El procurador Francisco Igea ha registrado un conjunto de preguntas parlamentarias para conocer por qué, 50 días después de su solicitud, aún no se ha convocado la Comisión de Ética Pública, que depende de la Consejería de la Presidencia, para evaluar las declaraciones del vicepresidente, Juan García-Gallardo, sobre los inmigrantes.
En este sentido, el procurador se pregunta “si Presidencia está protegiendo a Gallardo al no convocar el órgano competente”. La Comisión de Ética Pública tiene, entre otras funciones, la de incoar y resolver los procedimientos sancionadores por posibles infracciones cometidos por los altos cargos y resolver las consultas que se plantean sobre la aplicación del Código Ético, ha recordado.
Con fecha 30 de noviembre de 2023, se solicitó a dicha Comisión el pronunciamiento sobre el posible incumplimiento del Código Ético por parte del vicepresidente de la Junta de Castilla y León en relación a lo sucedido en el balneario Las Salinas de Medina del Campo (Valladolid). Posteriormente, con fecha 8 de enero de 2024 se añadió a esa consulta la solicitud de incluir las declaraciones públicas del vicepresidente del ejecutivo autonómico en las que arremetía contra el Fiscal Superior del TSJCyL, calificándole “delegado del PSOE golpista en la Fiscalía” y acusándole de excederse en sus funciones.
Igea ha solicitado conocer los motivos por los que no se ha convocado y qué periodicidad se establece para las reuniones. Asimismo, si las declaraciones públicas del vicepresidente son compatibles con lo previsto en el artículo 6, apartado 2, que obliga a los altos cargos, tanto en actos publicados como privados, a evitar conductas o actitudes que puedan dañar la imagen de la institución.