La estafa de la empresa china a la que la Junta de Castilla y León pagó 10,2 millones: cajas de material bueno mezclado con defectuoso y a granel

A últimos de marzo, en el pico más alto de la pandemia del COVID-19, las comunidades buscaban material de protección individual desesperadamente, no había stock en apenas ningún lugar, a excepción del mercado chino. La Junta de Castilla y León pidió donaciones mientras buscaba proveedores con los que fletó aviones y cuya llegada se anunció a bombo y platillo con notas de prensa y fotos. Conseguirlos era toda una hazaña, con funcionarios que vivían 'en horario chino' intercambiando mails, cotejando ofertas y con una competencia salvaje. En alguna ocasión otro país consiguió 'levantar' el avión de Castilla y León a pie de pista de despegue, mejorando la oferta, o era el propio proveedor quien repentinamente cambiaba el precio acordado.

La Junta trabaja con varias empresas chinas, una de ellas es Sanghai Huanbiao Imp And Exp. Co, Ltd. En tres contratos el Gobierno de Castilla y León llegó a pagarle 10,2 millones de euros. Hoy estudia ejercer acciones legales. Este sábado, la consejera de Sanidad, Verónica Casado, reconocía en una rueda de prensa que ha tenido que retirar 20.000 mascarillas KN95 Subulun, fabricado por Anhui Subulun Garment que, aunque tenían todos los certificados y homologaciones, no son válidas. O lo que es lo mismo, se falsearon sus documentos.

Según Casado, ante las “quejas” recibidas y puesto que desde el 23 de abril el Ministerio autorizó el análisis de material en el Centro Nacional de Medidas de Protección, se solicitó, se mandaron las mascarillas y el resultado llegó el jueves: no sirven. La consejera asegura que sólo se repartieron 20.000 pero se que se han inmovilizado cautelarmente 1.080.000 unidades de otros modelos de mascarillas de la misma marca a la espera de un análisis sobre su efectividad.

Sin empaquetado individual

¿Cómo se dieron cuenta los médicos, enfermeros, auxiliares y cuidadores de que esas mascarillas no podían ser buenas? Desde la Consejería de Sanidad no se ha dado más información a eldiario.es. Sin embargo, fuentes sanitarias consultadas por este diario sí que han detallado qué es lo que les hizo sospechar desde el primer momento: “Lo primero que nos llamó la atención es pasar de unas mascarillas FPP2 a unas KN95 que al parecer eran más o menos equivalentes. Pero las primeras las usábamos durante 50 horas y estas de repente eran para cada turno de trabajo”. Hasta ahí, simplemente parecía material diferente, de menor efectividad. Pero hay más y es que venían “a granel” y sin empaquetar individualmente, lo que no daba mucha “confianza”. Técnicos de prevención de riesgos y profesionales sanitarios se dedicaron a 'peinar' el material que se recibía. “En las cajas de mascarillas, batas...venía material aparentemente bueno con otro que se veía a la legua que era diferente y peor”, aseguran las mismas fuentes.

Más de dos millones de mascarillas compradas al mismo proveedor

Sin embargo, el material se siguió usando hasta que los resultados de los análisis del Ministerio se conocieron. ¿Cuánto material ha comprado la Junta de Castilla y León a ese proveedor chino? Según el portal de datos abiertos, el 19 de marzo se formalizó un contrato de 860.000 euros por 500.000 mascarillas FFP2. Al día siguiente, se hizo otro por 1.025000 euros por la compra de 100.000 mascarillas FFP2 y 400.000 KN95 (del modelo de las que se han retirado las 20.000 unidades defectuosas), y el 26 de marzo se hizo el mayor de los contratos, 8,4 millones de euros para el suministro de 1,5 millones de mascarillas FFP2 y un millón de batas impermeables. Así, la Junta deberá ahora evaluar los 2,4 millones de mascarillas que ha comprado a Sanghai Huanbiao y contestar a la pregunta de los profesionales sanitarios: “¿por qué se siguieron repartiendo si estábamos avisando de que no eran buenas?”.

Todos los profesionales que hayan utilizado estas mascarillas deberán contactar con su servicio de prevención de riesgos laborales para someterse a análisis y seguimiento.

Hasta el momento, 2.945 profesionales sanitarios de Castilla y León han contraído el COVID-19, 1.029 permanecen en aislamiento, y 1.916 ya han recibido el alta y cinco, los que recordó la consejera Casado en su comparecencia en las Cortes, han fallecido por la enfermedad.