La Junta de Castilla y León remite a la Fiscalía la información reservada sobre los presuntos abusos sexuales en el Hospital de Medina

La Junta de Castilla y León ya ha remitido a la Fiscalía de Valladolid las conclusiones de la información reservada que abrió el pasado mes de junio sobre el presunto caso de abusos sexuales por parte de un traumatólogo del Hospital Comarcal de Medina del Campo a pacientes y enfermeras. Tal y como confirman fuentes de la Consejería de Sanidad, la información que ha sido recabada por la Inspección Médica de la Gerencia Regional de Salud se ha hecho llegar para que se practiquen diligencias si se considera oportuno. Desde Sanidad han rechazado dar más explicaciones acerca de su contenido.

Para llevar a cabo el informe, el instructor de la información ha tomado declaración a los 26 trabajadores del área de quirófanos y reanimación que firmaron el escrito en el que alertaban a la Junta  de “incidentes reiterados” con el facultativo y de los que la jefe de la unidad de enfermería había informado al coordinador del bloque quirúrgico y al jefe de traumatología sin que se actuase. También han dado su versión de los hechos mandos intermedios y el que era gerente del hospital hasta que se conoció el caso. Todos ellos acabaron dimitiendo en las semanas posteriores a la denuncia. El traumatólogo aludido falleció en un accidente de coche el mismo día en que el gerente del hospital le comunicaba su baja y la apertura de la investigación interna.

Intentaron convencer a una presunta víctima, enfermera, de que había malinterpretado los hechos

Sus compañeros relataban en su escrito de denuncia exploraciones “antes y después” de las intervenciones quirúrgicas “en pacientes femeninas y sobre todo jóvenes, incluso niñas” que consideraban “completamente libidinosas y abusivas” y que atentaban contra su intimidad “creando un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo”. Según ellos, se extralimitaba “practicando habitualmente tocamientos sin ningún motivo clínico, en sus órganos mamarios” y sospechaban también que “ginecológicos” y “sin guantes” en “pacientes anestesiadas” o con raquianestesia (de cintura para abajo), algo que hacía “debajo de una sábana”. Pero los abusos no sólo afectaron a pacientes, también a compañeras.

El hecho que desencadenó el escrito fueron los tocamientos que presuntamente sufrió una enfermera interna residente. La joven informó de ello a la supervisora de enfermería. Sin embargo, según ha podido saber elDiario.es, cuando uno de los responsables de área del hospital tuvo conocimiento de la situación, optó por mantener una reunión con ella y con el presunto abusador. En el encuentro, se la intentó convencer que había “malinterpretado” los hechos.

Una de las pruebas que forman parte de la información reservada de la Junta es una denuncia efectuada en 2019 a través del sistema Sisnot, el sistema de notificación de incidentes sin daño en los centros del Servicio Regional de Salud de Castilla y León. Se trata de una aplicación informática desde la que los profesionales informan de incidentes médicos de manera anónima. La notificación llega a los gestores del centro donde se ha dado esa incidencia y se buscan soluciones para que no vuelva a ocurrir. En realidad el sistema está pensado para alertar de fallos sin consecuencias en el sistema de trabajo, no para incidentes de tipo delictivo, pero es el único en el que no puede identificar al alertante.

En este caso, una enfermera informó de que mientras se encontraba con el médico en quirófano junto a una niña anestesiada, observó como tenía sus manos “fuera del mapa quirúrgico” (zona descubierta en la que se interviene) y por debajo de la sábana. La trabajadora relataba en el texto que fue desplazándose en el quirófano hasta “interponer” su cuerpo entre las manos del médico y la pequeña. Esta denuncia no trajo consecuencias.

La Fiscalía tendrá que determinar ahora si hay indicios suficientes de que los abusos sexuales se produjeron y si los mandos del hospital eludieron su responsabilidad para evitarlos. En el caso de que no se observe omisión por parte de quienes debían denunciar los hechos, no podrá judicializarse el caso puesto con la muerte del presunto autor se extingue su responsabilidad penal.