Ni las opiniones de los geólogos, ni las protestas de vecinos y colectivos ecologistas, ni las “dudas” de los técnicos, ni la oposición de partidos políticos como PSOE, IU y Podemos han hecho mella en el Consejo de Seguridad Nuclear. El polémico emplazamiento del cementerio nuclear en la localidad conquense de Villar de Cañas ha recibido el visto bueno del organismo regulador atómico por cuatro votos a favor y uno en contra, en un pleno que además se ha celebrado con antelación a lo inicialmente previsto y después de que el Ministerio de Industria pidiera “adelantar” el informe radiológico del terreno. Ahora, el CSN remitirá a este mismo Ministerio el informe, que es preceptivo y vinculante, con algunos límites en las condiciones de seguridad. Desde la Plataforma contra el ATC en Villar de Cañas, Ecologistas en Acción y Greenpeace la reacción ha sido inmediata: se trata de una decisión “política” que no responde a criterios técnicos.
Según ha informado el Consejo de Seguridad Nuclear, el informe señala que desde el punto de vista de la seguridad, la evaluación técnica realizada constata que el emplazamiento propuesto no presenta “fenómenos excluyentes”, pero añade que del análisis normativo se deriva que las características del emplazamiento -principalmente en relación con aspectos geológico-geotécnicos, hidrogeológicos y de estabilidad del terreno- condicionan el diseño del ATC, y que los fenómenos asociados a las características del terreno recomiendan “complementar la seguridad intrínseca del diseño”.
Otra circunstancia reseñable del informe es que indica que al objeto de garantizar que la seguridad nuclear y protección radiológica se mantienen a lo largo de la vida de la instalación, se requiere el seguimiento de las condiciones y fenómenos del emplazamiento, mediante la aplicación de planes de medidas “complementarias, compensatorias y de vigilancia”. Ahora, queda en manos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo conceder a la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) el permiso para iniciar las infraestructuras y acciones preliminares para la construcción del silo, donde se almacenarán durante casi un siglo los residuos atómicos españoles.
Y aunque este sería el primer paso necesario, aún quedaría pendiente que el CSN se pronuncie sobre la autorización de construcción del ATC y, posteriormente, sobre la licencia de explotación. La edificación propiamente dicha del almacén va aparejada a la autorización de construcción.
Criterios políticos y posibles responsabilidades jurídicas de los consejeros
Las reacciones han sido prácticamente inmediatas al conocimiento público del informe. La Plataforma contra el Cementerio Nuclear en Cuenca, Greenpeace y Ecologistas en Acción han lamentado en un comunicado conjunto esta decisión, denunciando que ha sido adoptada “por criterios políticos, en lugar de técnicos”. “Se ha tomado a pesar de las dudas de los terrenos y sin los resultados de unos estudios cruciales que ha de realizar Enresa a partir de septiembre”, explican estos colectivos, quienes incluso apuntan que el informe favorable “ha despertado el malestar” de los técnicos del CSN, “muy molestos” porque han primado “los intereses políticos sobre el principio de precaución”.
El informe favorable, explican también, conlleva una “amplísima relación de condicionados” y responde al deseo del Gobierno de Mariano Rajoy de sacar adelante el proyecto “antes de que los consejeros del CSN se vayan de vacaciones”. “La decisión debería tener el respaldo técnico suficiente, ya que la trayectoria de los consejeros arroja dudas sobre sus conocimientos en seguridad nuclear y los criterios para aprobar dicho informe”. De hecho, recuerdan que las “enormes implicaciones en la seguridad” que incluye el texto podrían “derivar en responsabilidades jurídicas” de los consejeros en caso de que hubiera algún problema con el ATC.
Para las organizaciones ecologistas, este organismo regulador no tiene prisa en atajar los riesgos de las instalaciones nucleares que ya existen y “sí la tiene para que se adjudiquen la obras de las que todavía no existen”. Afirma por ello que “no es coherente” ya que no hay prisa para desmantelar una central nuclear como Garoña -fuera de operación desde hace casi tres años- mientras “apremian a los técnicos para emitir informes incompletos sobre la evaluación de riesgos radiológicos, o para que avalen el emplazamiento de un cementerio nuclear sin tener todos los informes preliminares pedidos por ellos mismos”.