El “chiringuito” de Castilla y León que Ciudadanos ya no quiere eliminar: enchufes, opacidad y documentos desaparecidos

La Junta de Castilla y León cuenta con casi dos decenas de entes públicos de derecho privado, es la 'Administración B' del Ejecutivo Autonómico, la fórmula casi mágica para sortear a la intervención. Entre esos entes está el Instituto Tecnológico Agrario (Itacyl), dependiente de la Consejería de Agricultura, uno de los mejores ejemplos, junto a las ya desaparecidas ADEs de Economía de cómo funcionan. De ello dejó constancia un informe de fiscalización Consejo de Cuentas de Castilla y León de 2014 que revisó su actividad de 2011 y reflejó la opacidad con la que se actuaba y el incumplimiento reiterado de, entre otras, la Ley de Contratos de Sector Público. Dudaba además de su función para las encomiendas de gestión de la Consejería de Agricultura, ni siquiera tenía un plan de actuación “ donde se contemplase una información mínima” que permitiese acreditar “si los medios con los que cuenta son más eficaces o idóneos que los utilizados por el órgano encomendante o un tercero” y tampoco se efectuó un seguimiento de sus actuaciones. “No puede determinarse si los encargos realizados se han cumplido eficazmente o se han conseguido en mayor o menor medida que si se hubieran realizado por la propia Consejería”, concluía.

Para el actual vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, el Itacyl era uno de los muchos “chiringuitos” de la Junta de Castilla y León que había que eliminar. Eso pensaba durante la campaña electoral. Un año después observa impasible como una exdiputada que perdió su escaño en las elecciones del 10N, Soraya Mayo, ha aterrizado en él con un contrato de alta dirección, a dedo, y dotado de un sueldo de 60.000 euros anuales. Mayo, periodista de profesión, será subdirectora de Investigación y Tecnología, un área fundamentalmente técnica y científica en la que no tiene experiencia. Que Igea mantenga su idea de extinguir el instituto es dudoso.

Durante unos años, el Itacyl formó parte del reino de Silvia Clemente, exconsejera de Agricultura y expresidenta de las Cortes de Castilla y León a quien Igea disputó y ganó las primarias para encabezar la lista de Ciudadanos a la Junta. Fue Clemente quien quiso impulsar años después de su creación (2002) a un ente que apenas daba juego. La marca Tierra de Sabor, creada en 2009 para dotar de un marchamo de calidad a empresas alimentarias de la Comunidad que cumpliesen los estándares que marcaba la Junta, fue una de las coartadas del Itacyl para repartir publicidad a chorros pero con los medios que se elegían 'a dedo'.

De cómo funcionaba el Itacyl entonces da pistas el mencionado informe del Consejo de Cuentas: “cumple razonablemente con la legalidad, excepto por dos salvedades: la contratación de servicios de publicidad utilizando indebidamente la fórmula del patrocinio publicitario, lo que le permite su adjudicación mediante procedimiento negociado sin publicidad por exclusividad, incumpliendo los principios de publicidad y libre acceso a la licitación; y el fraccionamiento del objeto de los contratos que conlleva la tramitación como procedimiento simplificado de expedientes que no lo son, incumpliendo los principios de publicidad, transparencia y concurrencia establecidos normativamente”.

Pero ni lo que ocurría con la publicidad, el fraccionamiento de contratos o que fuese un territorio ocupado por funcionarios y personal de confianza de Clemente llegaron a reventar la burbuja. Clemente dejó de ser consejera de Agricultura para ser presidenta de las Cortes. Cuatro años después Agricultura retiró una subvención de 598.000 euros a su marido, empresario patatero que además forma parte de los agraciados de la marca Tierra de Sabor. La Consejería entendió que intentaba cobrar dos veces, a través de dos ayudadas distintas, por un mismo proyecto. El empresario recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia, que requirió documentación al Itacyl. Días después, el director denunciaba en Fiscalía la desaparición de los expedientes de esas subvenciones. Mientras se ponía en marcha la investigación, el TSJ falló a favor de Agricultura, pero además detectó que el marido de Clemente presentó un documento manipulado. La primera causa se archivó porque la Policía fue incapaz de determinar quién y cómo hizo desaparecer archivos informáticos y en papel. De la investigación del documento falsificado no hay demasiados datos y hasta hace poco tampoco imputados.

No sólo la concesión de ayudas está bajo sospecha. En la investigación realizada por eldiario.es sobre la casa del marido de Silvia Clemente, con obras de mejora de más de un millón de euros de origen desconocido, se descubrió que el contratista de esas obras recibió contratos del Itacyl fundamentalmente , y también desde Agricultura, de cerca de 400.000 euros y todo antes, durante y después de la ejecución de esos trabajos. Los contratos en algunos casos se fraccionaron y en otros se encadenaron. Ni el Itacyl ni Agricultura dieron explicaciones cuando se publicó esta información, si bien matizaron que lo que ocurrió en la etapa Clemente no se repitió en la de su sucesora, Milagros Marcos.