Las contradicciones del Gobierno valenciano con el turismo: un problema que aparece y desaparece según el interlocutor

El Gobierno valenciano considera los apartamentos turísticos un problema o un impulso para la economía en función de quién pregunte, quién responda y el contexto en el que lo haga. Así se deduce de las recientes acciones y declaraciones de miembros del Ejecutivo autonómico, que ultima un decreto para regular los apartamentos de uso turístico, después de que la ciudad de València haya anunciado la paralización de las licencias para los próximos dos años.

La Conselleria de Turismo, que dirige Nuria Montes, elabora una norma para poner coto a los apartamentos irregulares y evitar la especulación que se hace con los pisos de uso vacacional. La dirigente, exresponsable de la patronal hotelera de Benidorm (Hosbec), avanzó en las Corts Valencianes que se pretende limitar la licencia de actividad a la persona titular, de forma que si el inmueble se vende tenga que renovarse. Apuntó también que trabajan en una herramienta de Inteligencia Artificial que facilite las inspecciones, dado que solo cuentan con 13 agentes para casi 300.000 viviendas. En la Comunitat Valenciana hay cerca de 120.000 viviendas turísticas y se estima que hasta el doble de pisos sin licencia, algo que este decreto pretende controlar.

Sin embargo, cuando el ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, pidió colaboración a las administraciones para detectar los inmuebles ilegales y sancionarlos, además de pedir medidas de regulación de precios en la vivienda, el Consell respondió a la defensiva. Bustinduy viajó a Dénia y Altea para suscribir un acuerdo con los municipios, ambos gobernados por la izquierda, para que faciliten información a la dirección general de Consumo, que rastrea la publicidad ilícita de apartamentos. Desde allí invitó al Gobierno autonómico a cooperar para frenar las irregularidades en el sector.

Tras la visita, el gabinete de comunicación envió un comunicado en el que la conselleria venía a decirle al ministro que se metiera en sus asuntos. En concreto, criticaba “la focalización que está haciendo el Gobierno de España sobre las viviendas de uso turístico, que en la Comunidad Valenciana representan el 1,8% del total del parque de vivienda, mientras que la vivienda vacía representa más del 14%”. Después de semanas insistiendo en el decreto que “pondrá orden”, la dirigente valenciana relativizaba el problema tras las críticas del ministerio. Y seguía: “Tampoco tenemos que olvidar que las competencias en materia de ordenación turística se atribuyen en exclusiva en las comunidades autónomas” y ha insistido que “hace un año que pedimos una conferencia sectorial sobre turismo y no hemos obtenido respuesta”.

De hecho, Montes defiende que son la única autonomía que ha tomado medidas: “Precisamente la única administración que ha tomado medidas respecto a la publicidad de las plataformas es la nuestra, dado que tenemos competencias, así que no es necesario que ningún ministro nos invite a hacerlo”, dijo, volviendo a instar al ministro a dedicarse a otros menesteres. En declaraciones emitidas durante un acto, la consellera afeó a Bustinduy que “no se ha dirigido en ningún momento” al gobierno valenciano “como autoridad turística para comunicar ninguna intención”.

La titular de turismo del Gobierno de Mazón instaba al Gobierno central a tomar medidas en materia de vivienda: “El problema de la vivienda en este país no tiene que ver tanto con las viviendas de uso turístico como con las políticas del Gobierno de España en materia de vivienda, que tendrían que empezar a revisar”. La crítica choca con el planteamiento que ha tenido tanto el PP como el Consell de Mazón, del que Montes forma parte sin militar en el partido. Fue precisamente el PP quien recurrió el decreto de tanteo y retracto y las medidas del Ejecutivo del PSPV, Compromís y Unidas Podemos para movilizar las viviendas vacías. Es también el Gobierno Valenciano quien se ha negado a aplicar las cláusulas previstas en la ley estatal de vivienda para el control de precios y son, también, las ciudades valencianas, gobernadas por el PP, las que rechazan limitar los precios del alquiler. Por el momento, las medidas del Ejecutivo autonómico se centran en bonificar la compra, reducir impuestos y tratar de construir vivienda protegida mediante la iniciativa privada.

Montes lleva meses pidiendo una conferencia sectorial de turismo al ministro Jordi Hereu, sin haber obtenido respuesta. La titular valenciana insiste en que “ha habido varios ministros que están hablando sobre este asunto -el responsable de Consumo, la ministra de Vivienda- pero ni siquiera el ministro de Turismo, que hay un ministro precisamente de esta actividad, se ha pronunciado al respecto”. El plan de control a los apartamentos se presentará a finales de la próxima semana, en el último pleno del Consell. El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, afirmó el viernes que su intención es ser “sostenible, equilibrado y ambicioso”. El texto “ha sido trabajado, estudiado, consensuado y que nos va a llevar a una plataforma de madurez en el tratamiento turístico que merece la Comunitat valenciana”, aseguró.