Igea desmiente al exconsejero de Políticas Sociales de Madrid y asegura que los gobiernos autonómicos no tenían las competencias de las residencias

El vicepresidente, consejero y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha desmentido este jueves las afirmaciones que hizo su compañero de partido y exconsejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero. En una entrevista en elDiario.es, Reyero asegura que el entonces vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, no tuvo la competencia de las residencias durante la primera ola de la pandemia, algo que el PP ha repetido incesantemente. “Ese es otro gran bulo. Las competencias sobre las residencias están en las comunidades autónomas, eso es algo que es obvio y no hubo ningún cambio. Incluso el portavoz del PP [Alfonso Serrano] en el debate del Estado de la región vino a reconocer que era verdad que no había ningún BOE que dijera eso, que es donde debía estar establecido, pero que [Iglesias] lo había dicho en la Sexta, que asumía las competencias. Es sacar las cosas de quicio. Es verdad que Pablo Iglesias salió diciendo que él se hacía cargo de todo, con ese estilo peculiar de Pablo Iglesias, pero eso no significaba que él fuera responsable. Pero aquí no podemos derivar responsabilidades a otros y la competencia sobre la cuestión estaba en la Comunidad de Madrid”, afirmó. 

“No creo que el señor Reyero afirme tal cosa porque es que las competencias normativamente, no es una cuestión de opinión. Yo puedo opinar muchas cosas, pero la norma es la norma, y cuando hay un estado de alarma, hay un mando central que tiene toda la autoridad. Y la opinión del señor Reyero, al cual respeto mucho, es la opinión del señor Reyero, pero esa afirmación es contraria a la realidad y no se sujeta”, ha argumentado Igea.

El Gobierno de Castilla y León, formado por un pacto entre PP y Ciudadanos, ha mantenido, especialmente en los últimos meses, cuando se ha podido sacar adelante una comisión de investigación sobre lo ocurrido en las residencias de la Comunidad, que son el exministro de Sanidad y el exvicepresidente, Pablo Iglesias quienes tienen que dar explicaciones por las más de 4.000 muertes en las residencias.

“En el estado de alarma somos autoridades delegadas”

Igea no sólo ha negado a Reyero, también el hecho de que en el BOE nunca apareció la asunción de competencias por parte de los ministerios. “Lo que dice el BOE, en el estado de alarma, lo dice claramente. No tiene discusión. En el estado de alarma lo más que somos es autoridades delegadas, o sea que eso no tiene discusión posible, es la norma, es la ley, sobre la ley no se discute, no se opina”, ha insistido.

Pero lo que ha dicho Igea poco tiene que ver con el real decreto ley del 14 de marzo que introdujo el estado de alarma en España y que estableció para todo el Estado cuatro autoridades competentes delegadas en sus respectivos ámbitos de actuación: la ministra de Defensa, el de Interior, el de Transportes y el de Sanidad. Salvador Illa, además, sería autoridad que coordinaría las materias ajenas a estos cuatro departamentos. Con ello, el Gobierno se dotaba de un paraguas normativo para dar órdenes de obligado cumplimiento a todas las personas e instituciones del país y podían adoptarse de oficio o mediante solicitud motivada de las autoridades autonómicas y locales competentes. Los servicios sociales nunca se transfirieron al Gobierno central. Las administraciones autonómicas conservaron “las competencias que le otorga la legislación vigente en la gestión ordinaria de sus servicios” Así lo establecían los artículos 4 y 6 del real decreto del 14 de marzo.

Protocolos “inexistentes” y una “sentencia firme” que es tan sólo un decreto de archivo

Tampoco asume Igea los protocolos redactados y firmados por las consejerías de Familia y Sanidad en los que se establecía que no se derivarían ancianos a los hospitales. Para Igea son “inexistentes” aunque elDiario.es los publicase en su integridad y resaltando frases como la que indicaba que se atendería a los residentes “sin necesidad de movilizarlos ni derivarlos al Hospital”, destacada en negrita. El procedimiento incluso iba acompañado de la ratificación de la Comisión de Bioética de Castilla y León (dependiente de la Consejería de Sanidad), que precisaba a su vez que  “los equipos asistenciales correspondientes” deben atender a los enfermos de COVID-19 de las residencias “in situ”, “sin trasladarlos a los hospitales (salvo casos muy justificados de gran excepcionalidad, que tuvieran altas posibilidades de recuperación, conforme a los criterios de prioridad establecidos. En estos casos excepcionales de traslado, se contará con la autorización previa expresa del servicio de Urgencias del Hospital de referencia)”. Los ancianos que “excepcionalmente” tuviesen la posibilidad de ser atendidos en un hospital debían superar varios filtros, algo que no ocurrió con la población general.

Pero según Igea, los protocolos ni prohibían llevarlos al hospital y además “hay una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia”. Tampoco es cierto. La denuncia que llegó a la Fiscalía de Castilla y León fue archivada mediante un decreto, sin más. Nunca llegó a judicializarse. En el decreto, de junio de 2020, la Fiscalía rechaza la denuncia de la asociación El Defensor del Paciente, al entender que la Junta “recomendaba” no trasladar a los ancianos pero a la vez los trataba médicamente en las residencias mediante un equipo “multidisciplinar”. Esta atención quedó desmentida meses después, cuando elDiario.es publicó un correo interno de un mando intermedio de Sanidad intentando reclutar médicos residentes para que acudiesen a residencias que a mediados de abril no se habían visitado y tenían muchos infectados sin tratamiento. También rechazaba la Fiscalía investigar delitos de prevaricación o delitos de omisión del deber de socorro porque estos, de haberse producido tenían que achacarse a un funcionario público, y ello no se hacía en la denuncia.

Visiblemente molesto, Igea ha finalizado citando mal al ministro nazi de propaganda Joseph Goebbels, a quien ha atribuido la frase de que “una mentira no se convierte en verdad por repetirla 100 veces”. Lo que Goebbels decía era que “una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad”. La comisión de investigación de las residencias, ya en marcha, intentará aclarar cómo se atendió a los ancianos, por qué murieron tantos en las residencias sin llegar a pisar un hospital y por qué se pusieron en marcha unos protocolos que bloqueaban el acceso a la asistencia hospitalaria.