La Fiscalía Superior de Castilla y León ha archivado las diligencias promovidas por El Defensor del Paciente a fin de que se investigara lo ocurrido en residencias y centros asistenciales de la Comunidad con motivo del coronavirus, al tiempo que se ha inhibido en favor de la Fiscalía de Valladolid por lo que respecta a la denuncia de la situación en la Casa de la Beneficencia.
En el primer caso, Lourdes Rodríguez Rey responde al Defensor del Paciente que no se iniciarán acciones penales hasta recibir atestados de la Policía Nacional o de la Guardia Civil con datos concretos de actuaciones negligentes o dolosas que pudieran ser constitutivas de delito, que en todo caso deberían ser realizadas por las fiscalías provinciales correspondientes.
De este modo, la Fiscal Superior de la Comunidad, Lourdes Rodríguez Rey, responde al requerimiento efectuado por El Defensor del Paciente a fin de que se investigaran las residencias y centros de discapacitados con motivo de la situación en la que se encuentran los residentes a raíz de la propagación del coronavirus.
Lourdes Rodríguez Rey, a través de un decreto al que tuvo acceso Europa Press, recuerda también que antes de la remisión de la presente denuncia, la Fiscal General del Estado había designado a Jesús Dolz Lago, fiscal del Tribunal Supremo, para recabar toda la información sobre la situación de las residencias de mayores y centros asistenciales de personas vulnerables, al tiempo que en el ámbito de Castilla y León la propia Fiscal Superior también había hecho lo propio designando a un fiscal con idéntico cometido.
“Es decir, por parte de la Fiscalía, tanto a nivel estatal como de esta Comunidad, se están realizando las actuaciones precisas para conocer con el detalle posible, teniendo en cuenta las especiales circunstancias en que nos encontramos, los datos necesarios para realizar la función que constitucionalmente le está encomendada, que, por supuesto, no es sanitaria ni tampoco policial, de modo que en su momento actuarán exigiendo las responsabilidades que procedan cuando se le remitan los correspondientes atestados policiales”.
NO PROSPECTIVA
Además de precisar que la investigación de las residencias no puede ser prospectiva, es decir, a la búsqueda de delitos sin que previamente haya datos concretos que permitan iniciar las actuaciones en base a indicios mínimamente contrastados, Rodríguez Rey responde al Defensor del Paciente que, hasta el momento, no se les ha comunicado “ni se tiene conocimiento de hechos en el territorio de esta Comunidad que revistan caracteres de delito”.
El Defensor del Paciente envió a la Fiscalía de la Comunidad correo electrónico de fecha 21 de marzo de 2020 en el que formulaba que se investigaran las residencias y centros de discapacitados y, en especial, la Casa de la Beneficencia de Valladolid, en la que decía que había un número imperdonable de afectados, falta de personal, de medios...y en la que desde el inicio de la crisis han fallecido ya doce residentes.
Más en concreto, trasladaba que Luis Juan G, tutor y sobrino de un residente de 81 años de esa residencia de Valladolid, sita en Camino del Cementerio no 6, denunciaba que no daban información a los familiares.
Respecto de su tío y tutelado, el familiar aseguraba que aunque no tenía síntomas, al compartir habitación con otro que tenía tos se le consideraba positivo y no se le aislaba, considerando de vergüenza que no hicieran aislamiento ni dieran información a los familiares y que le dijeran que sólo antes de que murieran llamarían a los familiares para despedirlos por videollamada.
En cuanto a este hecho concreto en la Casa de la Beneficencia, la Fiscal Superior de Castilla y León ha resuelto remitir el caso a la Fiscalía de Valladolid por ser, en principio y a la vista de los
hechos denunciados, la competente para su conocimiento.