La proposición de Ley del PP y Vox para garantizar los puestos sanitarios de difícil cobertura en Castilla y León ha avanzado en su tramitación este miércoles con el respaldo de todos los grupos de las Cortes y sólo la abstención del PSOE, aunque la oposición ve muchos flecos pendientes que espera que se resuelvan con enmiendas, mejoras y negociación de cara a su votación final.
El último pleno del 2024 ha tomado en consideración una proposición de ley que presentaron en mayo pasado el PP y Vox cuando aún formaban gobierno en Castilla y León y que han mantenido tras su ruptura en el Ejecutivo autonómico dada la necesidad de buscar un marco legal para atender un problema “difícil de abordar”, en palabras del procurador popular José María Sánchez, que ha tendido la mano en el diálogo y debate que queda por delante.
Como grupo proponente, el procurador del PP ha defendido un texto “serio y ambicioso”, el “más completo de todas las comunidades”, con incentivos más allá de los económicos y medidas extraordinarias que garanticen la continuidad asistencial en Castilla y León con la cobertura estable de esas plazas menos atractivas, en un problema del que ha culpado al Gobierno de Pedro Sánchez y sus sucesivos ministros de Sanidad.
Desde el único grupo que se ha abstenido, el PSOE, el procurador Jesús Puente ha rechazado que sea la propuesta más completa, ya que la que opera en Valencia es un modelo más exitoso, recogido en parte en la propuesta que el PSCyL ha planteado, y ha demandado avanzar en un texto que mejore el marco legal y las medidas para que puedan se aplicadas de forma objetiva, verificable y auditable.
La proposición de ley, que cuenta con el respaldo de la Junta para su toma en consideración, recoge incentivos económicos ya recogidos en el decreto ley de febrero del 2019 de 6.000 euros anuales para los médicos, 1.300 para las enfermeras y 300 para resto de profesionales, y que buena parte de los grupos de la oposición ha criticado que no se hayan actualizado cuando la inflación desde entonces ha subido un 20,4%, ha cuantificado Angel Ceña, desde Soria Ya.
El texto presentado ante el pleno de las Cortes recoge además que los médicos puedan realizar de forma voluntaria guardias en un centro de salud diferentes al suyo, con un complemento salarial que irá desde los 51,7 euros entre semana; 57,6 euros los fines de semana y los 74,1 euros los festivos.
Como medida de conciliación, se plantea que se podrán distribuir la jornada semanal ordinaria del personal que ocupe puestos de difícil cobertura en horario de mañana y tarde para concentrar la jornada semanal en cuatro días, de lunes a viernes, no festivos, respetando los periodos mínimos de descanso diario y semanal.
Desde el otro grupo proponente, Vox, Rebeca Arroyo ha defendido que mantienen la propuesta presentada con el PP por ser “personas de palabra”, aunque ello les haya costado salir del gobierno, y ha explicado que se trata de una ley de incentivación y reconocimiento de los sanitarios con la que no ha dudado que se cubrirán esos puestos, dado que las “prestaciones sanitarias empiezan a verse seriamente comprometidas”, ha advertido.
En el debate han participado dos procuradores que son médicos de profesión, desde el Grupo Mixto el exvicepresidente de la Junta Francisco Igea, quien ha lamentado el decreto inútil del 2019 que no resolvió el problema de esas plazas de difícil cobertura, ha incidido en que se deben incluir medidas de calidad del trabajo, mejores condiciones y más capacidad de resolución y ha recordado que el recorte de plazas en médicos de Familia fue con Rajoy (PP).
Desde Por Ávila, Pedro Pascual, también médico de profesión, ha respaldado como Igea que la ley siga adelante para su debate posterior, al que presentarán enmiendas parciales, y ha observado que hay que abordar la causa de que esos puestos sean poco atractivos, y dar una respuesta multilateral.
También desde el Mixto, Pablo Fernández, de Podemos, ha reconocido que están en contra de muchas cuestiones aunque ha respaldado que se siga con el debate del texto; ha echado de menos fórmulas de conciliación laboral y ha sostenido que la “culpa única” del problema es de la Junta.
En cuanto a Soria Ya, Ceña ha reclamado que toda la provincia sea incluida como zona de difícil cobertura, y ha recordado que han pasado de 526 médicos por 100.000 personas en el 2019 a 462 en el 2022, un 11,4 por ciento menos y con tendencia a la baja.
Los grupos de la oposición han incidido en que aunque es un problema que afecta sobre todo a los centros de salud del medio rural de la comunidad hay hospitales comarcales que también tienen problemas para cubrir algunas especialidades.
Tras la toma en consideración, el proyecto de ley sigue adelante en su tramitación en las Cortes de cara a su votación en el pleno al que llegarán las enmiendas parciales pendientes en ese momento.