Feijóo, citado como representante legal del PP por el retraso en el congreso provincial de su partido en Salamanca

Alberto Núñez Feijóo tendrá que acudir el 20 de enero a los juzgados de Salamanca por una demanda de vulneración de derechos fundamentales de 13 afiliados del Partido Popular. La jueza encargada del caso, según la información publicada por La Ser, ha estimado la solicitud de los denunciantes y ha llamado al líder 'popular' —en calidad de máximo representante legal del partido— para responder a por qué el PP no ha convocado un congreso provincial para elegir candidatos en casi dos años . Asimismo, los demandantes habrían solicitado realizar, debido a la proximidad de las elecciones municipales, un congreso extraordinario.

La base de este caso es dirimir si el Congreso Provincial del PP de Salamanca puede seguir sin convocarse sin que nadie se explique los motivos al entenderse que se está infringiendo el derecho fundamental de asociación que el Partido Popular habría vulnerado.

Los propios estatutos del PP señalan que cada cuatro años se debe realizar un congreso, que en el caso de Salamanca se superó a finales de mayo de 2021. Según lo publicado por este diario, desde el partido aseguraban que todavía no había una fecha prevista.

Estos 13 demandantes afiliados, que han conseguido que Feijóo tenga que justificar la demora, se suman a otra denunciante, también afiliada, que exponía que “múltiples afiliados” al Partido Popular de Salamanca habían requerido por escrito al Comité Nacional de Garantías la celebración de la asamblea.

Génova derivó el caso al Comité Autonómico de Derechos y Garantías de Castilla y León, donde se dio la siguiente respuesta: “Le informamos que acaba de recibirse del Comité Nacional de Derechos y Garantías, en este Comité Autonómico, la carta que en su día envió usted, firmada también por los afiliados, con relación a la celebración del congreso provincial de Partido Popular de Salamanca. A este respecto, le indico que, una vez se ha tenido conocimiento de la misma, se comenzarán las actuaciones que procedan mediante la realización de la información oportuna”.

Tras esta misiva de respuesta, en la que “las actuaciones que procedan” no se han traducido en nada, los afiliados se volvieron a quejar en julio de 2022 ante el presidente del Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular, José Antonio Monago. La falta de voluntad ha propiciado la demanda, según la denunciante original, al ver el “flagrante incumplimiento” de los estatutos por los que se rige así como de la propia Ley Orgánica de Partidos Políticos y por ende la infracción del derecho fundamental que invoca.

Esta no es la primera vez en la que el PP se 'hace el remolón' para convocar una asamblea, como recuerda la querellada. En 2016 un afiliado del PP interpuso una demanda por el mismo motivo cuando el Congreso Nacional del PP que debía celebrarse en febrero de 2015 se retrasó. El Supremo falló a su favor declarando “que la no convocatoria del congreso nacional del Partido Popular que debió celebrarse en febrero de 2015” vulneró su derecho de asociación en su vertiente de derecho de participación democrática en el partido y condenó al Partido Popular al pago de las costas de primera instancia. 

Los “graves incumplimientos de sus propios Estatutos” también se dejan ver dentro de la organización interna. La demandante aseguraba que el citado texto rector fija que el Comité Ejecutivo se debe reunir por lo menos una vez, algo que en 2020 solo se produjo una vez, en 2021 dos y fueron juntas directivas extraordinarias y en 2022 solo hubo un encuentro de carácter extraordinario.

En Salamanca, el escenario del PP es intrincado. Además del proceso por el retraso Congreso provincial, los 'populares' charros tienen un proceso legal abierto contra el presidente provincial hasta diciembre, Javier Iglesias, por una presunta financiación ilegal en el caso primarias del PP de Castilla y León -en el que se juzga una presunta financiación ilegal del PP de Salamanca en 2017. Precisamente, Iglesias es una de las piezas clave en ambos procedimientos, ya que el también presidente de la Diputación, hasta su dimisión el 2 de diciembre ejercía su cargo dentro del partido con el mandato caducado y, como se ha podido ver, sin viso de que pasase por el proceso de democracia interno.

Tras la dimisión de Iglesias, una gestora, presidida por el alcalde de la capital, Carlos García Carbayo, ha tomado las riendas del partido de cara a los comicios de mayo de 2023. El secretario general del PP en Castilla y León, Francisco Vázquez, apuntaba en el mes de septiembre que la cuestión orgánica no iba a “interferir a la cuestión electoral” y en Salamanca se iban a elegir los candidatos “como en cualquiera otra provincia”. El dirigente autonómico dejó claro que será un comité electoral, aunque fuentes consultadas por este periódico aseguraron que “en el PP de Salamanca no saben decir si detrás de esas listas está Iglesias y si estas tendrían validez”.

Caso primarias

Iglesias está en el meollo de la situación actual del PP de Salamanca. El expresidente se encuentra como investigado como cabecilla de una supuesta financiación ilegal del partido en 2017 por estar al frente de una campaña de pago de cuotas a afiliados morosos para que estos votasen a favor de Alfonso Fernández Mañueco para convertirse en presidente del PP de Castilla y León y, por ende, candidato a la Junta.

Entre la semana del 10 al 17 de marzo de 2017, se ingresaron más de 60.000 euros para pagar cuotas. El dinero, según el relato oficial, provino de “donaciones altruistas de altos cargos del partido”; que, por no saber, según reconocieron ante el juez, no saben ni a quién entregaron el dinero ni qué deudas con la organización estaban pagando.

En aquellas primarias se inscribieron para votar 1.400 militantes; votaron 1.200, y de ellos, 800 eran morosos que regularizaron sus cuotas en el último momento. La operación fue un éxito. La mecánica para recaudar 61.937,65 euros, o como lo denominó el propio Javier Iglesias cuando declaró en calidad de testigo, “la maquinaria ingente”, consistió en que cargos del Partido Popular a nivel provincial, autonómico y nacional, entregasen cantidades que oscilaron entre los 300 y los mil euros por cabeza. La decisión tampoco tiene un responsable: surgió “de manera espontánea” al conocer que el PP celebraría unas primarias por primera vez y que uno de los candidatos a presidir el partido en la región era el salmantino Fernández Mañueco.

Tal y como publicó en exclusiva elDiario.es el pasado mes de febrero, entre esos donantes altruistas estaba el propio Mañueco, que presentó un documento en el juzgado en el que reconocía haber aportado 1.000 euros “en metálico”.