La Comisión de Bioética de Castilla y León apoyó dejar a los ancianos enfermos en las residencias “salvo casos de gran excepcionalidad”

La Comisión de Bioética de Castilla y León, órgano consultivo con sede en la Consejería de Sanidad emitió un informe con las “consideraciones éticas” en relación con las medidas que la Junta había establecido en las residencias de carácter social y “ante una situación excepcional de desastre sanitario”. En él, no sólo apuesta por priorizar a “personas jóvenes”, sino que al igual que el Gobierno autonómico, considera que los ancianos deben ser tratados en las residencias y no en los hospitales.

“La edad cronológica, la edad en años, no es nunca el único criterio a tener cuenta. Pero es verdad que, como se puede establecer por la esperanza de vida y situación funcional, en situaciones extremas y siempre en casos similares, se debe dar prioridad a los más jóvenes, que tienen más posibilidades de supervivencia y secundariamente, más años de vida salvada”, dice en la primera página. Tras las consideraciones previas, la Comisión entra en materia y entiende que “los equipos asistenciales correspondientes” deben atender a los enfermos de COVID-19 de las residencias “in situ”, “sin trasladarlos a los hospitales (salvo casos muy justificados de gran excepcionalidad, que tuvieran altas posibilidades de recuperación, conforme a los criterios de prioridad establecidos”.

Lo que no explica esta comisión, formada fundamentalmente por profesionales sanitarios, es cómo se puede determinar la situación y estado de un enfermo de COVID-19 en una residencia sin practicar las pruebas más simples. Eso sí, las decisiones que se tomen al priorizar pacientes deben quedar registradas por escrito, “pudiendo ser defendidas públicamente si fuera preciso”.

“Autorización previa expresa del servicio de Urgencias” para hospitalizar ancianos

Pero además, va más allá al establecer que en esos “casos excepcionales de traslado” se tiene que contar con “la autorización previa expresa del servicio de Urgencias del hospital de referencia”. Estas consideraciones, se plasmaron por escrito el 23 de marzo, el mismo día en que la Junta establecía sus 'Medidas generales para contener el impacto de la crisis del COVID-19 en las residencias de carácter social'.

Tres días después, el 26 de marzo, la Junta crea el 'Procedimiento para la atención socio sanitaria en residencias de personas mayores y de personas con discapacidad, ante la crisis sanitaria por el COVID-19'. Era uno de los momentos más críticos por la pandemia, los hospitales de la Comunidad estaban al borde del colapso y había importantes focos en residencias de ancianos de casi todas las provincias. Si estos enfermos ingresaban, y los había por miles, el sistema no lo soportaría.

Se apostó entonces por la decisión de mantenerlos en sus centros, estuviesen como estuviesen, y se crearon los equipos COVID-Residencias, uno por cada área sanitaria, formado por médicos del hospital de medicina interna, hospitalización a domicilio, o cuidados paliativos entre otros y un trabajador social. A estos equipos debían dirigirse los médicos de atención primaria para resolver dudas, solicitar asesoramiento o apoyo clínico en la toma de decisiones. También prestaban asistencia directa en caso de que se necesitase.

“Oíamos como se ahogaban, no fueron muertes fáciles”

La Junta en este segundo documento aborda la “solicitud de asistencia sanitaria” y establece que la presta el equipo de atención primaria. “Si para el desempeño de la asistencia, se necesitara apoyo clínico, los profesionales de Atención Primaria se pondrán en contacto con el Equipo COVID-Residencias”, dice la Junta. O lo que es lo mismo, el criterio del médico no era suficiente para que un enfermo acabase en un hospital, tenía que autorizarlo el otro equipo. En letras negritas destacan que “en ningún caso derivarán pacientes de a residencia al Hospital sin contactar previamente con el Equipo COVID-Residencias, que será quien decida la ubicación de la persona”. O lo que es lo mismo, decidirán si el paciente sigue o no en tratamiento en la propia residencia aunque el médico de Atención Primaria requiera que se le hospitalice. En el caso de que sí, y tal y como establecía la Comisión de Bioética, había que pedir autorización al hospital. Un ingreso urgente no parecía muy sencillo.

Tal y como informó eldiario.es, la Junta relajó las condiciones el 16 de abril, con una actualización del protocolo que añadía un “preferentemente” a la frase “no sé movilizará ni derivará” a los residentes a hospitales. Según datos aportados por la Consejería de Familia, en estos momentos hay 451 ancianos procedentes de residencias hospitalizados y se ha derivado desde el inicio de la pandemia a 3.200 residentes. Además, el número total de fallecidos positivos en COVID-19 o con síntomas compatibles con la enfermedad asciende a 2.540.

Algunos trabajadores de residencias han relatado a eldiario.es como muchos de sus “abuelos” fallecieron por asfixia sin que pudieran hacer nada. “Oíamos como se ahogaban, cómo llamaban a sus familiares, no fueron muertes fáciles”, aseguran. Todo ello a pesar de la frase final del informe de Bioética, en un cuerpo más grande de letra y en negrita: “Hay que dar siempre, hasta el final, una asistencia profesional, integral, humana y compasiva”.