Vecinos de Almendros piden al PP de Castilla-La Mancha que estudie los “intereses ocultos” de una macrogranja
Una docena de vecinos de Almendros (Cuenca) se han 'encerrado' esta semana durante varias horas en el Ayuntamiento para conocer y constatar las, a su juicio, “graves deficiencias administrativas” del proyecto de macrogranja porcina de 80.000 lechones al año año proyectada en esta localidad por Icpor Soria SL, la empresa ganadera de Incarlopsa.
Estos vecinos forman parte de la Asociación en Defensa de la Economía Responsable de Almendros. Dicen que su intención no es “atizar una estéril campaña de criminalización de todos los proyectos de granjas” -de hecho en este municipio hay una primera granja ya en construcción y no cuestionada- pero en el caso de la segunda macrogranja sostienen que “está contaminada con múltiples vicios”, entre ellos “la coincidencia de su ubicación” en sendas parcelas cuya propiedad reciente se atribuye presuntamente al alcalde, Acisclo Jiménez.
En la revisión del expediente los vecinos dicen haber detectado también la “celeridad” con la que el Ayuntamiento quiere dar luz verde al proyecto. De hecho, según los datos recogidos, el inicio de la tramitación de las licencias “fue previo a la publicación en el Boletín Oficial de la Autorización Ambiental Integrada”.
También “llama la atención”, según explican, que se emita solicitud de información a los servicios técnicos de Diputación Provincial y a los órganos competentes para que evalúen un proyecto básico para poder conceder licencia de obras y actividad “sin ni siquiera garantizar el abastecimiento de agua, el suministro eléctrico o afecciones a zonas de suelo rústico de especial protección”.
“Tenemos más que sospechas que el alcalde apoyado por su auxiliar de Secretaría pretenden realizar una tramitación exprés de la licencia de obras desde el día 15 de enero de 2018 fecha en la que aún ningún vecino del municipio conocía la existencia de este proyecto de macrogranja porcina en Almendros”. Además dicen “sospechar” que el Ayuntamiento “intenta eludir la calificación urbanística de la parcela y no tener que pasar por la Comisión de Urbanismo, lo que retrasaría considerablemente la concesión de licencia de obra y actividad del proyecto”.
El proyecto inicial de macrogranja, recuerda el colectivo vecinal, se sustentaba en la captación de aguas de un pozo público de emergencia para caso de sequía y con una capacidad de extracción, según los técnicos que han estudiado el mismo, tres veces superior a la permitida por la Confederación Hidrográfica del Guadiana.
Además de una balsa de purines sobre un arroyo seco y afecciones a masas forestales de la propia parcela, el proyecto inicial que contemplaba la instalación de una incineradora. Con fecha 2 de febrero, y ante las presiones de los vecinos, el promotor presentó cambios sustanciales en el proyecto, aunque permanecen abiertas dudas sobre la posibilidad de su puesta en marcha.
Por este motivo, esta misma semana han remitido un escrito a la Alcaldía solicitando “que se abstenga en la autorización de la licencia de obras” y también han pedido al diputado 'popular' en las Cortes regionales, Carlos Velázquez, que inicie en Almedros su anunciada ronda de entrevistas con alcaldes y concejales porque sospecha de “intereses ocultos” de la Junta en la proliferación de macrogranjas en la región. En la localidad de Cuenca el Gobierno local, recuerdan, lo compone “una aplastante mayoría absolutista de siete concejales del PP, sin nadie en la oposición”.
El pasado mes de febrero, los cinco ingenieros del equipo técnico del colectivo vecinal ya presentaron un recurso de alzada ante la Junta de Castilla-La Mancha del que aún no tienen respuesta. La próxima semana el colectivo tiene previsto retirar la copia completa del expediente de tramitación de la licencia de obras y los acuerdos de los plenos para remitirlo a sus abogados y comunicar a todas las partes y organismos competentes las afecciones reales del proyecto.
La asociación lamenta que no exista “ni un sólo informe que garantice el bienestar social de la la población, las posibles afecciones sobre su término municipal, fauna y flora, zona de especial protección de aves (ZEPA) o alguna medida correctora para paliar los efectos de este tipo de explotaciones, a su juicio, ”tan nocivas, insalubres y peligrosas“.
