Un año después de su entrada en el Gobierno de Castilla y León, el “piso piloto” de Vox, tal y como lo llamó Santiago Abascal, sigue sin amueblar, vacío. El partido de extrema derecha intenta tapar con anuncios, tuits con vídeos en slow motion y declaraciones altisonantes una realidad tozuda: no sólo no ha conseguido gestionar y llevar a cabo lo que marcaron en el acuerdo con el PP, es que además ha cometido errores tratando de hacerlo. Mientras el socio de Mañueco pone en agenda los temas que le interesan, el PP intenta desvincularse de acuerdos escritos o verbales, no con demasiada fortuna. Las relaciones son tensas y quedan tres años de mandato.
De las 'derogaciones' en violencia machista y memoria al decreto atascado
Cuando se firmó el pacto de gobierno con el Partido Popular, uno de los compromisos era la ley de violencia intrafamiliar porque, según Vox, “la violencia no tiene género” y “hay que tratar a todas las víctimas por igual”. Castilla y León, que fue una de las primeras comunidades en tener una ley autonómica de violencia de género, iba a ser así una de las primeras en aprobar una ley de tintes negacionistas. Es cierto que Vox tuvo que conformarse con ese compromiso de crear una ley que coexistiese con la de violencia de género, porque en un primer momento exigió su derogación.
Lo mismo pedía del decreto de memoria histórica, anularlo en favor de uno “de concordia”. 12 meses después, ni hay ley ni hay decreto: el papeleo sigue atascado sin que PP y Vox den las razones. Eso sí, si finalmente hay un nuevo decreto, seguirá siendo de memoria histórica y no “de concordia”, así lo precisó hace un par de semanas el consejero de la Presidencia, Jesús Julio Carnero (PP).
Tampoco ha tenido especial relevancia el afán de “tratar a todas las víctimas por igual” convocando minutos de silencio por cualquier muerte violenta. Tan sólo uno ha sido por la muerte de un hombre a manos de su pareja, el resto fueron casos de violencia de género.
El protocolo antiaborto que no se ha puesto en marcha
Pero sin duda una de las medidas más polémicas, que ni siquiera aparecía reflejada explícitamente en el pacto de gobierno, fue la del protocolo antiaborto que se anunció y nunca ha llegado a ponerse en marcha. Ocurrió de manera inesperada, en una rueda de prensa posterior a un Consejo de Gobierno en el que el vicepresidente, Juan García-Gallardo, apareció junto al portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo. García-Gallardo se refirió a un compromiso del pacto, en concreto el del fomento de la natalidad y protección a las familias. Y a continuación dio las cifras “escalofriantes” de abortos en Castilla y León, algo que pretendía parar. El plan de Vox pasaba por “ofrecer” a las mujeres escuchar el latido del feto o ver “la cara y los rasgos” a través de una ecografía 4D. La mecha de la polémica prendió rápidamente y no sólo porque esos ofrecimientos rayasen en la coacción, algo que se contempla en la ley del aborto, sino porque eso suponía un cambio en el protocolo de atención a embarazadas y además carecía de sustento científico. La Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia advirtió dos cosas: una, que el latido fetal no siempre puede escucharse en fases muy iniciales del embarazo, y otra, que la ecografía 4D no puede tener un objetivo recreativo, porque entraña riesgos y se hace para descartar o confirmar malformaciones fetales. Pero es que además está totalmente desaconsejada en los primeros meses del embarazo porque puede dañar al feto. El PP intentó matizar las implicaciones de las medidas que se anunciaron en presencia del portavoz de la Junta y acabó echándose atrás cuando el Gobierno de España envió un requerimiento y una advertencia de retirarle las competencias en Sanidad. Meses después, Vox sigue asegurando que el protocolo “se va a aplicar” mientras el PP lo niega.
Más gasto en cargos, dimisiones y ataques a los sindicatos
La reducción del “gasto superfluo” era otro de los objetivos de Vox, un discurso que se cayó por sí solo cuando se conoció cómo se había disparado el presupuesto de la Junta para altos cargos y cargos 'a dedo' o el gasto de la Vicepresidencia, que no tiene competencias más allá de las representativas, porque García-Gallardo nunca quiso estar al frente de ninguna consejería. Se invierten 1,1 millones de euros para pagar al personal, pero el presupuesto que se invierte es de 112.000 euros.
Con el nuevo Gobierno de coalición PP-Vox, se pasó de 93 a 99 personas en el Ejecutivo y el gasto en asesores ha subido un 33% al cubrirse los 44 puestos donde se coloca a jefes de prensa, exsenadores y familiares de políticos. Con los responsables de prensa no les ha ido demasiado bien: el adscrito a vicepresidencia se fue antes de cumplirse un mes de su nombramiento, la de Cultura fue despedida el pasado mes de octubre por la directora de comunicación que Vox ha puesto para controlar sus consejerías, Montserrat Lluis, y la tercera, de Agricultura, ha dimitido hace unos días. En la Consejería de Industria aún no ha renunciado el responsable de prensa pero sí media docena de altos cargos. El consejero, Mariano Veganzones, se caracteriza por insistir en una supuesta lucha contra los comunistas y contra los sindicatos, un colectivo que sí aparece en la agenda de Vox. En junio del pasado año se anunció el recorte de 20 millones de euros a sindicatos y patronal, rompiéndose así el diálogo social. Los sindicatos ya han denunciado en los tribunales. Los recortes afectan a planes de empleo, a orientación laboral para parados o migrantes o a prevención de riesgos laborales.
El órdago fue más allá al intentar suprimir el Servicio de Relaciones Laborales (Serla) que se encarga de la mediación en conflictos colectivos. También en este caso se produjo un requerimiento del Ministerio de Trabajo que la Consejería “inadmitió” por entender que se remitió fuera de plazo y que además no tenía competencias. Pero lo cierto es que este jueves se ha aprobado en Consejo de Gobierno una subvención de 400.000 euros que mantendrá, aunque sea durante unos meses, el funcionamiento de este servicio.
El concierto que se tuvo que cancelar porque los artistas renunciaron
Pero el culmen de esa caótica gestión se alcanzó hace menos de una semana, cuando el “concierto solidario” por la Sierra de la Culebra que había organizado la Consejería de Cultura, pero que había presentado a bombo y platillo García-Gallardo, tuvo que cancelarse. Los artistas invitados, Markfeel, Naïa, Marlon, Fangoria y Fonsi Nieto, fueron anunciando en un goteo inmisericorde, a uno por día, su renuncia a participar, porque nada era como les habían contado. “Las consejerías de Vox”, como anunció García-Gallardo en julio, habían pensado en una serie de medidas para ayudar a los afectados del incendio de la Sierra de la Culebra, una zona de Zamora donde ardieron más de 60.000 hectáreas en cuestión de días. Una de las medidas era “un concierto benéfico” que se haría en otoño de 2022. El tiempo pasó sin concierto hasta que hace unas semanas se avanzó que habría concierto en Villardeciervos, una pequeña localidad de la sierra. Sin embargo se pasó de “benéfico” a “solidario” y de “ayuda a los afectados” a “reparación moral”. No se iba a recaudar nada porque la entrada era gratuita. A partir de ahí, el grupo zamorano Markfeel se negó a participar argumentando que había cambiado el espíritu de lo que iba a ser ese concierto. Otros añadieron además que se les incluyó en el cartel sin haber cerrado su contratación y después de escuchar unas explicaciones de la Junta que no les convencieron. Así, el pasado jueves, cuando en ese cartel ya sólo quedaba Fonsi Nieto, la Junta tuvo que rendirse a la evidencia y cancelarlo. García-Gallardo, que lo había presentado, no ha hecho una sola declaración al respecto y ha pasado los trastos al consejero de Cultura, Gonzalo Santonja, que en el último pleno de las Cortes llegó a hacer una valoración “muy positiva” del concierto que nunca fue, y además dijo que era una “iniciativa muy noble” y que se había cancelado “por causas ajenas a la Junta”.
Pero ni siquiera después de ese fracaso Vox opta por la prudencia. Hace unos días García-Gallardo animaba a los estudiantes de un colegio privado en Salamanca a cuestionarse si la segunda república “fue democrática” y si el CO2 es un gas peligroso. La escalada de declaraciones polémicas acaba de arrancar. En vísperas de campaña electoral Vox seguirá colocando temas en agenda, otra cosa es que llegue a desarrollarlos.