera responde la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) a las críticas que durante las últimas semanas ha recibido por parte de colectivos agrarios y conservacionistas sobre la proliferación de plantas solares en territorios como Castilla-La Mancha. El director general de esta organización sectorial de empresas, José Donoso, ha defendido la actividad de los huertos solares en la lucha contra el cambio climático y frente a “acusaciones sin fundamento” ha anunciado que promoverá un certificado de excelencia en sostenibilidad para las plantas que cumplan con las orientaciones y directrices sobre medio ambiente que marca la UNEF.

En declaraciones a elDiarioclm.es, Donoso ha rechazado las acusaciones, que comenzaron con la publicación en la revista Science de una carta de 23 científicos, y a las que luego se han unido la Unión de Pequeños Agricultores o la Sociedad Albacetense de Ornitología. Asegura al respecto que no existe ninguna burbuja en el sector puesto que las empresas operan conforme a tres sistemas (subastas, contrato bilateral o libre mercado) que solo pone en riesgo a los propios inversores sin que tenga apenas repercusiones o impacto a nivel social.

“Hablar de ello como del sector inmobiliario no es serio. No estamos hablando de edificios que se quedan vacíos porque nadie los compra. Estamos hablando de una tecnología que produce energía muy barata. Otra cuestión es que luego a algunas empresas no les salgan los números pero eso sucede en todas partes”. Pero insiste en que el que corre el riesgo es el inversor, aunque “una vez que ha puesto el dinero, por poco que le genere (no hay coste variable como en el ciclo combinado) tendrá beneficio y siempre le interesará más seguir con la planta que cerrarla”.

Sí admite que existe un ‘boom’ en la inversión porque hay “mucho interés en invertir en fotovoltaica, es un momento de mucha liquidez en el mercado y no hay donde invertir”. El sector apenas tiene riesgo tecnológico y ofrece una producción más o menos controlable. “Pero de ahí a decir que va a haber una burbuja que vaya a perjudicar a los propietarios de los terrenos o a los pueblos, pues no. Lo que puede pasar es que se generen unas expectativas que luego no se cumplen, pero forma parte del riesgo y solo perjudica al empresario”.

Guía de recomendaciones

Ante todo, en la UNEF consideran que cuestiones como la despoblación solo se pueden resolver a través de actividades económicas que tienen que utilizar un espacio, y que lo que hay que evitar es el daño ambiental. Con este motivo han realizado una guía de recomendaciones de buenas prácticas para la sostenibilidad de las instalaciones fotovoltaicas. En este documento se pide expresamente a las empresas que no promuevan instalaciones en reservas naturales ni espacios protegidos. De hecho, la asociación inculca a las empresas que las plantas solares sean una “reserva integral de la naturaleza” para que en el futuro, si se desinstalan, no solo no afecten al territorio sino que “lo mejoren”.

“Pedimos que no se utilice hormigón para no afectar al subsuelo, que no haya impacto visual y se utilicen muros vegetales con árboles autóctonos de la zona, la instalación de nidales y hoteles de insectos para las aves, que las plantas que se utilicen allí sean polinizadoras para el problema de la desaparición de las abejas, que se respeten e incluso fomenten los humedales, que se realice la limpieza en seco -sin agua-, que los ganados locales puedan pastar allí y que no se utilicen productos fitosanitarios”, concreta. También hay directrices socio-económicas basadas fundamentalmente en dar trabajo a la gente de la zona, “todo el que se pueda”; que se contrate a empresas locales, que se impartan cursos de formación para que haya personas que puedan trabajar en las plantas sobre todo en las fases posteriores de largo plazo, y además que se intenten integrar a colectivos como mujeres y personas con discapacidad. Y sobre todo ello, Donoso recuerda que estas plantas no emiten CO2, algo que sí sucede durante el proceso de fabricación y en el transporte de los componentes. Para ello, la UNEF propone que se calcule la huella de emisión.

Se trata de orientaciones sobre las que esta organización empresarial no tiene poder coercitivo y por ello ha decidido promover un certificado de excelencia en sostenibilidad que se otorgará a las plantas solares que cumplan las directrices. Además, están realizado otros estudios: uno sobre cómo reducir el impacto ambiental de las líneas eléctricas; otro sobre avifauna y un tercero sobre cómo elegir adecuadamente el emplazamiento y evitar problemáticas o impactos ambientales en el futuro.

Evaluación de instalaciones de más de diez años

Para reforzar todo esto, también están trabajando en una evaluación de las instalaciones fotovoltaicas que llevan más de diez años operando para conocer cuáles tienes impacto y cuáles no. “Queremos un estudio serio y científico, en contraposición a las generalidades que se han dicho, como que se va llenar España de plantas fotovoltaicas y que va a afectar a la biodiversidad, sin ningún tipo de rigor”.

Precisamente, sobre esta última cuestión esgrime un estudio de la organización en el que se establece que, en una hipótesis de máximos, si toda la capacidad fotovoltaica del país se desarrollase en terreno agrícola (cultivos y pastos), se ocuparía solo un 0,25% de este terreno. Y si se restringiera este análisis a cultivos la fotovoltaica ocuparía solo un 0,35% de la superficie.

“Contra la demagogia, las matemáticas”, sostiene Donoso. Reitera que en nada ayudan al medio ambiente las “aseveraciones genéricas sin ninguna base ni documentación ni casos concretos. ”Si se respetan las evaluaciones ambientales, no habrá ningún efecto negativo, al contrario, es un germen de calidad de vida y de asentar la población. Si alguien quiere hacer una planta en una zona protegida, seremos los primeros en no apoyarla. Por eso cuando una asociación protesta, pedimos que no se generalice. Porque si no, ¿qué hacemos? ¿Paramos todo y seguimos emitiendo CO2 y sin generar empleo? Al final se está dando al sector una mala imagen que no se merece“, concluye.