La alcaldesa de Burgos desautoriza las órdenes de Vox para “inspeccionar” los pisos de migrantes sin control judicial

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala (PP), ha desmentido al vicealcalde de Burgos, Fernando Martínez-Acítores (Vox), al asegurar que “solo la alcaldesa puede dar instrucciones a la Policía Local”. La regidora ha hecho referencia al anuncio de su socio de coalición por el que anunciaba que tenía vía libre por parte de los 'populares' para usar a la Policía Local para buscar a inmigrantes ilegales en sus viviendas particulares para detectar “posibles casos de empadronamiento ilegal”, como indicó el vicealcalde.

Ayala, como ha avanzado BurgosNoticias, ha recordado a Vox que según la normativa básica de la Ley de Coordinación de Policías Locales y la Ley de Bases de Régimen Local, es el alcalde la autoridad máxima la que puede dar instrucciones a la Policía Local.

La regidora 'popular' ha asegurado que la Policía Local ya ejerce parte de esa actividad de regulación de los empadronamientos de acorde a su autoridad; sin embargo, otras muchas escapan a su control y son competencias de la Policía Nacional. La medida de Vox de erradicar los empadronamientos ilegales tendrá que pasar por la Reunión de Coordinación del Ayuntamiento

El Partido Popular se ha querido desvincular de la proposición que ha realizado su socio de Gobierno y se muestran contrarios varias de esas actuaciones, como ha matizado Ayala. La alcaldesa ha adelantado que tratarán este asunto en la Reunión de Coordinación del Ayuntamiento del próximo martes.

La intención de Vox en el Ayuntamiento de Burgos era usar a la Policía Local para buscar a inmigrantes ilegales en sus viviendas particulares, a pesar de que no está entre sus competencias, para localizar presuntos casos de empadronamientos ilegales en la capital. Martínez-Acitores y el concejal de Seguridad Ciudadana, Ignacio Peña reconocieron que no manejan datos de empadronamientos ilegales vinculados a la inmigración en Burgos y que su cruzada cuenta con el visto bueno de su socio de gobierno.

La propuesta de Vox choca contra el artículo 53 de la Lay 2/1986 que regula las competencias de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Este apartado restringe las competencias de la Policía Local a: Proteger a las autoridades de las Corporaciones Locales, y vigilancia o custodia de sus edificios e instalaciones, ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco urbano, de acuerdo con lo establecido en las normas de circulación,  instruir atestados por accidentes de circulación dentro del casco urbano, Policía Administrativa, en lo relativo a las Ordenanzas, Bandos y demás disposiciones municipales dentro del ámbito de su competencia, participar en las funciones de Policía Judicial, en la forma establecida en el artículo 29.2 de esta Ley.

También está entre sus funciones la prestación de auxilio, en los casos de accidente, catástrofe o calamidad pública, participando, en la forma prevista en las Leyes, en la ejecución de los planes de Protección Civil, efectuar diligencias de prevención y cuantas actuaciones tiendan a evitar la comisión de actos delictivos en el marco de colaboración establecido en las Juntas de Seguridad, vigilar los espacios públicos y colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con la Policía de las Comunidades Autónomas en la protección de las manifestaciones y el mantenimiento del orden en grandes concentraciones humanas, cuando sean requeridos para ello y cooperar en la resolución de los conflictos privados cuando sean requeridos para ello. En ningún caso se le atribuyen competencias en inmigración y mucho menos pueden “inspeccionar” domicilios particulares sin una orden judicial.

La Junta elude pronunciarse

Preguntado por la colaboración del Ejecutivo autonómico con la propuesta de Vox, el portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha evitado adelantar si colaborarían con el Ayuntamiento en caso de salir la iniciativa y ha derivado al “debate municipal” esta política.

El vicealcalde señaló que la Policía tirará de los servicios sociales del Ayuntamiento o de la Gerencia de Servicios Sociales, dependiente de la Junta de Castilla y León, implicar a los ciudadanos como delatores anónimos y buscar la colaboración con la Policía Nacional, la Guardia Civil y los “servicios de inmigración” .

El delegado del Gobierno recuerda a Vox que el control de la inmigración irregular compete a la Policía Nacional

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha recordado este jueves que la inspección y control de la inmigración irregular compete al Cuerpo Nacional de Policía y no a la Local como pretende una propuesta de Vox en el Ayuntamiento de Burgos, que ha calificado de “xenófoba”, como ya hiciera este miércoles el Ministerio de Migraciones, como adelantó elDiario.es.

“Es imposible identificar a simple vista si alguien está en situación irregular y hacerlo de forma aleatoria en función del color de la piel es algo claramente xenófobo”, ha argumentado el delegado del Gobierno en declaraciones recogidas por EFE. En todo caso, ha añadido, corresponde a la Policía Nacional cualquier intervención de ese tipo siempre que medie una investigación que no sea de tipo administrativo.

“Estoy en desacuerdo con esa intromisión en materias que competen a la Policía Nacional y con finalidades claramente xenófobas”, ha proseguido antes de subrayar que la obligación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de velar por el cumplimiento de la ley “sin criminalizar a ninguna persona por su raza, origen o color de la piel”.

VOX, representado en el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Burgos que preside como alcaldesa Cristina Ayala (PP), ha propuesto a su socio de coalición municipal un conjunto de medidas para combatir la inmigración ilegal, entre ellas la vigilancia sobre el empadronamiento, un canal para denuncias anónimas y controles de identidad en la calle para comprobar el estatus migratori