La principal víctima del ‘no’ de Podemos: su propio Plan de Garantías Ciudadanas

“Vinimos a hacer política”, ha destacado el líder de Podemos en Castilla-La Mancha, José García Molina, tras tumbar con su voto y el del diputado David Llorente los Presupuestos regionales para 2017 del Gobierno socialista de Emiliano García-Page. La decisión de la formación morada ha causado todo un revuelo en las Cortes regionales, que llevaban debatiendo en dos jornadas maratonianas el dictamen presupuestario, y donde tan solo cinco de las 20 enmiendas de Podemos habían salido adelante. Este es uno de los motivos que han esgrimido para justificar su voto de rechazo junto al PP, pero lo cierto es que al caerse las cuentas públicas y mantenerse prorrogadas las del año pasado, caen también algunas medidas a las que los ‘populares’ habían anunciado su apoyo a última hora, caen las enmiendas acordadas con los socialistas y cae el Plan Integral de Garantías Ciudadanas, con sus tres líneas de actuación en rentas mínimas, pobreza energética y rescate habitacional.

Fuentes del Gobierno de Castilla-La Mancha han dicho a eldiarioclm.es que “no hay tiempo ni ganas” para otros Presupuestos, aunque todavía no hay nada descartable. Es decir, de momento, para este año se aplican las cuentas del ejercicio pasado y todo lo negociado y pactado durante los últimos cinco meses queda “en la nada”. Por su parte, García Molina ha desligado totalmente esta decisión de la próxima Asamblea regional del partido, prevista para mediados de mayo y donde optará a la reelección. Algunos militantes y simpatizantes lo han interpretado en clave política nacional, como un ‘toque’ a Emiliano García-Page por su apoyo a Susana Díaz para la Secretaría General del PSOE.

Lo cierto es que nada hacía presagiar, durante los debates en la Comisión de Presupuestos de la semana pasada ni en el pleno celebrado durante dos días, que la formación morada no repitiera el apoyo que dio a las cuentas públicas de 2016. El pasado mes de enero, el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, daba una rueda de prensa conjunta con el líder de Podemos para anunciar que el Ejecutivo asumía el Plan de Garantías Ciudadanas para su inclusión en los Presupuestos. Fue una condición que, primero bajo formato de Ley, impuso la formación morada para apoyar los Presupuestos tras la ruptura del pacto de investidura. Después se convirtió en Plan y ambos asumieron el compromiso de incluirlo en las cuentas públicas para darle forma legal a finales del presente año.

La decisión de rechazar los Presupuestos, constatando el 'divorcio' con el PSOE, supone dar al traste con las propuestas sociales 'estrella' de Podemos que viene defendiendo como fundamentales desde el arranque de legislatura y que condicionaron ese pacto de investidura. Un conjunto de medidas que suponían 119,2 millones de euros, de los cuales más de la mitad se destinaban a planes de empleo protegido, empresas de inserción, y formación remunerada y becada. Hasta 6,9 millones de euros se contemplaban para ayudas al alquiler, 7,6 millones para la garantía de vivienda y el acceso a la misma, y más de 300.000 euros para asesoramiento y asistencia en las Oficinas Antidesashucios.

Adiós al programa de Garantía de Rentas

El programa de Garantía de Rentas, muy demandado por Podemos, se dividía por su parte en cuatro apartados. El primero de ellos, referido al empleo, contemplaba los 67,6 millones mencionados para planes de trabajo, formación e inserción; y en segundo lugar, el área de educación con 3,2 millones de euros para ayudas y becas a la escolarización y con casi 7 millones de euros para ayudas y becas destinadas a transporte y comedor escolar.

El cuarto pilar era el de servicios sociales, que con un montante de 25,2 millones de euros incluía la denominada ‘renta garantizada’, la emergencia social, el mantenimiento de las condiciones básicas de vida y las prestaciones a familias numerosas. Finalmente se destinaban 319.720 euros adicionales a las ayudas de solidaridad y sociales a mujeres víctimas de violencia de género. También es destacable que una de las enmiendas pactadas entre el PSOE y Podemos incluía la constitución de un Observatorio de Servicios Sociales en la Universidad de Castilla-La Mancha para evaluar el futuro cumplimiento de este Plan.

Con el rechazo de los Presupuestos castellano-manchegos del presente año, tampoco saldrán a la luz algunas medidas, vía enmiendas de Podemos, que habían conseguido el visto bueno durante el pleno gracias al apoyo del PP. Una de ellas, la adopción de medidas para reforzar la protección social de las mujeres víctimas de violencia de género y para incluir formación al alumnado de Secundaria sobre prevención. Tampoco se ejecutará el refuerzo de las inversiones en maquinaria, edificios y otras construcciones en hospitales para reducir las listas de espera hospitalarias.

Igualmente, entre las propuestas de la formación morada que hubieran salido adelante si se hubiera aprobado el dictamen se encontraba la demandada reapertura del Hospitalito del Rey de Toledo como residencia de mayores, o el incremento de la inversión para otra polémica cuestión: la retirada de los restos de amianto en el barrio del Polígono de Toledo, con medio millón de euros más (sobre el millón presupuestado) para la primera fase del proyecto.

El argumento para el voto en contra: las enmiendas rechazadas

En el lado contrario de la balanza se encuentran la veintena de enmiendas que no han sido aprobadas y que han sido el argumento principal apuntado por la formación morada para rechazar el proyecto presupuestario. Se trata de todo tipo de cuestiones entre las que destaca, por su carácter social, la propuesta que había realizado para eliminar el copago a menores grandes dependientes y cuyo rechazo había supuesto duras críticas por parte de la Plataforma de Dependencia. Ni PP ni PSOE han apoyado tampoco sus peticiones en el área de funcionarios y en la de educación: equiparar el régimen de retribuciones de altos cargos con los empleados públicos, reforzar inversiones para construcciones y obras en centros de infantil y primaria, y reducir el mínimo exigible por la LOMCE de horas de religión en Primaria y Secundaria.

Otras las propuestas rechazadas han sido: la dotación por 1,5 millones de euros para el desarrollo de estudios e investigaciones científicas necesarias para aplicar medidas destinadas a los castellano-manchegos que padecieron persecución o violencia durante Guerra Civil y dictadura franquista; refuerzo para el aumento del personal del transporte sanitario o el incremento en 20 millones de euros del presupuesto para revertir parcialmente el recorte de primas a la agricultura ecológica y reforzar compensaciones a explotaciones ubicadas en zonas ZEPA.

Al margen de ello, con los presupuestos de 2017 se han tumbado también todas las cuestiones más polémicas surgidas durante el trámite parlamentario como el control financiero de la UCLM, los fondos dedicados a la Fundación Impulsa y sus derivados en cuanto a la gestión cultural de los festivales, el Museo de las Ciencias o el Museo Paleontólogico, entre otras muchas. En estas cuentas estaban también presupuestadas partidas para sanidad, educación, oposiciones y retribuciones de empleados públicos.

Por el momento, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha convocado un Consejo de Gobierno extraordinario para este mismo sábado donde es previsible que anuncie el camino a seguir, bajo este escenario, en cuanto al futuro presupuestario de la comunidad autónoma en el presente año y donde analizará las consecuencias de la decisión de Podemos.