No hay delitos que investigar. La Fiscalía de Valladolid ha archivado las diligencias abiertas por construcción, financiación y explotación del Hospital de Burgos (HUBU) tras las denuncias del entonces parlamentario autonómico de Ciudadanos y actual gerente del Sacyl, Manuel Mitadiel , frente a la Gerencia de Salud de la Junta de Castilla y León y a la sociedad mercantil 'Nuevo Hospital de Burgos', y de los representantes de los grupos políticos de Castilla y León ,Izquierda Unida , Podemos , Ciudadanos y Partido Socialista , así como por representante de las asociaciones “sanidad Pública SI , asociación Libre Arquitectura y Ecologistas en Acción de Burgos . Según un comunicado de la Fiscalía, ”la investigación realizada no ha detectado hechos nuevos distintos“ de los que fueron objeto de investigación por el Juzgado de instrucción no 1 de Burgos en las Diligencias sobreseídas en el año 2016 , con relación a la adjudicación del contrato y al primer y segundo modificado del mismo.
En cuanto a los hechos distintos y posteriores a aquellos , concretamente los relativos al primer reequilibrio financiero y a los costes de financiación, la Fiscalía no ha detectado “indicios de resoluciones administrativas manifiestamente injustas , infracciones en el procedimiento administrativo , o apropiación de fondos públicos en los términos de la regulación anterior al año 2015” si bien apunta que hay discrepancias en la interpretación de las cláusulas de la concesión que se han ido planteando y resolviendo ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Se cierra, al menos de momento la vía judicial.
Pero el conflicto no se cierra políticamente. Este lunes, tras conocer la decisión del Ministerio Público, el PSOE de Castilla y León ha dado una rueda de prensa en la que se ha exigido la dimisión o cese del gerente regional de Salud, Manuel Mitadiel por tapar un “demoledor informe” que confirma los vicios en el proyecto del Hospital de Burgos y que está firmado por Víctor M. Calleja Gómez, director general del HUBU nombrado con el Gobierno de Herrera y mantenido por la coalición de PP y Cs hasta marzo de 2020 cuando fue cesado, un mes después de trasladar este documento de 39 páginas a Mitadiel y del que ya tenía conocimiento el propio presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, desde octubre de 2019.
Un informe demoledor que acabó con el cese del autor
“Todo lo que dijimos que pasaría ha pasado”, ha lamentado Tudanca en la rueda de prensa en la que ha “desvelado” el informe firmado por Víctor M. Calleja Gómez que “desenmascara” que el contrato está viciado de nulidad desde el principio y que reitera “todas y cada una de las irregularidades” que han denunciado los socialistas sobre un proyecto “ruinoso” y “gravoso” para las arcas de Castilla y León que heredará un hospital “viejo y obsoleto” al finalizar la concesión, informa Europa Press.
Tudanca ha aclarado que este funcionario público ha optado por hacer público el informe “como último paso” y tras haber seguidos los cauces reglamentarios sin haber recibido ninguna respuesta por parte de Fernández Mañueco ni de Mitadiel que le cesó un mes después. “No valoramos ni podemos saber los motivos pero los hechos, los plazos y el calendario son esos”, ha explicado.
Por este motivo, ha cargado especialmente contra el “converso” gerente regional de Sacyl al que ha recordado que en su día llevó a Fiscalía un escrito sobre las irregularidades en la concesión y explotación del HUBU que un año después intenta tapar. “Es un cómplice más de la ocultación”, ha sentenciado el líder de los socialistas en Castilla y León que ha advertido de que el PSOE no da por agotada “ninguna vía, tampoco la judicial”, para asegurar que el propio firmante del documento también remitió este informe a fiscalía.
“Nadie hizo nada y lo tienen que explicar”, ha continuado Tudanca que ha considerado de “absoluta vergüenza” que Fernández Mañueco esté tratando de “cargarse” la sanidad pública en Castilla y León y de “tapar las irregularidades del HUBU” perdonando dinero a las empresas. “El PSOE no se va a rendir, no va a parar, no va a descansar por más trabas que pongan para tratar de obstaculizar”, ha asegurado el político socialista que ha insistido en la necesidad de revertir el HUBU al sistema público porque es “absolutamente gravoso ahora y en el futuro”. En este sentido, ha reprochado a PP y a Cs que no hayan cumplido el punto del “pacto de la rapiña” para estudiar la reversión del HUBU y les ha acusado de poner “piedras en el camino”.
Conclusiones
Según resume, la oferta inicial, por 329,6 millones de euros, se correspondía a la entrega “llave en mano” de un hospital operativo con proyecto de construcción y equipamiento por cuenta y riesgo de la sociedad concesionaria, entregado en el plazo de tres años y seis meses y con garantía de precio y plazo, que tras la modificación de obra y equipamiento se transformó en una factura de 587,5 millones por un hospital entregado en el plazo de cinco años, seis meses y 14 días y para el que las deficiencias del proyecto de construcción y de equipamiento han sido subsanadas por la Administración mediante la aprobación de sucesivos modificados de obra y de equipamiento por importe “aparente” de 128,1 millones que han llegado a 377,7.
Así, entre las “claves” del “demoledor” informe rubricado por Víctor Calleja Gómez constata que la oferta de la concesionaria incumple un aspecto esencial del estudio de viabilidad por infravaloración del equipamiento ofertado que afecta tanto al equipamiento inicial como a las inversiones temporales de reposición y cláusula de progreso, de lo que se benefició la concesionaria en la valoración de las ofertas.
“No se conoce de la existencia de ninguna motivación sobre porqué se acepta una oferta que sólo cumple el 59 por ciento de las necesidades de equipamiento definidas por un estudio de viabilidad aprobado, pagado y publicado por el Sacyl”, advierte el firmante que evidencia a falta de cautelas o garantías para asegurar que esa oferta “con una diferencia en la dotación de equipamiento tan evidente” fuese efectivamente ejecutada por parte de la concesionaria.
Calleja Gómez explica también que Sacyl asumió la subsanación de las posibles deficiencias en la oferta de equipamiento, momento a partir del cual se ha abierto el litigio sobre las adquisiciones no previstas en el plan de equipamiento inicial que elaboró y aprobó la propia Administración autonómica y que supuso un incremento de las inversiones de equipamiento del 123 por ciento sobre la oferta inicial.
A esto añade que los modificados de equipamiento se autorizaron y ejecutaron sin conocer su coste real e incurriendo “de facto” en una fragmentación del gasto en cuya tramitación se prescindió “de toda cautela” para fijar o limitar los costes adicionales necesariamente asociados a los modificados. “De todo ello --explica en su informe de 39 páginas-- deriva un sobrecoste no aflorado en el momento en el que se generó, junto con una situación de riesgo derivada de un litigio por las discrepancias con la concesionaria sobre la cuantía de esos costes adicionales en el cual Sacyl se encuentra demandado”.
El que fuera director de gestión del HUBU advierte de que no hubo errores ya que la oferta de la concesionaria contemplaba “cero euros” en reposiciones de alta tecnología y 7,8 millones para reposición de equipos médicos, circunstancias que, en su opinión, hubieran requerido “por sí solas” una “detallada aclaración” sobre la oferta presentada y, en su ausencia, una “desestimación” de la oferta.
“La discrepancia entre la Administración y la concesionaria es radical de tal manera que, de prosperar las tesis de la concesionaria, quedaría totalmente demolida la política de inversiones que pretende la Administración y situaría al hospital en un horizonte de penuria tecnológica”, augura el firmante que añade que, mientras tanto, las adquisiciones de equipamiento del HUBU “cursan de manera tórpida, sujetas a continuas demoras y controversias”.
En el marco de la oferta de inversiones de reposición “manifiestamente insuficiente”, concluye, el documento presenta “notables irregularidades formales y adolece de fecha y firma de los oferentes” a lo que añade que en el cálculo del reequilibrio se ha ignorado la existencia de esta mejora que “hasta el momento” no ha surtido efectos prácticos.
Por otro lado, considera “reseñable” que, a diferencia de lo que ocurrió con el equipamiento, en el apartado de construcción la oferta supera sistemáticamente al estudio de viabilidad sin que motivase actuación o reparo por parte de la Administración a la que la concesionaria traslada la responsabilidad por modificados impuestos de forma unilateral.
“La Administración asume los costes por estos modificados y por las demoras en la finalización de la obra sin haber formulado ninguna reclamación o reparo sobre el proyecto inicial de la concesionaria el cual termina siendo objeto de tal modificación resulta irreconocible”, sentencia el firmante.
También concluye que los modificados de construcción se autorizaron y ejecutaron sin conocer su coste real y sin cautelas para fijar o limitar los costes adicionales necesarios lo que deriva en un “sobrecoste” no aflorado en el momento en el que se generó.
En el caso de la dotación instrumental considera que muestra la “verdadera naturaleza de los modificados” que constituyeron una “especie de rescate preventivo” de la concesión a costa de la Administración para hacer viable “una oferta con carencias flagrantes” y que, “por manifiestamente inviable, debió ser rechazada o, alternativamente, exigida en los términos en los que fue aceptada”.
El el pacto de gobierno entre PP y Ciudadanos, el partido de Arrimadas impuso, entre otras cosas, que se revirtiese la concesión del Hubu, algo que un año después no ha ocurrido. Sobre las implicaciones del carpetazo de la Fiscalía al caso se ha pronunciado ya un exalto cargo del gobierno de Herrera, el exvicepresidente de la Junta y actual concejal del PP en el Ayuntamiento, José Antonio de Santiago-Juárez. En su cuenta de twitter se ha preguntado si “Tudanca ( PSOE), Luis Fuentes ( Cs y actual presidente de las Cortes) y Pablo Fernández ( portavoz de Podemos),pedirán disculpas por las barbaridades que dijeron sobre este asunto en la pasada legislatura”. También se ha referido a los miembros de la comisión de investigación que se cerró sin acuerdo para denunciar los hechos. “¿Queda dignidad?”, ha escrito.
El exvicepresidente no sólo pide dimisiones, también que se devuelvan “las dietas de la comisión de investigación”.
En declaraciones a elDiario.es, De Santiago-Juárez, ha señalado que “hoy mismo” deberían haber dimitido tanto el vicepresidente actual, Francisco Igea, como el gerente de Sacyl, Manuel Mitadiel. “Mitadiel llevó la denuncia a la Fiscalía de Valladolid rompiendo el compromiso con el resto de la oposición para hacerlo de manera conjunta y además declaró en ese momento que lo había hecho con la autorización de Igea. Basaron su campaña electoral en el Hubu y ahora que se archiva ¿qué?”, ha comentado.