Mientras Alfonso Fernández Mañueco, por muy asentado que esté en la presidencia de la Junta, sigue en el punto de mira de Génova, que se ha propuesto utilizar los congresos provinciales del partido para socavar su liderazgo en el PP de Castilla y León, no parece que Luis Tudanca vaya a encontrar rival en el próximo congreso autonómico del PSOE.
La fallida moción de censura, presentada intempestivamente a instancias de La Moncloa, no ha pasado a Tudanca la factura que sus adversarios preconizaban, y si no se vislumbra alternativa a su reelección como secretario autonómico del partido, menos aún se atisba competencia en el proceso de primarias para elegir el candidato socialista a la presidencia de la Junta en 2023 (o antes, si en un momento dado Fernández Mañueco activa el botón de disolver las Cortes y convoca elecciones anticipadas, tal como ha hecho Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid).
Hace unos días el contrincante de Ayuso, Ángel Gabilondo, anunció que, en el hipotético caso de tener que formar gobierno, su vicepresidencia económica recaería en la actual ministra de Industria, la vallisoletana Reyes Maroto. Nada sorprendente teniendo en cuenta que, hasta su nombramiento como ministra, Maroto era una de las más estrechas colaboradoras de Gabilondo en la Asamblea de Madrid.
El nombre de la ministra de Industria se barajó como cabeza de lista al Congreso por Valladolid en las últimas elecciones generales, lo que hubiera supuesto su inserción política en Castilla y León y a partir de ahí su eventual salto a la primera línea de la política autonómica. Pero el poderoso secretario de Organización del PSOE, José Luis Abalos, colocó a Maroto en la lista por Madrid y apostó por Javier Izquierdo, el actual Delegado del Gobierno, para encabezar la candidatura socialista por Valladolid.
Así las cosas, Izquierdo sería sobre el papel la única alternativa plausible para disputar al actual secretario autonómico el liderazgo del partido en la comunidad, toda vez que el socialista más valorado por Pedro Sánchez, el alcalde Óscar Puente, no juega a la política autonómica. Quienes se han permitido cuestionar la idoneidad de Tudanca para repetir como candidato a la presidencia de la Junta se olvidan con pasmosa facilidad de que ganó las pasadas elecciones autonómicas, algo que no había vuelto a suceder en Castilla y León desde la victoria de Demetrio Madrid en 1983. Candidatos socialistas tan ilustres como Juan José Laborda, Jesús Quijano, Jaime González, Ángel Villalba y Óscar López cayeron sucesivamente derrotados ante José María Aznar, Juan José Lucas y Juan Vicente Herrera. Por el contrario, Fernández Mañueco rompió en 2019 la racha de victorias de sus predecesores en la presidencia de la Junta.
La pérdida de la mayoría absoluta en las Cortes por parte de PP y Ciudadanos depara una nueva correlación de fuerzas que brinda a inéditas posibilidades a la oposición. De momento, se ha traducido en la derogación del “decretazo” sanitario, abolido deprisa y corriendo por el presidente Mañueco so pena de sufrir una derrota parlamentaria. Y los socialistas ya se aprestan a solicitar de nuevo la comisión de investigación sobre la pandemia y las residencias de ancianos, rechazada el pasado mes de diciembre por la mayoría absoluta que entonces sumaban PP y C´s. Hace al caso recordar que la solicitud de dicha comisión contó con el respaldo de todos los integrantes del grupo mixto con la única excepción del procurador del Vox, favorable sin embargo a su constitución.
Mediante el inminente acuerdo con el procurador de “Por Ávila”, la Junta verá restablecida su mayoría parlamentaria, pero ello puede ser flor de un día ante el proceso de descomposición que amenaza a Ciudadanos, que podría ser irreversible si sufre un nuevo descalabro en las elecciones madrileñas.
El PSOE cometió un error garrafal al suscribir con las firmas de sus 35 procuradores su fallida moción de censura, con lo que no podrá volver a presentar otra hasta marzo de 2022. Pero para entonces faltaran 15 meses hasta las siguientes elecciones, tiempo suficiente para intentarlo de nuevo si el gobierno Mañueco no remonta y mantiene su vuelo gallináceo. Eso sí, Tudanca debería afinar en su labor de oposición y apostar más por la línea Barcones (Virginia) y menos por el estilo Sánchez (Ana).
COSAS VEREDES
Transferencia de dietas.- María Montero, la procuradora que abandonó Ciudadanos en vísperas de la moción de censura socialista, hizo un mal negocio con su decisión. Durante 2020 fue la parlamentaria de las Cortes que más dinero percibió en concepto de dietas y gastos de kilometraje, un total de 39.929 euros, cuantía que este año verá reducida a poco más de la cuarta parte tras haber adquirir la condición de procuradora no inscrita.
En principio, una de las beneficiadas por la redistribución será la procuradora naranja Alba Bermejo, precisamente una de las sospechosas de estar embarcada en el mismo plan de fuga de Montero, a la que, según todos los indicios, dejaron colgada otras dos compañeras de su antiguo grupo. Bermejo ha sustituido a Montero en la presidencia de la Comisión de Sanidad y pertenece además a otras siete comisiones parlamentarias, percibiendo una dieta de 220 euros por cada sesión celebrada.
En tan solo siete meses (tomo posesión en julio) Bermejo percibió el pasado año 19.620 euros por estos conceptos, y en el primer trimestre de 2021 ha encabezado el ranking, facturando 12.272. Con semejante ritmo, a final de año batirá ampliamente el record de su antigua compañera de grupo. Permanecer fiel a Ciudadanos ha resultado para ella un buen negocio.
Extraño compañero de viaje.- Una vez que la Fundación Villalar renegó de su nombre y del símbolo comunero, está en ciernes la creación de un Centro de Estudios sobre los Comuneros que recoja el testigo abandonado por la ahora llamada Fundación Castilla y León. Entre los promotores de esta nueva entidad figuran el primer presidente de la Junta, el socialista Demetrio Madrid, y el que fuera presidente de las Cortes en la segunda legislatura (1987-1991), Carlos Sánchez Reyes, militante entonces del CDS de Adolfo Suárez.
Nada que objetar a ambos “ex”, muy dados por otra parte a abanderar iniciativas y causas en pro de esta comunidad. Lo sorprendente es que aparezca junto a ellos un tercer promotor un tanto peculiar: Francisco José Alonso, líder del extinto Partido Nacionalista de Castilla y León (PANCAL) y procurador durante la primera legislatura. Alonso fue el primer trásfuga en las Cortes de Castilla y León, ya que, habiendo sido elegido en las listas de Alianza Popular, al poco se pasó al grupo mixto, desde el cual protagonizó toda clase de numeritos, entre ellos un encierro-protesta dentro de una roulotte en la plaza mayor de Valladolid.
Es presidente “ad eternum” de una fantasmal Liga Española Pro Derechos Humanos y gran maestre “ad vitam” del Grande Oriente Español, organización masónica desde la que reclamó sin éxito nada menos que el patrimonio expropiado a la masonería española tras la guerra civil. Personaje sinuoso donde los haya, no se comprende como Madrid y Sánchez-Reyes lo han admitido como compañero de viaje.
Dos sorprendentes vacantes.- En un partido como el PP, que ha duplicado en la Junta el número de asesores nombrados a dedo, sorprende que estén sin cubrir en las Cortes dos de los puestos de dedicación exclusiva que corresponden a su grupo parlamentario. De acuerdo con el cupo establecido, el grupo popular tiene derecho a “liberar” por cuenta de la Cámara a siete de sus 29 procuradores.
Sin embargo, solo tiene cubiertas cinco de esas plazas, las ocupadas por el portavoz, Raúl de la Hoz, los portavoces adjuntos Salvador Cruz y Miguel Ángel García Nieto, y los procuradores Ramiro Ruíz Medrano y Pablo Trillo-Figueroa. Y tanto este último, que ha sido nombrado muy recientemente, como Ruiz Medrano tienen asignada una “liberación” de segundo nivel, remunerada con 59.648 euros brutos anuales. Las dos vacantes por cubrir tienen el rango de portavocías adjuntas, retribuidas con una morterada anual de 90.491 euros (73.211 de salario base y 1.440 mensuales de “indemnización” por supuestos gastos no acreditados).
Obviamente no faltan procuradores del PP interesados en ocupar esas vacantes, pero al parecer no se cubren por decisión de De la Hoz, extremadamente celoso en rodearse de gente de su absoluta confianza, condición que por lo visto no reúne ninguno de los aspirantes.