Anulada la modificación del plan de residuos de Castilla y León por vulnerar el derecho de participación constitucional

Una nueva norma ambiental de la Junta de Castilla y León decae por decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León, que anula en esta ocasión la adaptación del Plan Integral de Residuos de Castilla y León (PIRCyL) aprobada por el Consejo de Gobierno el 11 de marzo de 2022.

Según el TSJ la consejería de Medio Ambiente que dirige el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, juez en excedencia, aprobó la necesaria adecuación legal del plan a la normativa europea y estatal haciéndolo pasar por una mera “adaptación”, hecho que descartan los jueces al considerar que es en realidad “una revisión cuya tramitación exige que se respete el derecho constitucional a la participación recogido en los artículos 9.2 y 23.1 de la Constitución Española”.

En la sentencia a la que ha tenido acceso este medio, derivada de un recurso contencioso interpuesto por Ecologistas en Acción, los jueces destacan que la “adaptación” impugnada consta de 112 páginas que cambian los modelos estratégicos de gestión, el Programa de Prevención de Residuos y los Programas de Actuación con las medidas del Plan, “al margen de que no quede claro si sustituye total o parcialmente y en qué extremos al Plan vigente”.

Ecologistas en Acción recurrió la aprobación ya que “bajo la confusa denominación de ”Adaptación del PIRCYL“, nos encontramos con una verdadera revisión o modificación de un Plan Regional de ámbito sectorial, en este caso del Plan Integral de Residuos de Castilla y León, aprobado por Decreto 11/2014, de 20 de marzo (BOCyL de 24 de marzo de 2014)”. Una modificación de un plan que según la Ley de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León debe conllevar para su aprobación “información pública y audiencia a las Administraciones Públicas, informe de la Federación Regional de Municipios y Provincias, resolución del trámite ambiental, dictamen del Consejo de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León, y aprobación mediante Decreto”. Los recurrentes señalan que además “en la medida en que la Adaptación del Plan Integral de Residuos de Castilla y León establece el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a evaluación de impacto ambiental referidos a la gestión de residuos, está sujeta a una evaluación ambiental estratégica ordinaria”, extremos que no se cumplieron en estos casos.

El Gobierno de PP en funciones aprobó la modificación legal sobre residuos gracias a un informe sobre la urgencia del cambio de la norma emitido en febrero de 2022 por la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental y apenas 3 semanas después se aprobó la misma en el Consejo de Gobierno.