La abstención de Vox en una PNL del PSOE obliga a la Junta de Castilla y León a cambiar la Ley del Juego que aprobó en marzo

Segundo Pleno en las Cortes de Castilla y León desde que Vox rompiera con el PP en el gobierno de la Junta de Castilla y León. En esta sesión, el punto fuerte del orden del día ha sido la votación de la Proposición de Ley de Concordia que ambos exsocios elaboraron. El PP, junto con el PSOE, se ha opuesto a esta iniciativa frente a los únicos 'Sí' de los 12 procuradores de Vox, quienes se han quedado solos. Los 'populares' también han votado en contra de una moción de sus excompañeros de Gobierno sobre mantener las políticas de empleo previas a la ruptura del Ejecutivo.

Seis meses después de la aprobación de la última modificación de la Ley del Juego y las Apuestas de Castilla y León. El PSOE ha presentado una PNL para instar a la Junta de Castilla y León a modificarla. La iniciativa ha prosperado con los apoyos de PSOE, UPL-Soria Ya, Por Ávila y el Grupo Mixto, la abstención de Vox y el único voto en contra del PP.

Las Cortes aprobaron el 14 de marzo con los votos a favor de PP y Vox. En el trámite parlamentario fueron rechazadas todas las enmiendas vivas que llegaron al pleno de la Cámara: las 26 del Grupo Parlamentario Socialista, la 9 del Grupo UPL-Soria Ya y 5 las Grupo Mixto, que su promotor, Francisco Igea, retiró por la ausencia de debate.

Una de las críticas de la oposición al gobierno autonómico era la necesidad de aumentar la distancia entre las casas de apuestas y los centros educativos. Con este normativa se elevaba a 150 metros, algo insuficiente para el resto de grupos

La procuradora del socialista Yolanda Sacristán ha defendido la necesidad de tener una normativa “más ambiciosa” en la protección de los colectivos vulnerables de “tener problemas de ludopatía” frente al beneficio de las empresas.

Sacristán ha indicado que la ley tiene que evitar la instalación de establecimientos específicos de juego en la zona de influencia de todo tipo de centros educativos de cualquier nivel a una distancia mínima de 500 metros, frente a las 150 metros actuales.

El PP ha defendido que la actual normativa es “moderna” ya ha criticado que se debata una ley de aprobación tan reciente. El procurador Francisco Javier Carpio ha señalado que la problemática resida con la normativa estatal. Por parte de Vox, Susana Suárez ha afirmado que la regla autonómica debería ser “más ambiciosa”.

El PP pide a Vox que “deje de llorar”

El debate parlamentario se ha producido entre reproches constantes entre PP y Vox. El viceportavoz de la formación de extrema derecha, Carlos Menéndez, ha defendido la gestión del exconsejero Mariano Veganzones al frente de la cartera de Empleo e Industria. La propuesta de Vox ha recordado al PP que durante los dos años de coalición ellos señalaban que “eran un gobierno útil” ya que sus medidas permitieron el “ahorro” del gasto superfluo dedicado a los “sindicatos de clase”. Por su parte, la ponente del PP, Paloma Vallejo, ha replicado a Menéndez que “dejen de llorar” tras romper con los 'populares'

Menéndez ha afeado al PP que, tras la ruptura del gobierno, una de las primeras medidas de la Junta sea “devolver a la patronal y sindicatos la financiación pública”. Vox ha vuelto a cargar contra el Servicio de Relaciones Laborales de Castilla y León que ha calificado como “gasto ineficaz” al igual que las “subvenciones de participación instituciona o visitas de prevención de riesgos laborales”.

En esta moción, todos los grupos han estado en contra de una moción presentada para dar “continuidad” a las políticas de Empleo y Diálogo Social realizadas por Vox. El procurador Francisco Igea ha ironizado con “la fuga” de Veganzones del partido al conocerse el anuncio de ruptura y ha recordado la “criminalización” de los sindicatos durante estos años.

El PSOE ha reprochado los ataques de Vox a la función mediadora en conflictos laborales del Serla, algo a lo que también se ha sumado el PP. La socialista Alicia Palomo ha criticado a los 'populares' por pactar con la derecha radical populista para crear “un chiringuito” para el exvicepresidente, Juan García-Gallardo, y el exconsejero Veganzones.

PP y Vox votan en contra de iniciativas sobre migración y de contratar publicidad institucional con medios condenados

PP y Vox sí que han coincido en varias iniciativas. Ambos grupos han votado en contra de una moción del PSOE para apoyar a la integración de los migrantes y que la Junta se muestre en contra de los discursos de odio. La iniciativa proponía también incrementar el presupuestos para cooperación internacional hasta alcanzar el 0,1% para en 2030 alcanzar el 0,7% del PIB; adaptar de manera urgente la Ley de Cooperación autonómica a la Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, y la puesta en marcha de Plan Estratégico de Cohesión Social con las Personas Migrantes.

También en contra del PSOE se han posicionado ambos grupos en una Proposición No de Ley para que la Junta de Castilla y León no contrate publicidad con “pseudomedios condenados y acreditados por difundir bulos y mermar la calidad democrática”. En el debate, la vicepresidenta segunda de las Cortes y procuradora socialista, Ana Sánchez, ha expuesto que la Junta “a través de cientos de contratos menores” financia “con un importe de 2 millones de euros” a “medios ultras” mientras “no hay dinero para médicos, oncólogos o mientras los profesores son los peores pagados de España”. “Pedimos algo tan sencillo como no contratar publicidad a medios condenados y acreditados por difundir bulos y mermar la calidad democrática”, ha concluido.

El representante del PP, Pablo Trillo, ha calificado la PNL socialista como “una agresión al principio a la libertad de expresión” que va en contra del “pluralismo político y de la Democracia en sí”. El procurador 'popular' ha indicado que la propuesta del PSOE va en sintonía con la presentada por el Gobierno central y ha señalado que la publicidad institucional “se da en toda Europa” como forma de dar a conocer las actuaciones de los servicios públicos que hace cualquier administración pública.

Vox ha señalado que este tipo de publicidad “debe ser objetiva, veraz y de utilidad pública” y no un tipo de “propaganda”. El procurador David Hierro ha añadido que “la publicidad institucional es un medio para comprar los medios de comunicación”.

El procurador de Unidas-Podemos, Pablo Fernández, ha reprochado a la Junta su gasto en publicidad institucional frente a necesidades como dotar de más oncólogos al Hospital de El Bierzo. “Es una vergüenza que no haya dinero para los docentes de la educación pública y que haya dinero para doparse electoralmente financiando a sus medios de comunicación que difunden bulos y mentiras”. Igea, por su parte, ha añadido una enmienda para que la Junta no contrate publicidad institucional, ya sea de forma directa o a través de las agencias o empresas adjudicatarias de los planes de medios, con aquellos de medios de comunicación que hayan sido condenados.

PP y Vox tumban la ley de agentes medioambientales

PP y Vox también han tumbado la toma en consideración la proposición de ley de agentes medioambientales, presentada por el Grupo Socialista. La iniciativa pedía crear un cuerpo público de agentes con un dispositivo eminentemente “público, operativo y estable”, dotado de unas “condiciones dignas” y con “recursos suficientes”, como ha defendido el procurador socialista José Luis Vázquez.

El PP se ha negado ya que, como ha manifestado la procuradora Beatriz Coelho, esta ley quiere “desmantelar” el Seprona al hacer de los agentes medioambientes funciones de “policías” al poder sancionar. Tanto Vox y PP también han indicado que a nivel nacional se está tramitando una ley similar por lo que han pedido esperar al desarrollo de la misma.

Los exsocios, de acuerdo en dos PNL de los 'populares'

Donde PP y Vox sí que han coincido en un PNL de los 'populares' en materia de vivienda y en defensa de la propiedad privada. Con los votos de ambos grupos se va a instar al Gobierno central a que se elimine las medidas que “blindan al ocupante sin título y al delincuente restringiendo la posibilidad de su desalojo” y se defienda “la propiedad privada”.

El procurador Igea ha recordado al PP -que no ha aportado en el debate la cifra de viviendas ocupadas- ha señalado que Castilla y León ya cuenta con 'oficinas antiokupación' que apenas tienen una consulta “al día”. Además, Igea ha ironizado con que el PP busca que Vox “les vote a favor algo”.

PP y Vox también han coincido en una PNL que pide al Gobierno central que rechace la Ley de Restauración de la Naturaleza y que inicie los trámites para su derogación.