El Servicio de Alertas Epidemiológicas de Castilla y León dejará de funcionar el próximo 31 de diciembre, fecha en la que se hará efectiva la renuncia en bloque de todos sus técnicos, que ha sido notificada a la Consejería de Sanidad el pasado 20 de septiembre mediante un escrito al que ha tenido acceso elDiario.es y que anuncia la desaparición de un servicio básico en Salud Pública.
En la misiva, los técnicos facultativos del Servicio de Epidemiología y de los Servicios Territoriales de Sanidad, médicos integrantes del Sistema de Alertas Epidemiológicas de Castilla y León por designación de la Dirección General de Salud Pública, exponen las razones de su dimisión: la situación de “deterioro progresivo del funcionamiento del Sistema” y el “reiterado incumplimiento de las obligaciones de las consejerías implicadas”.
Este Sistema, que atiende la demanda de asistencia en materia de salud pública de los profesionales sanitarios, tanto de Atención Primaria, como de Atención Hospitalaria, de Emergencias o de instituciones y centros sanitarias privados, se creó en 2005 como un componente fundamental de la Vigilancia de la Salud Pública en Castilla y León para dar respuesta a emergencias fuera de la jornada laboral normal, fines de semana y festivos. Durante estos años se ha hecho frente a múltiples situaciones de riesgo para la salud, se han resuelto dudas de los profesionales sanitarios y se ha estado en alerta máxima durante épocas tan especiales como los brotes de gripe aviar, la pandemia de la gripe A en 2009, las crisis derivadas por los casos de ébola y, en los últimos meses, por la COVID-19.
Para entender en qué consiste el Sistema de Alertas basta poner como ejemplo los meses previos a la pandemia, cuando desde consultorios, centros de salud y hospitales de la Comunidad, profesionales requerían claves para identificar síntomas del coronavirus, o cómo proceder ante una sospecha. Fueron estos epidemiólogos los que orientaron a los profesionales de los centros hospitalarios, y al personal del servicio de emergencias porque eran ellos los que tenían identificadas las zonas de china dónde estaba incidiendo ese virus desconocido, la sintomatología...
Recogen los técnicos renunciantes que aunque este servicio de alertas se rige mediante la Instrucción 1/2005 de la Dirección General de Salud Pública, dependiente de la Consejería, en la que se recoge la remuneración de las guardias en el apartado 'gratificaciones'. Los técnicos recuerdan que han solicitado “reiteradamente”, desde el año 2009, una regulación “adecuada”, tanto desde el punto de vista funcional como económico, pero que sus demandas no han sido atendidas “de manera satisfactoria”.
Hace dos años se solicitó a los Servicios Jurídicos de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad la valoración de la legalidad o adecuación delas retribuciones que reciben como “gratificaciones” por su trabajo en el Servicio de Alertas. El 15 de mayo de 2020, en el informe 2489/2019, con fecha 3 de enero de 2020, concluyó que “la retribución que deben recibir por ese concepto los profesionales no puede encuadrarse en ningún caso dentro de las gratificaciones extraordinarias”.
La “irregularidad administrativa” que califican de “ilegal e injusta” se podía haber resuelto, a su juicio, regulando normativamente el Sistema de Alertas Epidemiológicas de Castilla y León, como en la Ley 4/2020 de 18 de junio, de impulso y simplificación de la actividad administrativa para el fomento de la reactivación productiva en Castilla y León, u otras leyes posteriores.
En julio de 2020 mantuvieron una reunión con el consejero de Presidencia, Ángel Ibáñez, y con la directora de Función Pública, Paloma Rivero, en la que se llegó a un compromiso para elaborar un decreto que regulase el Sistema de Alertas Epidemiológicas de Castilla y León “ese mismo año y por el procedimiento de urgencia”. Sin embargo, ese compromiso se ha incumplido, después de 12 años de reclamaciones, lo que a juicio de los renunciantes ha supuesto “una pérdida de recursos humanos” de manera progresiva. Después de 17 meses, y varias oportunidades legislativas, sin recibir respuesta salvo vagas promesas y un borrador de decreto poco consensuado, según indican fuentes del Sistema, se ha pasado de tener 22 especialistas de Medicina Preventiva y Salud Pública a una decena, porque poco a poco han ido renunciando. Los 10 que quedan se han mantenido en su puesto “por responsabilidad profesional ante la situación de pandemia, doblando guardias y atendiendo alertas de áreas que no les correspondían y en momentos en los que un solo epidemiólogo atendía 4 o 5 provincias en algunas semanas”.
Asi, “ante la situación de deterioro progresivo del funcionamiento del Sistema de Alertas Epidemiológicas de Castilla y León y del reiterado incumplimiento delas obligaciones de las consejerías implicadas” solicitan la baja en el Sistema de Alertas Epidemiológicas de Castilla y León que, “por responsabilidad profesional” harán efectiva el 31 de diciembre de 2021, fecha a partir de la cual no se atenderá este servicio en espera de la regularización normativa correspondiente.