Representantes de los funcionarios de la administración autonómica, concentrados en Valladolid, han exigido a la Junta de Castilla y León una condena expresa contra los “ataques vandálicos” perpetrados la pasada semana en Salamanca por un grupo de ganaderos, y que se persone como acusación particular.
Esta última petición sería en el caso de que las investigaciones judiciales en curso señalaran algún acusado entre la decena de manifestantes que el pasado 5 de junio en Salamanca, durante el curso de una protesta autorizada contra las restricciones sobre el movimiento de ganado debido a la tuberculosis bovina, penetraron sin permiso y a la fuerza en la sede de la Delegación Territorial.
La invasión, con cayadas y otro tipo de pertrechos arrojadizos, culminó con la detención de un manifestante y doce heridos de diversa consideración, entre ellos once policías, durante una protesta contra la labor de los veterinarios responsables del saneamiento ganadero en la provincia de Salamanca.
Defensa de empleados públicos
Este “ataque contra los empleados públicos” y la consiguiente “pasividad” de la administración autonómica, ha motivado la celebración este mediodía en Valladolid de una protesta de funcionarios delante de la sede de la Delegación Territorial, con la participación de medio centenar de trabajadores.
“Exigimos a la Junta de Castilla y León que condene por escrito, y ante los medios de comunicación, cualquier atentado, violencia o intimidación a empleados públicos (veterinarios) en el cumplimiento de su trabajo”, señala el comunicado que ha leído Inés Sanz, presidenta de la Junta de Personal de los Servicios Periféricos de Valladolid.
Acusación particular
Además de la personación de la Junta como acusación particular en caso de sustanciarse alguna responsabilidad judicial, han pedido “que determinados partidos políticos dejen de utilizar a las empeladas y empleados públicos para sus tejemanejes electorales”, en velada alusión a Vox, formación que gestiona la consejería de Agricultura y Ganadería con Gerardo Dueñas como máximo responsable.
Los manifestantes han defendido la labor de los veterinarios al advertir a la administración autonómica que el cambio de normativa efectuado en Castilla y León, para flexibilizar las medidas restrictivas sobre el movimiento de ganado, “era contrario a normas de rango superior, lesivo para la economía del sector y potencialmente peligroso para la salud pública”.
“No pueden ir en contra del mundo porque el mercado te va a poner en su sitio, te pueden cerrar las fronteras y entonces, ¿quién pagarían todo ese perjuicio?”, ha declarado a los periodistas Inés Sanz antes de denunciar “presiones de grupos externos y de administraciones” contra el trabajo de los veterinarios.
Tuberculosis bovina
Ha replicado a los ganaderos, en ente punto, que no existe un término medio en la afección de la tuberculosis bovina, que el término de 'vaca sospechosa' y no confirmada, utilizada en sus argumentaciones por los ganaderos, es incorrecta: o está infectada o no, ha resumido.
La detección se realiza a través de una inyección (prueba de dermo-reacción) consistente en la infiltración al animal de la bacteria de la tuberculosis (tuberculina).
“Si reacciona a través de un engrosamiento en la piel, de distinta intensidad en función del grado de afección en una escala de cero a dos, el animal está o ha estado en contacto con el bacilo de la tuberculosis bovina”, ha explicado.
Los manifestantes han portado pancartas en defensa de sus compañeros rotuladas con diversos mensajes: “Los funcionarios no tenemos la culpa”, “Apoyo a los compañer@s veterinarios de Salamanca”, “Lo público se defiende y a los emplead@s públic@s también” y “Si nos saltamos la ciencia y el rigor, sólo queda la involución”.